Consignas y equipo antimotines marcaron la jornada, en medio de la disputa por el uso del espacio público en el Centro Histórico de Morelia
Dalia Villegas Moreno
De un lado están los escudos, cascos, protecciones corporales y bastones policiales. Del otro, mantas verdes y rojas, consignas y manifestantes, algunos con palos de madera en las manos. Apenas unos metros separan al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de los elementos de la Guardia Civil y Policía Morelia.
La tensión se mide en esa distancia.
En las inmediaciones de calzada La Huerta, a una cuadra del Poder Judicial, las dos partes quedaron frente a frente este domingo. Los policías formaron una barrera. Los manifestantes sostuvieron sus mantas y lanzaron consignas. Hubo momentos en que unos y otros quedaron muy cerca, pero hasta el cierre de esta crónica no se había registrado choque ni personas heridas.
El despliegue policial es visible. Hay uniformados con equipo antimotines, escudos, cascos, protecciones y macanas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Morelia había informado previamente que Policía Morelia desplegó 150 elementos y aseguró que no existe instrucción de reprimir.
También confirmó que elementos de la Guardia Civil portan gas disuasivo, como parte de su equipamiento.
La imagen de este domingo es el punto más tenso de una disputa que comenzó días atrás.
Desde el primero de octubre, autoridades estatales y municipales mantienen un operativo para impedir que el FNLS instale su plantón y comercio en la Plaza Melchor Ocampo, en el Centro Histórico de Morelia.
El ayuntamiento sostiene que no permitirá la ocupación del espacio para comercio en vía pública. El Frente responde que reducir su presencia a la venta de mercancías distorsiona el sentido de una Jornada Nacional de Lucha que, afirma, tiene contenido político, cultural y de reivindicación indígena.
Este domingo lo dijeron ante los propios policías.
“La protesta y libre manifestación es un derecho inalienable del pueblo. Los espacios públicos también”, leyeron en su posicionamiento.
La organización asegura que su jornada contempla bailes y danzas populares y tradicionales de comunidades indígenas, rescate de deportes y danzas ancestrales, talleres para niños, jóvenes y adultos, presentaciones de libros, ponencias, mesas de debate, películas, documentales, materiales educativos y exposición de artesanías y arte popular, todo de libre acceso.
Pero detrás de las actividades culturales hay también una agenda política.
El FNLS exige libertad para presos políticos, cese a la persecución política, presentación con vida de detenidos desaparecidos, alto a lo que considera una política de criminalización, hostigamiento y represión contra quienes se organizan y protestan, además de atención a demandas que asegura permanecen sin solución desde hace años.
Su señalamiento tiene destinatarios directos: el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar.
“El presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar y el gobierno del Estado encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla mienten descaradamente al tratar de reducir nuestra presencia en el Centro Histórico de Morelia a un mero acto de comercio”, acusaron.
El Frente sostiene además que detrás del operativo existe una política diferenciada sobre quién puede ocupar y disfrutar la ciudad. Contrapone el abandono que denuncia en colonias populares de la periferia con la atención que, asegura, reciben el Centro Histórico y Altozano.
Su posicionamiento endurece todavía más el lenguaje: habla de racismo, segregación, criminalización y una concepción “neocolonial y proempresarial”. Incluso utiliza el término fascismo para definir la política que atribuye a las autoridades municipales y estatales.
“Lo que el presidente municipal está implementando con respaldo del gobierno de Bedolla se llama fascismo”, sostuvo la organización.
Es la acusación del FNLS. En la calle, mientras tanto, el conflicto político adquiere una dimensión mucho más concreta: una línea de policías y otra de manifestantes separadas por unos cuantos metros.
El Frente también reivindica el carácter indígena de su protesta. “Los espacios públicos y el Centro Histórico de Morelia son del pueblo, no de una élite político empresarial”, sostuvo al defender su derecho a utilizar el primer cuadro de la capital.
La movilización tampoco se limita a Michoacán. A la jornada se sumaron integrantes provenientes de las Huastecas de Veracruz e Hidalgo, así como de Ciudad de México.
Representantes de esas regiones compararon lo que ocurre en Michoacán con acciones de los gobiernos de Veracruz e Hidalgo y denunciaron el encarcelamiento de Eugenio Bustos Navarro. También señalaron el caso de Gregorio de la Cruz de la Cruz, comisariado ejidal del municipio de Huautla, Hidalgo, a quien identificaron como víctima de tortura y ejecución extrajudicial, y acusaron que la Fiscalía de Veracruz no ha permitido a sus familiares conocer la verdad de los hechos.
Mientras se leen denuncias de presos, desaparecidos, persecución política y comunidades indígenas, en calzada La Huerta la escena permanece inmóvil por momentos.
Los policías sostienen los escudos. Los manifestantes levantan mantas y banderas. Las consignas rompen la espera. El FNLS advierte que no piensa retroceder.
“No daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos humanos y constitucionales”, señaló en su posicionamiento.
Y ahí está el núcleo de la jornada: una autoridad decidida a impedir que la organización se instale en el Centro Histórico y un Frente que considera precisamente esa prohibición una expresión de aquello que denuncia.
Por ahora, ambos permanecen frente a frente.
Unos con escudos, cascos, macanas y equipo antimotines. Otros con mantas, banderas, consignas y algunos palos de madera.
Hasta el cierre de edición de esta nota informativa, la tensión no había escalado a un enfrentamiento y no se reportaban personas heridas.
El dispositivo policial permanece equipado con cascos, escudos, protecciones corporales, macanas y lanzadores para municiones menos letales o agentes químicos, además de los agentes químicos cuya portación por la Guardia Civil fue confirmada por la autoridad municipal.
En el lugar tampoco se observa presencia de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, pese a la tensión entre policías y manifestantes.