América Latina concentró el 85% de los asesinatos de personas defensoras del territorio, documentados en 2025
Leonor Solís
Ecodepresión
De los 124 asesinatos de personas defensoras del territorio y el ambiente que Global Witness documentó en el mundo durante 2025, 105 ocurrieron en América Latina. La región concentra la mayor parte de estos crímenes desde hace más de una década. La persistencia importa tanto como la cifra: año tras año, defender un bosque, una fuente de agua o el derecho a permanecer en la tierra expone a comunidades enteras a una violencia que los Estados no han conseguido detener.
El informe de 2026, titulado Poder colectivo, coloca a Colombia al frente del registro por cuarto año consecutivo, con 39 asesinatos. Brasil tuvo 26, frente a los 12 del año anterior. Juntos reunieron el 52 % de los casos mundiales. Honduras registró 12; México, diez; Guatemala, ocho; Perú, cuatro, y Ecuador y Nicaragua, tres cada uno. Son hechos verificados, un mínimo que depende también de las posibilidades de denunciar e investigar.
Las disputas por la tierra estuvieron vinculadas con 84 de los asesinatos mundiales. Entre las víctimas había 47 personas campesinas, 44 indígenas y tres afrodescendientes: más de tres cuartas partes del total. La distribución revela sobre quiénes recae el peligro cuando se enfrentan reclamaciones territoriales, intereses extractivos y economías criminales. En Brasil, buena parte de los ataques se relacionó con demandas de reconocimiento de tierras ancestrales y de reforma agraria.
El crimen organizado agrava ese escenario. En Colombia, el informe identificó presuntos vínculos con grupos delictivos en 17 asesinatos y con sicarios en otros cinco. La minería ilegal y el narcotráfico disputan territorios, deterioran bosques y ríos y amenazan a quienes denuncian sus actividades. La inseguridad sobre la propiedad de la tierra y la impunidad permiten que esas presiones se prolonguen.
Aunque los asesinatos registrados disminuyeron frente a 2024, Global Witness advierte que sería precipitado interpretar el descenso como una mejora. Documentar resulta difícil donde las organizaciones sufren represalias o las comunidades temen denunciar. Además, las agresiones adoptan otras formas: amenazas, vigilancia, procesos penales y campañas de desprestigio. En México, el informe recoge 107 casos de criminalización registrados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, junto con cientos de hechos de estigmatización, intimidación y difamación.
Las campañas digitales que presentan a las personas defensoras como obstáculos al desarrollo también erosionan sus posibilidades de ser escuchadas. Desacreditar una denuncia debilita el respaldo público que podría recibir una comunidad. La violencia alcanza así la conversación sobre el territorio: quién puede hablar, a quién se cree y cuánto cuesta contradecir a quienes buscan controlarlo.
En Michoacán, las desapariciones del profesor José Gabriel Pelayo, defensor del territorio en Chinicuila, y José Luis Silva Andrade, de Agua Fría, en Los Azufres, acercan ese panorama a nuestra vida cotidiana. Desaparecidos en marzo de 2024 y julio de 2026, respectivamente, sus casos quedan fuera del conteo de asesinatos de 2025. Sus familias siguen buscándolos. La incertidumbre alcanza a las comunidades que compartían con ellos la defensa del bosque y de la tierra.
El informe también documenta respuestas construidas desde los propios territorios. En la Amazonía peruana, las comunidades kakataibo organizan patrullajes, monitoreo y decisiones colectivas frente a invasiones y actividades ilegales. Cuidar el territorio forma parte de los conocimientos y responsabilidades que se transmiten entre generaciones.
La coordinación cruza también las fronteras. Los días 27 y 28 de mayo, 40 personas defensoras de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú se reunieron en Lima para compartir experiencias e impulsar una red regional de apoyo y protección. Fue una iniciativa de representantes comunitarios y organizaciones, anterior a la publicación del nuevo informe. Allí reconocieron problemas comunes y exploraron cómo acompañarse.
Durante el encuentro, recogido por Mongabay LATAM, Marcela González, lideresa de Puno, aledaño al lago Titicaca, habló del daño que la contaminación provoca en la alimentación, la salud y la vida de su comunidad. Al expresar el dolor que le causaba hablar de ello, una compañera chilena la abrazó. Quienes defienden sus territorios también necesitan un espacio para compartir lo que están viviendo.
Resulta desolador que cuidar un bosque, un río o la tierra donde se vive pueda costar la vida. Ningún interés económico justifica asesinar a quienes sostienen vínculos vitales entre una comunidad y su territorio. Con cada persona asesinada se pierden líderes comunitarios, conocimientos, afectos y años de trabajo compartido. Investigar las agresiones y proteger a las comunidades sigue siendo una obligación de los Estados.
Frente a esa violencia, construir redes de apoyo es una posibilidad concreta al alcance de las comunidades. Requiere tiempo, confianza y recursos; exige escuchar a quienes, como Marcela, defienden sus comunidades, y acompañar a las familias que en Michoacán siguen buscando a José Luis, a José Gabriel y a otras personas desaparecidas. Sostener esos vínculos también forma parte de la protección.
