Con su vida en riesgo, trabajadoras enfrentan agresiones físicas, sexuales y laborales en el Sindicato, ante la omisión de la institución y la FGE para actuar
Patricia Monreal
Una cadena de sucesos de violencia que han ido escalando de lo sexual y lo laboral hasta agresiones directas contra mujeres trabajadoras, es el que se ha venido registrando en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI), en donde las víctimas hoy día temen por su vida.
Casos de violencia sexual y laboral han sido denunciados a las autoridades del plantel y ante la Fiscalía General del Estado, en donde la respuesta ha sido la impunidad y la omisión, dejando que la problemática persista y represente un riesgo para la integridad de las trabajadoras de la Institución.
Entre los casos se encuentran los relacionados con el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán (SUTICATMI), y en particular con su dirigente Felipe Arturo Gasca Vázquez, quien es señalado de manera directa por parte de víctimas de las que, por razones de seguridad en este reportaje se reservan sus nombres.
Lo que comenzó con diferencias por irregularidades en la vida sindical terminó, en una cadena de hechos que configuran violencia feminicida contra las afectadas, al transitar de las agresiones, intimidaciones, acoso sexual, descalificaciones y represalias, hasta una situación de riesgo permanente para su integridad.
El artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias define como violencia feminicida, la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Las víctimas consideran que la impunidad con la que ha venido operando Felipe Arturo Gasca Vázquez, obedece a la protección que tiene de Javier Maldonado Torres, quien encabeza la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), y es diputado federal suplente –actualmente en funciones- del dirigente estatal del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar.
Irregularidades
La situación de violencia que viven las trabajadoras, se gesta con las irregularidades que han atestiguado al interior del SUTICATMI, relacionadas con el manejo de los recursos sindicales, la falta de información a los agremiados y decisiones tomadas al margen de las instancias internas.
Uno de los primeros indicios que refieren, se relaciona con la desaparición de los préstamos que anteriormente se otorgaban a los trabajadores. Explican que existía un fondo con el que se concedían alrededor de cinco préstamos, pero durante la administración de Felipe Arturo Gasca Vázquez dejó de haber dinero para esos apoyos, mientras comenzaron a realizarse compras superfluas o incluso financiar viajes y convivios que no tenían relación con las necesidades sindicales.
También aluden al manejo irregular de comprobantes y facturas, la alteración de gastos, la dispersión anómala de los recursos, y el uso de cuotas sindicales para fines distintos a los que deben ser utilizados.
La falta de atención a los sindicalizados también forma parte de las prácticas atestiguadas, en donde podían pasar meses sin que éstos recibieran respuesta a sus mensajes, mientras se acumulaban asuntos laborales, en tanto el secretario general se ausentaba o no atendía oportunamente las solicitudes.
La gravedad alcanzó uno de sus puntos críticos con la pérdida de la titularidad del contrato colectivo, cuando en diciembre de 2023 todavía existían posibilidades de defenderlo, sin embargo, debido a una omisión en la que habría incurrido la dirigencia sindical, se perdió una jornada clave para mantener la titularidad.
A estas irregularidades suman decisiones tomadas sin consultar a la base, eludiendo rendir cuentas sobre el destino del Fondo del que anteriormente se proveían los préstamos a los sindicalizados.
El deterioro de la vida interna del sindicato, terminó acompañado por el desplazamiento de integrantes del comité, cuestionamientos sobre el uso de recursos y decisiones adoptadas sin transparencia.
La violencia
Olivia –de quien se omite el nombre real para proteger su identidad– intentó mantener una relación estrictamente laboral con Felipe Arturo Gasca Vázquez, a quien inicialmente consideraba un compañero respetuoso, serio y educado. Sin embargo, esa percepción comenzó a cambiar luego que él arribó a la dirigencia sindical conforme y empezó a buscar acercamientos que rebasaban el ámbito profesional.
Primero fueron roces y abrazos incómodos que Olivia quiso explicarse pensando que eran “accidentes”, pero sus alertas comenzaron a encenderse cuando otros compañeros le preguntaban si Felipe pretendía algo más con ella. Ella lo negaba porque, hasta entonces, él no había expresado abiertamente ninguna intención y prefería pensar que estaba interpretando de manera equivocada aquellas situaciones.
No pasó mucho tiempo antes de que advirtiera lo que ocurríam, Felipe procuraba que permaneciera en la oficina después de la jornada laboral, particularmente cuando los demás ya se habían retirado, por lo que empezó a pedir que alguien más estuviera presente y evitaba quedarse a solas con él.
En una ocasión, mientras revisaban asuntos laborales, Felipe se colocó detrás de ella, la abrazó y, pese a que Olivia tomó distancia y le pidió que la respetara, volvió a hacerlo para tocarla sin su consentimiento.
“Cuando yo me levanto y tomo mi distancia, él me abraza e insiste otra vez, obviamente no me dejé, pero sí me alcanzó a toquetear”, relata Olivia, quien reaccionó de inmediato, lo apartó y le pidió que respetara los límites profesionales. Él respondió con enojo, la insultó y la calificó como “putita”.
El episodio la dejó profundamente afectada y, a partir de entonces, modificó su manera de relacionarse con él. Procuraba no entrar a su oficina, buscaba estar acompañada y comenzó a enviarle por mensajes los asuntos laborales para reducir al mínimo el contacto directo.
Pese al rechazo, Felipe no desistió. En otra ocasión, mientras Olivia ponía orden en el baño de las oficinas, él entró cuando ella estaba agachada recogiendo la basura e intentó abrazarla por detrás y pegar su cuerpo al de ella. En otro momento, mientras se encontraban en un restaurante para tratar asuntos relacionados con el sindicato, buscó tomarle la mano y seducirla, pero nuevamente encontró su rechazo.
La situación comenzó a repercutir en su trabajo. Los asuntos que atendía empezaron a ser bloqueados y dejó de recibir pagos que anteriormente obtenía por las funciones que desempeñaba dentro de la organización sindical. Posteriormente, fue separada, junto con otros integrantes del Comité, de su cargo, pese a que no se presentaron pruebas de que hubiera faltado o incumplido con sus responsabilidades y sin darle oportunidad de defenderse.
Olivia presentó una demanda laboral y posteriormente obtuvo una resolución favorable que ordenaba su reinstalación y el pago de las cantidades que se le adeudaban. Sin embargo, relata que la reincorporación efectiva no se concretó como esperaba y que el conflicto laboral se prolongó.
La violencia también tuvo consecuencias emocionales. Olivia reconoce que comenzó a cuestionar incluso su forma de vestir: prendas que antes utilizaba con normalidad, como vestidos y tacones, empezaron a generarle incomodidad ante la posibilidad de que su manera de arreglarse “pudiera ser interpretada como una invitación aunque no fuera así”, sostiene.
Durante un tiempo decidió guardar silencio, no quería que lo ocurrido se hiciera público porque temía las burlas de sus compañeros y se sentía avergonzada y humillada. Incluso cuando decidió denunciar ante las autoridades, reconoce que le resultaba difícil hablar del acoso y la violencia sexual de la que era objeto o intentar acreditarlos. Cabe recordar que en este tipo de hechos los agresores procuran que no haya testigos.
Finalmente llevó el caso ante autoridades ministeriales y posteriormente hizo referencia a la situación sexual en otras instancias. Durante el proceso fue sometida a evaluaciones psicológicas y relata que el miedo aumentó después de que Felipe Gasca fue vinculado a proceso en una de las etapas judiciales.
El acoso laboral se acrecentó, las descalificaciones y el miedo. A más de dos años de los primeros episodios, Olivia reconoce que las consecuencias permanecen, no sólo perdió el espacio laboral que había construido durante años, sino que también modificó su manera de relacionarse en el trabajo y su percepción sobre sí misma.
El caso de Leticia –de quien también se omite el nombre real– es otro ejemplo de la violencia que persiste contra trabajadoras de la institución y el sindicato. Ella fue víctima de agresiones físicas, gritos, descalificaciones y un trato que fue escalando hasta convertirse en episodios de violencia física dentro de las oficinas donde desempeñaba sus funciones.
Felipe ya había sido agresivo con ella antes de los hechos que marcaron la ruptura definitiva de la relación laboral. En reuniones, ejercía violencia psicológica contra ella, descalificándola frente a otras personas con expresiones como “tú cállate”, “tú no sabes” o “tú eres la que menos sabe”. El comportamiento llegó al punto de inhibir su participación y hacerla sentir temor de intervenir.
La situación escaló cuando Felipe le exigió la entrega de alrededor de 30 mil pesos que Leticia había reunido para pagar la renta de unas sillas para un evento con la ATEM. Ella pidió que el dinero fuera entregado frente a otras personas para deslindar responsabilidades, lo que provocó el enojo del líder sindical, quien golpeó su escritorio y comenzó a gritarle.
Posteriormente, Leticia entregó el dinero a la persona con quien había convenido la renta de las sillas para que realizara el pago correspondiente. El hecho molestó a Felipe, quien la llamó a su oficina, volvió a encerrarla y la confrontó a punta de insultos.
Estos episodios afectaron su estado emocional. Se reportó enferma durante algunos días porque no quería verlo y tenía miedo de que volviera a gritarle, “para entonces yo era una persona que ya le que tenía mucho miedo”, recuerda.
Uno de los episodios más graves ocurrió el ocho de febrero de 2025, cuando Felipe la llamó nuevamente para acusarla de “filtrar información” por un mensaje que había enviado vía WhatsApp a una persona, a quien informó que la cita que tenía con Felipe no se realizaría porque “ya le había ganado otra persona” que se encontraba reunida con él.
Leticia no quiso cerrar la puerta porque ya había experimentado varios episodios de violencia. Felipe se levantó y la cerró; cuando ella intentó salir y le pidió que dejara de gritarle, él se colocó detrás, la jaloneó mientras intentaba abrirla y le dijo: “No he terminado”. Ella comenzó a llorar y le pidió que la dejara salir mientras él la sostenía, la agresión paró cuando en el exterior se escucharon los pasos de Olivia subiendo por las escaleras. Leticia salió rápidamente, envuelta en llanto, y se encontró con su compañera.
Después de esa agresión, comenzó a evitar cualquier contacto directo con Felipe, buscó que las comunicaciones fueran por mensajes y procuró mantener distancia porque, explica, el miedo que le tenía ya era demasiado grande. Incluso otro compañero confrontó a Felipe públicamente por la manera en que estaba tratando a las mujeres del Comité.
La violencia laboral también se manifestó posteriormente en su separación del cargo, la Comisión de Honor y Justicia le notificó su destitución sobre la base del mensaje de WhatsApp en el que “había filtrado información”, una decisión que cuestionó porque no existió una reunión de asamblea en la que se hubiera determinado removerla ni pruebas que justificaran la medida.
Poco después, ella y Olivia decidieron iniciar acciones legales en materia laboral y, posteriormente, penal.
La situación de violencia persiste, e incluso ha escalado en actos de vandalismo contra bienes de las víctimas, todo ello, frente a la omisión institucional pese al riesgo en la integridad de las trabajadoras en un estado y país en el que las autoridades promocionan que “es tiempo de mujeres”.