En un plazo de 48 horas y sin espacios de discusión, la administración de Yarabí Ávila González fijó para octubre el inicio del proceso para un relevo a modo
Raúl López Téllez
Al vapor, al margen de la comunidad y en una tendencia a modo, la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ya elaboró un reglamento para definir la elección del próximo rector o rectora en la institución, sucesión que tendrá que concretarse en enero del 2027.
El proceso forma parte de las exigencias planteadas a la rectora Yarabí Ávila González de parte del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona, quien señaló que la representante de la institución educativa no respetaba para su emisión los tiempos marcados en la reforma a la Ley Orgánica de la UMSNH aprobada en el 2025.
Según la nueva norma, el nombramiento del rector o rectora se mantendrá a cargo de una Comisión de Rectoría, aunque la misma ya no estaría conformada y encabezada por cinco ex rectores, un profesor decano y consejeros directores y alumnos, ya que ahora la decisión la deben asumir los últimos tres ex rectores de la Casa de Hidalgo, una profesora, un profesor, una directora, un director y una alumna y un alumno, quienes decidirán el nombramiento de una terna de cuatro aspirantes, dos mujeres y dos hombres.
Ante la exigencia del diputado como parte de un enfrentamiento que mantienen la rectora con el gobierno estatal, y con tres peticiones de juicio político en su contra, Ávila González ha señalado que los tiempos los marcaría el Consejo Universitario -máximo órgano de gobierno y en cuya integración en meses pasados se impuso desde la Rectoría perfiles a modo de la autoridad universitaria, con la exclusión de toda una comunidad, la del instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (Ininee)-, y que no se sujetaría a presiones externas.
De acuerdo con una versión que circula en redes y que se atribuye a Iván Santana consejero universitario del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF), el acuerdo para impulsar una reforma al reglamento “vigente” de la Comisión de Rectoría fue apresurado junto con otras normas internas, ya que se recibió la documentación el pasado día 13 y se estableció como plazo el 15 de septiembre para entregar “observaciones institucionales”.
En sesiones que continuaron el día 17 de septiembre convocadas sin explicar motivo alguno por parte del presidente de la citada Comisión, Rodrigo Reyes, y después de ser citados en el edificio de Rectoría, “a las 14:00 horas se nos explicó el objetivo de la convocatoria: tras el proceso deliberativo que, como referí, se desahogó en los consejos técnicos entre el domingo y el martes de esa semana, se habían recibido propuestas y observaciones a los reglamentos de integración de consejos técnicos y de elección de directores, así como un proyecto de reglamento para la Comisión de Rectoría presentado por la Facultad de Derecho y sugerencias formuladas por la Facultad de Atención Integral en Ciencias de la Salud y Asistencia Social. En ese contexto, la administración central anunció que entregaría su propia propuesta el viernes 18 a las 17:00 horas para que las comisiones iniciaran la redacción final”.
A la par de la reforma al reglamento de la Comisión de Rectoría, señala el consejero del IIF, se trabajaron bajo presión y por instrucciones de Rectoría, el proyecto de integración de los Consejos Técnicos, el Reglamento para la auscultación y elección de direcciones, y los modelos de convocatoria oficiales.
“La instrucción era clara: revisar minuciosamente la propuesta para presentar observaciones institucionales. El punto crítico, sin embargo, residía en la urgencia del calendario: se fijó el martes 15 de septiembre como fecha límite imprevista, lo que nos obligó a coordinar una sesión de trabajo de emergencia para procesar y enviar nuestras observaciones a la autoridad”, plantea el consejero en el documento que circula en redes.
“El viernes se nos presentó formalmente la propuesta oficial para el Reglamento de la Comisión de Rectoría. Con menos de una veintena de artículos, su generalidad contrasta de forma abrumadora con la especificidad del proyecto impulsado por la Facultad de Derecho, que consta de 610 artículos y más de 200 páginas.
“Incluso consejeros cercanos a la Rectoría -como el director de la Preparatoria 2-, señalaron de inmediato que el borrador de la autoridad resultaba excesivamente laxo y que los aspectos sustantivos de un proceso electoral de este calado quedarían relegados a la convocatoria posterior. Esta técnica invierte la jerarquía normativa básica: produce un reglamento ambiguo y una convocatoria hiperespecífica que otorga un amplio margen de discrecionalidad. El propio Secretario General ha justificado de manera reiterada esta generalidad normativa como una argucia técnico-legal orientada a ‘proteger a la universidad’”, refiere el consejero.
Tras desechar la argumentación de por qué hasta ahora se emprende la reforma a los reglamentos y en específico al de la Comisión de Rectoría cuando se tuvo el plazo iniciado desde marzo del 2025 al aprobarse la nueva Ley Orgánica, en tal sesión y con apenas 48 horas de haberse formulado la convocatoria para presentar las observaciones, se echó por la borda la participación de la comunidad, como plantea la narrativa del consejero, “otorgando el tiempo necesario para una discusión rigurosa en toda la comunidad universitaria que legitimara el proceso. Salvo que responda a una estrategia deliberada para acotar los tiempos, asfixiar el debate y moldear la norma a conveniencia de la sucesión, la dilación de la autoridad resulta indefendible.”
En los tiempos marcados por la autoridad universitaria finalmente, “el 6 de octubre se debe tener listo el reglamento de la Comisión de Rectoría a más tardar el 15 de octubre y publicar la convocatoria el 15 de noviembre para iniciar el proceso en diciembre. La autoridad pretende pavimentar el camino hacia un proceso electoral centralizado y discrecional; sin embargo, al hacerlo, solo prepara el terreno para una contienda caótica y carente de la legitimación democrática que la UMSNH necesita”.
En la visión del analista universitario y que señala como “rumorología”, los plazos impuestos por la autoridad están sujetos o acomodados en el contexto de la presión política que enfrenta la rectora, ex diputada priista impuesta en la Rectoría por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y plantean el 16 de octubre -aduce el consejero-, “fecha en que se resolverá el amparo interpuesto por Carolina Fernández -consejera electa por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, cuyo nombramiento no ha sido reconocido por la autoridad-, para incorporarse al Consejo Universitario. El temor en la Rectoría es que un fallo favorable obligue a su toma de protesta e impulse su integración a la Comisión de Rectoría, por lo que la consigna es frenar su ingreso por cualquier vía. Por otra parte, también se escucha que ante la separación de Sergio Carmelo (Domínguez Mota) del cargo de director (de la Facultad de Derecho), nuevamente por resolución del Tribunal Universitario, las autoridades centrales estarían buscando impulsar al doctor Elidier Romero como sustituto temporal”.
Democracia en duda
En una evento realizado el 7 de octubre del 2024, durante la ceremonia por el aniversario de la UMSNH, Ramírez Bedolla anunció la reforma la Ley Orgánica como un paso para la “democratización” de las decisiones en la Casa de Hidalgo”. El morenista señaló que “los alumnos, académicos, administrativos, sindicatos, Consejo, todos los órganos que conforman la comunidad participarán en la auscultación, análisis y definición del rector o rectora, es momento de democratizar a la Universidad Michoacana”.
Hasta la designación de Ávila González, la elección del rector o rectora recayó en la Comisión de Rectoría, integrada por ex rectores, docentes decanos y alumnos destacados, quienes no hacen sino legitimar a quien recomienda el gobierno estatal en turno, sin consideración alguna hacia quienes demandan desde hace varios años abrir el proceso a la Universidad en pleno, con una sistematización, transparencia y análisis en las propuestas de quienes aspiren al cargo, partiendo de una discusión sobre los retos que enfrenta la centenaria institución.
La iniciativa del gobernador para reformar la Ley Orgánica, planteó en noviembre del 2024 que “la elección del cargo de Rectora o de Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se realizará de forma democrática, a través del voto libre y secreto por la comunidad universitaria”.
De acuerdo a la Ley Orgánica aprobada en 2025, la Comisión de Rectoría será sustituida por una Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector, ahora conformada por los tres últimos ex rectores, una profesora, un profesor, una directora, un director y una alumna y un alumno, quienes decidirán el nombramiento en base a una terna de cuatro aspirantes -dos mujeres y dos hombres-, “como si la equidad de género pudiera reducirse a un mero formalismo numérico”, criticó en su momento la seccional del Sindicato de Profesores en la Facultad de Filosofía.
De la terna, será solamente el Consejo Universitario el que “analice” trayectoria y presuntos proyectos que presenten los aspirantes, quienes decidirán a nombre de la comunidad.
Sobre los señalamientos incumplidos por Ávila González, según el presidente en turno del Congreso del Estado, en cuanto a la sucesión en Rectoría, señaló que el “artículo Cuarto Transitorio del decreto dice así: ´La Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tendrá un plazo no mayor de ciento noventa días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas conducentes a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto´”.
Refiere también al artículo Quinto Transitorio del decreto: “La Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector de la que se hace mención en la presente Ley, se conformará hasta que su reglamento haya sido aprobado por el Consejo Universitario, de conformidad con el plazo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio de la presente Ley.
“Se otorgo un plazo de 190 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas conducentes. Tras un conteo riguroso de los días hábiles y feriados, ese plazo venció el pasado 4 de diciembre de 2025”.
Portada: La administración que encabeza Yarabí Ávila González le apuesta de nueva cuenta a la exclusión de los sectores universitarios
