A propósito de lo sucedido en el marco de la construcción del Morebús, pero también de cientos de obras más…
Rogelio Josue Ramos Torres
Desde un Par de Pedales
Ya ni siquiera es noticia. Que si la ampliación de la carretera fulana necesita el derribo de no sé cuántos árboles, que si el puente sutano requiere sepultar el humedal, que si la quinta ampliación del anillo periférico precisa expropiar hectáreas de campos de cultivo, que si el desarrollo de la ciudad ocupa del entubamiento del río, que si la solución del tráfico implica lapidar un jardín con una calle, etc., etc., etc.
La lista es interminable, y para cada nuevo espacio verde, para cada bosque, para cada valle, para cada montaña, para cada loma de Santa María, el gobierno -de cualquier color- y sus compinches tienen siempre un caballo negro. ¡Siempre!, así tengan que arrollar en el camino todo tipo de derechos. Después de todo, ¿para qué están si no, esas grandilocuentes narrativas desarrollistas y de progreso acuñadas a lo largo décadas si no sirven para embestir con ellas a esos molestos decretos que tutelan las áreas de reserva, a los derechos de acceso a la naturaleza, a las necesidades de sustento de los pueblos o a las de contar con espacios públicos verdes en las ciudades?
Y ejemplos hay para aventar pa´arriba, tanto en el país como en Michoacán, y desde luego en Morelia no faltan. Sólo por mentar uno entre los muchos, está aquel caso de infeliz desenlace que tuvieron los viejos jardines sobre los que se excretaron toneladas de concreto para edificar lo que hoy es el Centro de Convenciones de la capital michoacana. Un adefesio arquitectónico que nada le envidia a la más gris de las construcciones soviéticas de la posguerra, y que tuvo, también, como estandarte, los mismos argumentos de progreso y bienestar con los que hoy se despacha a quienes se oponen al derribo de árboles.
Curiosos argumentos, por cierto, los del desarrollo y del progreso, que sexenio tras sexenio nos suministran infaltablemente, y para los que es siempre la naturaleza la que tiene que ser sacrificada. Nunca al revés. No, al menos, en nuestras realidades, porque en lugares como los Países Bajos, Bélgica o incluso en sitios como Portland, en Estados Unidos, el depaving, o la “despavimentación”, se ha convertido en una práctica cada vez más recurrente.
Acción impensable para la lógica de gobiernos que tratan de rellenar con obra pública sus enormes y vergonzosas carencias ideológicas, así se esfuercen por desenvainar frases políticamente cargadas cuando las acusaciones les empiezan a llover, sin percatarse que mientras representen a gobiernos que son la viva imagen del vacío difícilmente sonarán sus argumentos. Y es que en el alternarse de administraciones, la política ha quedado reducida a la imposición de paquetes de obras como única vía para la trascendencia. Una estrategia en la que la grisura característica de los gobernantes se refleja fielmente en el mismo color del hormigón con el que mascaran su mediocridad y complicidades.
Y por eso no tienen siquiera al alcance la posibilidad de entender lo que un árbol puede llegar a significar en otras racionalidades. Sin importar el color de su partido, su visión de desarrollo se encuentra inexorablemente ligada a las lógicas priistas con las que se justificó la pavimentación de gigantescas porciones de naturaleza, soslayando que bosques, jardines y árboles constituyen también realidades sensibles que conectan biológica y emocionalmente con las personas.
Tampoco se dan cuenta de que lo que anuncian como obras salvíficas o redentoras, que en el fondo no son sino la materialización de las visiones empresariales y tecnocráticas que los guían, reproducen viejas lógicas de control a las que ciertos grupos sociales ya no están dispuestos a plegarse. Y tan es un asunto que tiene como trasfondo la ambición de controlar, que prácticamente ya no hay obra de ordenación territorial que no venga acompañada de policías o militares.
No obstante, la no resignación popular a sacrificar los pocos trozos de naturaleza que sobreviven en las ciudades, es a la vez una muestra de que la concepción del progreso empieza a modificarse. Y de que el asfalto empieza a perder autoridad como principal agente ordenador frente a los beneficios que ofrece la sinuosidad de las formas naturales de la tierra en entornos urbanos. Pero hay, también, en estos gestos, algo más: la defensa del lazo afectivo que media las relaciones de las personas con sus entornos, y que se ve amenazado por la acción de los bulldozers.
Por eso los argumentos gubernamentales no alcanzan. El ciudadano común empieza a percibir la pérdida de su patrimonio ecológico como una guerra de baja intensidad que le afecta directamente, en primera persona. Una actitud a la que no se llegó de la noche a la mañana, sino después de aquilatar el larguísimo cúmulo de agravios cometidos por los gobiernos en contra de los entornos naturales. Un sucederse de ecocidios que, en el balance popular, está también derribando una tras otras las máscaras del progreso que nos han vendido, y cuyo mensaje más claro, quizá, a ojos de la ciudadanía, sea que la connivencia entre desarrolladores y gobernantes es un ponzoñoso matrimonio que termina siempre por revertirse en contra de los bienes y servicios públicos.
Eso tiene en su contra hoy el gobierno de Michoacán en su intento por construir una obra a la que, dicho sea de paso, no se le regatean justificación ni méritos. Un sistema de transporte público articulado, digno y accesible, será siempre mejor que la infundada y onerosa ocurrencia del cablebús. En lo que no repararon, fue en que su pretensión de derribar árboles iba a chocar con una sociedad que ya está harta de que sea siempre la naturaleza la que tenga que pagar los costos del desarrollo.
Un obstáculo que los políticos no logran entender porque una placa con las siglas de un gobierno queda y se mantiene bien sobre el concreto, pero no sobre la corteza de un árbol y menos aún entre la densidad de un bosque. En su miopía, la obra pública está siempre por delante de cualquier lista de beneficios y servicios ecosistémicos posible. Si el mundo está perdiendo o no sus bosques a una velocidad de cincuenta campos de fútbol por minuto es cosa que han cancelado de entre los asuntos que les atañen.
Pero, para su sorpresa, hay grupos sociales que desarrollan la conciencia que a ellos les falta. Personas que miden la importancia de un árbol, de una planta, de un jardín o un animal, no con base en las apreciaciones cientificistas con las que se ha justificado siempre la destrucción de la naturaleza. Sino con ojos similares a aquellos con los que se mira a un vecino, a un amigo, a un familiar o a un cómplice. Por eso los argumentos de la autoridad se quedan tan cortos, finalmente tampoco hay muchas palabras para convencer a alguien de traicionar un vínculo así.
Por eso, también, a oídos de quienes se oponen a caer los árboles, suenan tan ridículas la promesas de compensar su tala con la siembra de otro. A las autoridades, por su parte, les cuesta entender que, para las dimensiones afectivas, cada árbol es dueño de una personalidad, de una historia y de vínculos únicos que lo hacen insustituible. Un hecho que complica la tarea de reducirlo a sus funciones biológicas, así se esgrima la mejor de las justificaciones.
Lo que está pues, de por medio, es una guerra de significados. Para el gobierno es fácil pensar en árboles convertidos en pilas de leña y ramas, lo cual choca de frente con una rica y heterogénea gama de percepciones, en las que los árboles son tantas cosas a la vez. Auguste Renoir decía que había quien los explicaba como una combinación de elementos químicos, pero que él prefería creer que un árbol es una creación divina habitada por una ninfa en su interior. A lo mejor, si en el gobierno intentaran leer a los árboles no mediante fichas técnicas, sino por lo que los sentidos experimentan cuando se está bajo sus sombras, podría entender un poco mejor a quienes hoy se oponen a sacrificarlos.
Portada: Movilización en defensa del arbolado en Tres Puentes
