Regla de Tres

Se suma SUEUM a juicio político contra Yarabí

Además del director de Derecho y una consejera del Ininee, ahora el gremio de empleados plantea destitución de la rectora

La dirigencia del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) presentó ante el Congreso este 2 de septiembre una petición de juicio político en contra de la rectora de la institución, Yarabí Ávila González, con lo que suman ya tres soolicitudes para destituir a la funcionaria.

Ante el presidente en turno de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona, el secretario del Trabajo, Mario Iván Paz Rodríguez y el secretario del interior, Juan Guevara Mendoza, plantearon que la solicitud “se debe a las múltiples violaciones contractuales y a la falta de cumplimiento legal con los Contratos Colectivos de Trabajo, la normatividad nicolaita, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución”, acciones que de acuerdo con los funcionarios gremiales ha convertido a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) “en un nido de corrupción”.

Apenas el pasado 20 de agosto, el director de la Facultad de Derecho, Sergio Carmelo Domínguez Mota -destituido directamente por la rectora al margen de los procesos normativos internos en la UMSNH y restituido en el cargo por haber interpuesto un recurso ante el Poder Judicial federal, mismo que fue desatendido por Ávila González pero finalmente aceptado-, conjuntamente con la consejera del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (Ininee), Carolina Fernández Oropeza, se presentaron ante el Congreso dos peticiones de juicio político contra la ex diputada priista y ex secretaria de Educación en el actual gobierno morenista -antes de ser impuesta al frente de la institución por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla-, aduciendo violaciones a sus derechos humanos y al margen de los marcos legales universitarios.

En el caso de Fernández Oropeza, su queja se fundamenta en que pese a haber sido electa por la comunidad del Ininee para ser representante en el Consejo Universitario, la rectora no la reconoce como tal al haber excluido a la dependencia por completo del proceso de renovación del considerado máximo órgano de gobierno en la UMSNH.

Ávila González respondió en esa ocasión que la petición de juicio político correspondía a una actitud misógina, machista y de revancha por ser una mujer la que se encontraba en el cargo.


Dirigentes del SUEUM, arriba, en la presentación de la demanda de juicio político contra la rectora de la UMSNH. Abajo, solicitud de parte del director de Derecho y la consejera del Ininee.

Se analizan las peticiones: Gaona

En la petición por escrito de juicio político que presentó el SUEUM ante el diputado petista Baltazar Gaona, el dirigente Eduardo Tena Flores indica que la funcionaria ha incurrido en “actos y omisiones que, desde mi perspectiva y conforme a los elementos iniciales que se acompañan y anuncian, podrían redundar en perjuicio de intereses públicos fundamentales, del buen despacho de la función pública universitaria, de la legalidad institucional, de la autonomía universitaria entendida como garantía de la comunidad y no como privilegio personal de la Rectoría, de los derechos laborales colectivos de las personas trabajadoras administrativas, de los derechos de personas jubiladas, de los derechos patrimoniales de familias beneficiarias de trabajadores fallecidos y del cumplimiento real de obligaciones derivadas del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” y que afectarían a los 2 mil 180 agremiados al SUEUM, “así como a sus familias, personas jubiladas y beneficiarios de trabajadores fallecidos”.

De acuerdo con el diputado Baltazar Gaona García, las solicitudes de juicio político contra Ávila se turnaron a la comisión de Puntos Constitucionales, por lo que los legisladores tienen obligación de dictaminar su procedencia y anexar este tercero cuando sea ratificado.

El legislador, quien ha emprendido también un frente en contra de la actuación de Ávila González, reiteró la demanda que presentó contra la funcionaria en la Contraloría por presunto desvío de fondos y manejo irregular de los subsidios que recibe la Casa de Hidalgo, proceso en el que “no se han aclarado las observaciones por 295 millones de pesos, además de los incumplimientos de ley, lo que fortalece el procedimiento”.

Sobre este presunto “incumplimiento de la ley”, en referencia a la Ley Orgánica universitaria, Gaona ha señalado desde meses anteriores el presunto desacato de Ávila González por incumplir con la instalación previa de comisiones respectivas al proceso para nombrar nuevo rector en la institución, de acuerdo con la aprobada nueva reforma en el año 2025 y que tendrá que concretarse en enero del 2027.

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