Las amenazas a inspectores de los EU en el estado evidencian las inconsistencias de los discursos y del Plan Michoacán
Redacción
El episodio reciente de las amenazas del crimen organizado contra inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) que operan en Michoacán como parte de la cadena de exportación del aguacate al vecino país del norte, vuelve a exhibir las debilidades de la presunta estrategia de seguridad hacia ese sector en particular, ya no digamos hacia la población en general.
Seguro se recordará que las amenazas en contra de los funcionarios de los Estados Unidos ya había generado un presunto operativo especial en años pasados para cuidar a los mismos en sus acciones para certificar los envíos del fruto al mercado en aquel país. En su momento, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció la creación de un operativo especial para el resguardo de los representantes de EU, al igual que de los embarques en su tránsito y salida de Michoacán.
Las medidas, presuntamente acordadas con la federación en aquel entonces bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de la administración de Joe Biden, harían pensar en que la situación estaba controlada y que no volvería a repetirse.
¿Qué pasó entonces?
En los sucesos recientes, por tercera ocasión que se presenta, también hay elementos nuevos a considerar. Biden ya no gobierna EU, ahora lo hace el beligerante Donald Trump, quien ha señalado a varios cárteles michoacanos como organizaciones terroristas al igual que ha destacado la vinculación de políticos y funcionarios públicos mexicanos en alianza con los carteles, donde el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es el más emblemático de esta hipótesis.
La ausencia del morenista Ramírez Bedolla en las reuniones entre funcionarios de seguridad de los EU, del Gobierno de la República y de aguacateros, al igual que en los recorridos que realizara Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, por la franja aguacatera en días recientes -con el anuncio de la instalación de 46 bases de operaciones y despliegue de 48 patrullas de la Guardia Nacional-, habla de una exclusión que a primera vista denota la desconfianza de las autoridades del país vecino hacia la administración en la entidad, y que ocurre cuando en territorio estatal se desarrolla el llamado Plan Michoacán de Paz y Justicia implementado desde el asesinato en la plaza pública del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo en noviembre pasado, y que refleja también de una ineficacia de la federación en contener la serie de sucesos que día a día cometen los grupos delincuenciales por más que miles de soldados, marinos y guardias nacionales hayan sido enviados al estado.
Un gobernador sonriente en un video en las primeras horas de haber iniciado la suspensión temporal de los envíos aguacateros, pareciera denotar el tono festivo e inadecuado con el que el representante del Poder Ejecutivo local alude a las problemáticas de la entidad, optimismo francamente insultante cuando la deuda en materia de seguridad no solo debe cubrir las espaldas de funcionarios de un gobierno extranjero, sino en principio a los habitantes de ciudades y comunidades donde los carteles hacen lo que les da la gana y el Plan Michoacán seguramente les causará risa, la misma que el morenista exhibe en medio de un gobierno a punto de concluir y que pocas acciones podrá no solo presumir sino dejar como bases firmes para combatir la inseguridad, promover inversiones y empleos que mucha falta hacen y en suma elevar el nivel de la calidad de vida de los michoacanos.
Comuneros, defensores del territorio y de derechos humanos, periodistas y madres buscadoras y productores, son sectores ignorados por el gobierno morenista en Michoacán no obstante amenazas e incluso asesinatos en contra, como el homicidio del líder de los limoneros en Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, quienes no se merecen sino comunicados oficiales donde se reitera un presunto control de los conflictos desde un escritorio.
Habrá que esperar otra acción en contra de los inspectores aguacateros tal vez, para que entonces se ponga en evidencia que no se ha avanzado en lograr siquiera restablecer índices de confianza para un sector en particular como para la mayoría de quienes habitamos en Michoacán, desde hace años a merced de los intereses delincuenciales que siguen mostrando su capacidad de movilización y paralización de actividades en un buen número de municipios.