Organizaciones observan avance con la aprobación del Protocolo para investigar delitos contra defensores de derechos; falta su implementación
Redacción
En un país en el que entre 2016 y 2025 fueron asesinados al menos 184 personas defensoras de derechos humanos según cifras de ONU-DH, organizaciones de la sociedad civil consideran como un avance la aprobación del Protocolo Homologado Especializado para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos, adoptado el pasado 14 de agosto por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
No obstante, advierten que su efectividad dependerá de su adecuada implementación, de la generación de capacidades institucionales y de la asignación de recursos humanos y técnicos suficientes para que sus disposiciones se traduzcan en investigaciones diligentes y efectivas.
Las 17 organizaciones que integran el Espacio OSC, a través de un posicionamiento dado a conocer este lunes 17 de agosto, destacaron que la adopción del Protocolo es necesaria y urgente pues ocurre en un contexto especialmente violento contra personas defensoras.
Apuntan que las agresiones, amenazas, desapariciones y asesinatos continúan afectando particularmente a quienes defienden el territorio y el medio ambiente; los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las personas LGBTI+ y de las personas migrantes; la libertad de expresión; y el derecho a la verdad y la justicia, así como a las personas buscadoras de familiares desaparecidos.
“A ello se suman los elevados niveles de impunidad. Durante su visita a México en 2017, el entonces Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, advirtió que, según diversas estimaciones, alrededor del 98 por ciento de los delitos cometidos contra personas defensoras en relación con su labor permanecían sin resolver. Asimismo, señaló que la falta de investigaciones diligentes y sanciones efectivas favorece la repetición de las agresiones y transmite un mensaje de tolerancia frente a la violencia contra quienes defienden derechos humanos. Ante esta situación, recomendó, entre otras medidas, la creación de un protocolo especializado para la investigación de estos delitos”.
En ese sentido, el posicionamiento apunta que la aprobación del Protocolo representa un avance importante en el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano para investigar las agresiones contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos y combatir la impunidad. Asimismo, señala que contribuye al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa y familiares vs. México, emitida en 2021, que ordenó, entre otras medidas, elaborar un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra personas defensoras de derechos humanos.
Pese a ello consideran que la aprobación del Protocolo constituye apenas un primer paso. “Su efectividad dependerá de su adecuada implementación, de la generación de capacidades institucionales y de la asignación de recursos humanos y técnicos suficientes para que sus disposiciones se traduzcan en investigaciones diligentes y efectivas”.
Asimismo hacen un llamado a la FGR, a las fiscalías estatales y a las demás autoridades federales y locales competentes de prevenir, proteger y atender la violencia cometida contra personas defensoras a cumplir cinco prioridades:
- Socializar e implementar el Protocolo en todo el país, acompañado de procesos permanentes de capacitación para ministerios públicos, policías de investigación, servicios periciales, asesorías jurídicas y demás autoridades responsables de su aplicación.
- Garantizar los recursos humanos, técnicos y presupuestales necesarios para su efectiva implementación, así como fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades federales y estatales.
- Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de la implementación del Protocolo, con participación de la FGR, las instituciones de procuración de justicia y las organizaciones de la sociedad civil, que permita identificar avances, obstáculos y medidas correctivas.
- Mantener y fortalecer el diálogo con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y víctimas durante los procesos de implementación, seguimiento y evaluación del instrumento.
- Evaluar la pertinencia de crear una Fiscalía Especializada a nivel federal para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, dotada de capacidades técnicas, personal especializado y recursos suficientes.
Cabe apuntar que el Espacio OSC está integrado por ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Iniciativa Sinaloa; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); y el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PRODESC), además de estar acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI)–Proyecto México y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR).
Fotografía portada: En Morelia, en 2025, acto para exigir justicia por el asesinato del defensor de territorio nahua de San Juan Huitzontla, Eustacio Alcalá Díaz