Frente al desplazamiento de personas en localidades de Apatzingán, organizaciones exigen actuación efectiva e inmediata de las autoridades
Redacción
Tras los casos de desplazamiento forzado que se han venido registrando en Apatzingán, en Michoacán, así como en localidades de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo y Zacatecas, las organizaciones que integran el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno y organizaciones acompañantes expresaron su preocupación por el agravamiento del fenómeno que atribuyen al fortalecimiento y operación impune de grupos criminales fuertemente armados.
A través de un posicionamiento señalan que en Michoacán, la violencia en la región de Tierra Caliente se ha intensificado con el uso de armamento de alto poder y drones con explosivos. Como ejemplo, citaron los hechos ocurridos en Apatzingán, donde enfrentamientos entre grupos criminales provocaron el desplazamiento forzado de al menos 225 personas de las localidades de Cueramatillo, Cueramato y El Guayabo. También recordaron que una mina explosiva dejó lesionados a trabajadores agrícolas y que otro artefacto causó posteriormente la muerte de dos jornaleros.
El colectivo destacó que existen instrumentos legales y protocolos para atender estas emergencias, como el Protocolo de Atención a Emergencias de Desplazamiento Forzado de Michoacán y el reglamento municipal vigente en Apatzingán. Sin embargo, acusó que las autoridades continúan incurriendo en prácticas de negación, atención insuficiente y promoción de retornos sin condiciones reales de seguridad, lo que expone a las familias a nuevos desplazamientos y riesgos.
Como ejemplo, señalaron que habitantes de Cueramato regresaron a sus hogares tras un desplazamiento ocurrido en mayo, alentados por autoridades estatales y municipales, sin que existieran garantías suficientes de seguridad ni mecanismos transparentes de seguimiento, situación que derivó en nuevos hechos violentos semanas después.
Las organizaciones sostienen que estos acontecimientos evidencian la falta de aplicación efectiva de los instrumentos legales existentes y refuerzan la necesidad de una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno que tipifique este fenómeno como delito, establezca mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, genere registros oficiales de personas desplazadas, armonice su atención con la Ley General de Víctimas y garantice recursos suficientes para la protección y restitución de derechos.
Asimismo, advirtieron que el desplazamiento forzado obliga a las familias a abandonar sus comunidades para escapar de amenazas como homicidios, desapariciones, reclutamiento forzado, extorsiones y otras formas de violencia criminal e institucional.
Ante la permanencia de la emergencia en el país, solicitan a los tres órdenes de gobierno:
- Garantías de protección y atención humanitaria para las familias y comunidades desplazadas en los estados de Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo y Zacatecas
- Generar acciones interinstitucionales para la reubicación temporal de las comunidades desplazadas y la construcción de soluciones duraderas con base en criterios internacionales.
- Al Gobierno del estado de Michoacán, en coordinación con el Gobierno Federal, se solicita una mesa de trabajo interinstitucional con representación de víctimas y de organizaciones que les acompañan para contribuir en la solución de la crisis, a la construcción de criterios operativos y de evaluación de retornos claros que garanticen la seguridad de las familias y comunidades, así como la formulación de soluciones duraderas que prevengan futuros desplazamientos.
- Al Congreso de la Unión, que legisle la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, con las características señaladas en este Comunicado.
Finalmente recalcan, que no bastan los instrumentos legales especializados, cuando no se concretan en acciones de gobierno estatales con partidas presupuestales suficientes, funcionarios públicos especializados ni rutas de atención institucional claras y sistemáticas.
Imagen portada: Personas desplazadas en Guerrero | Fotografía: Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña