Sin alusión sobre los ataques que ha sufrido la comunidad, Alfredo Ramírez Bedolla decidió catalogar a su ronda comunitaria como “grupo delincuencial”
Patricia Monreal
La criminalización de la comunidad nahua de Santa María Ostula, fue formalizada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en su rueda de prensa del lunes primero de junio en Casa Michoacán. El mandatario guardó silencio sobre los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación contra la comunidad y sus encargaturas y optó por arremeter contra la ronda comunitaria –que ha hecho frente a tales embates- catalogándola como “grupo delincuencial”.
En la lógica narrativa que ha venido trazando a lo largo de su sexenio, sobre “comunidades buenas” y “comunidades malas”, las primeras aquellas que han decidido transitar al modelo de autogobierno que su administración ha usado para lucrar y promocionarse como defensora de los derechos indígenas, y las segundas, aquellas que lo han rechazado, el gobernador encajonó a Ostula en las segundas, e invisibilizó de plano los ataques y las muertes que ha venido sufriendo.
“En Ostula existe un grupo fuera de la ley, fuera de la legalidad, que todavía se autodenomina ronda comunitaria, pero no es una ronda comunitaria; es un grupo delincuencial, lo digo con toda claridad, no nos confundamos”, subrayó.
Un matiz distinto uso para otras comunidades de Aquila, entre ellas Pómaro, de la que el pasado 28 de mayo fueran asesinadas dos autoridades comunales en un ataque al vehículo en el que viajaban junto con dos profesores purépechas.
“Existe una comunidad con autogobierno, que es Coire, y otras comunidades como Pómaro están transitando hacia este modelo porque se ha demostrado que permite una mejor organización y mayores condiciones de seguridad”, recalcó el mandatario.
La declaración buscaría enmarcar a la ronda comunitaria de Ostula, como parte del grupo encabezado por German Ramírez Sánchez, alias “El Toro”, quien de acuerdo con reportes de seguridad, es el encargado en el municipio de Aquila de recibir los cargamentos de cocaína en la Costa, donde se encuentran las principales bodegas del Cártel de Tepalcatepec y Carteles Unidos, ostentándose como supuesto grupo de autodefensas y policías comunitarias en la Costa con el presunto apoyo de los gobiernos de Aquila y Coahuayana.
Bajo ese argumento, las autoridades han omitido protección a la comunidad, ello pese a que desde 2022, los habitantes de Ostula alertaron que dicho grupo delincuencial buscaba hacerse pasar por policías comunitarios.
La postura del titular del Ejecutivo Estatal contra Ostula no es nueva, ese mismo 2022, la Red TDT (Todos los Derechos para Todas y Todos), denunció la amenaza del mandatario contra la comunidad: “La Guardia Comunal de Santa María Ostula, Michoacán fue amenazada en recientes días por el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, quien el 6 de septiembre de 2022 declaró que su actual gobierno ‘está empeñado en dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos’. En su declaración pone especial énfasis en el municipio de Aquila, al que pertenece geográficamente esta comunidad indígena nahua; ahí el gobernador señala y reitera que ‘en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley’”.
“Estas declaraciones constituyen un grave riesgo para la comunidad y vulnera su condición de autonomía y libre determinación como pueblo indígena”. “La Guardia Comunal está facultada por la máxima autoridad agraria y tradicional: la asamblea general de comuneros. Con ella han podido garantizar la seguridad comunitaria sustentada en una organización autónoma. Lo anterior, hace que la organización de Ostula sea objeto de protección especial en los términos constitucionales y convencionales vigentes en materia de derechos humanos y cuyo cumplimiento corresponde al Estado Mexicano, en su responsabilidad de velar por los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas”.
La lucha de la comunidad de Santa María de Ostula es una de las resistencias indígenas más largas y emblemáticas de México. Su eje principal ha sido la defensa del territorio comunal frente a tres factores que se han entrelazado durante décadas: el despojo agrario, los intereses mineros y la presencia del crimen organizado.
Por 22 años ha luchado por el reconocimiento de su derecho sobre Xayakalan, pero su lucha va más allá, la propia comunidad sostiene que el conflicto por sus tierras costeras viene desde hace más de 60 años, cuando comenzaron invasiones de particulares y cacicazgos sobre tierras comunales.
La defensa de su territorio ha costado a Ostula más de 40 comuneros asesinados en distintos momentos, así como seis desaparecidos.
El costo de sangre ha permanecido a lo largo del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla para Ostula: en 2023 fueron asesinados los guardias comunales Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano y Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, así como el consejero comunal Juan Medina. En 2024 mataron al defensor Antonio Regis Nicolás, y en enero de 2026, un comunero de 80 años falleció a causa de una mina terrestre.
En 2010, frente a los ataques a Ostula, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó las medidas cautelares registradas bajo el número 264-10 luego que el 24 de febrero de 2010 un comando armado sustrajo a los activistas comunitarios Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles y, en 20 de abril de 2010, un comando armado de alrededor de 20 personas sustrajo al Comisariado de Bienes Comunales, Francisco de Asís Manuel. La Comisión consideró que, “ante la falta de determinación de la situación y paradero de las personas, se encontraban prima facie (a primera vista) cumplidos los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad”.
Para febrero de 2024 cerca de 220 organizaciones y comunidades de al menos 16 estados de la República realizarían un llamado a respetar la libre determinación y brindar garantías de protección en favor de Ostula, esto frente a los violentos ataques de los que ha sido objeto.
Este año en Ostula, la situación no ha mejorado y la comunidad ha sido atacada en diferentes momentos por integrantes del CJNG: en enero un comunero de 80 años, muere desmembrado a causa del estallido de una mina terrestre; el 19 y 27 de mayo la encargatura de La Cofradía sufriría tres ataques del Cártel, en uno de ellos, de manera simultánea hubo un intento de elementos de la Secretaría de Marina por ingresar a la playa de la comunidad.
De todo ello, Alfredo Ramírez Bedolla, ha optado por guardar silencio.
Portada: En territorio guardia comunal | Fotografía: Tomada del muro de Comunicación Ostula
Consulta:
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Los desaparecidos de Ostula
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