Comunidades indígenas y defensores, pagan con la vida las omisiones del Estado mexicano en materia de seguridad; 2026 registra un saldo rojo en Michoacán
Patricia Monreal
En Michoacán, el año 2026 ha evidenciado de manera cruda y contundente la realidad que enfrentan las comunidades indígenas y quienes defienden sus territorios: el constante asedio de las organizaciones criminales, la complicidad de autoridades, la omisión del Estado mexicano para garantizar su seguridad y la indolencia de las instituciones para sentarse a dialogar de manera seria y ofrecer respuestas efectivas a sus demandas y exigencias.
La Sierra-Costa y la Meseta Purépecha han registrado, durante los últimos cinco meses, momentos de alta tensión debido a la pérdida de vidas provocada por los ataques de grupos delincuenciales, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla ha evidenciado su incapacidad para atender los reclamos de los pueblos indígenas, así como su tendencia a lucrar políticamente con las comunidades que, en el fondo, no han visto mejora alguna en las exigencias más sentidas que han planteado a lo largo del sexenio.
La simulación ha sido la constante del bedollismo. Así lo han hecho ver las propias comunidades afectadas, como ocurrió con Pómaro, municipio de Aquila, que tras perder a dos de sus autoridades comunales en un ataque ocurrido el 28 de mayo, calificó como falsas las declaraciones del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, quien aseguró que se mantiene abierto el ofrecimiento de diálogo.
“En nuestra comunidad no existe ninguna corporación policial, ni federal ni estatal. Tampoco se mantiene una mesa de diálogo con nosotros por parte de ninguna institución, por lo que es totalmente falso lo dicho por este funcionario. Nos indignan este tipo de comentarios que, lejos de resolver el problema, cuya atención es su responsabilidad, se limitan a difundir mentiras y con ello confunden a la sociedad. Le solicitamos que cumpla con su trabajo y, si no puede, que renuncie de inmediato al cargo”.
Posicionamientos similares han sido expresados por otras comunidades que han sido objeto de ataques durante este año, en respuesta a las posturas asumidas por el Gobierno del Estado. En muchos casos, el silencio de las autoridades ha sido sepulcral, como si las comunidades afectadas no existieran, particularmente las del municipio de Aquila.
El Congreso Nacional Indígena en el marco de los ataques registrados en mayo, ha señalado que durante los dos últimos años las comunidades indígenas de Michoacán, tanto en la región purépecha como en la costa nahua, han sufrido decenas de incursiones armadas, incluidos ataques con drones y explosivos, en contra de la población civil, de instalaciones de todo tipo, de autoridades comunitarias y de los cuerpos de seguridad tradicionales.
También ha señalado al gobernador Alfredo Ramírez de incumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad en la Meseta Purépecha y establecer, con el concurso de la federación, una Base de Operaciones Interinstitucionales. “exhibiendo lo que muchas y muchos hemos observado desde hace años: la completa complicidad de su gobierno con los cárteles criminales de todo signo y de manera preponderante con el CJNG”.
A su vez el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) acusa que la entidad se encuentra inmersa en una crisis de inseguridad e injusticia sistémica, y que es “un laboratorio de políticas públicas fracasadas, toda vez que actualmente se desarrollan cinco ´Planes de Justicia’: ‘Plan Michoacán’; ‘Plan Lázaro Cárdenas del Rio’; ‘Plan de Justicia P’urhépecha’; ‘Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda’; ‘Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano’, sin embargo, diariamente siguen desapareciendo, asesinando y extorsionando a cientos de michoacanos y habitantes de los pueblos indígenas ¿Dónde está la justicia que tanto anuncian en sus conferencias?”.
Frente a ello la exigencia para el Gobierno del Estado es que cese su doble discurso, “pues por un lado su propaganda oficial dice apoyar a los pueblos indígenas, pero en la práctica sus funcionarios son totalmente incapaces de atender y solucionar la problemática que existe en las comunidades”.
El Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas por su parte, denuncia “la grave situación de inseguridad que padecen nuestros pueblos y territorios indígenas. No es la primera vez que lo hacemos, pues esta violencia nos alcanza en todas las regiones de nuestro Estado.
“Hacemos un llamado de solidaridad a los pueblos hermanos de Michoacán, quienes también padecemos cruelmente la inseguridad en nuestros territorios, para que nos unamos en acciones de resistencia y construyamos un frente común para la protección de nuestras vidas y de nuestras comunidades”.
La gravedad de los hechos ocurridos durante 2026 en las comunidades indígenas de Michoacán ha provocado que, pese a las diferencias que mantienen entre sí, hayan unificado su voz para exigir seguridad a las autoridades.
La magnitud de los acontecimientos así lo ha demandado. Son más de una veintena de sucesos que han encendido las alertas y generado alarma entre las comunidades. A continuación, se presenta una cronología de estos hechos:
Enero
Día 2: Los Corralitos, municipio de Aquila
Un grupo armado irrumpió en la comunidad, atacando las viviendas a balazos y con explosivos lanzados desde drones. La mañana siguiente, los pobladores descubrieron artefactos explosivos hechizos en el tramo que va del puente Amarillo hacia las minas, por lo que el ayuntamiento de Aquila a través de un comunicado ordenó el cierre total del camino por ser zona de alto riesgo.
Día 10: El Salitre de Estopila, municipio de Chinicuila
La comunidad es atacada con explosivos por integrantes del CJNG. La alerta es emitida por los propios habitantes, quienes reportan a un joven de 20 años gravemente herido tras ser alcanzado por uno de los explosivos mientras realizaba labores de cosecha de maíz en el sembradío de su familia. Durante el ataque se registran afectaciones a viviendas y pérdidas materiales.
Día 15: Los Ocotes, municipio de Aquila
El comunero identificado como Domingo G., de 80 años, muere al quedar desmembrado a causa del estallido de una mina terrestre –de las colocadas por el CJNG- mientras transitaba por un camino de terracería que conduce a la ranchería Los Ocotes.
Marzo
Del 17 al 25: El Salitre de Estopila, Laguna de Calvillo, El Puerto y El Ranchual, municipio de Chinicuila
Se registran ataques armados del CJNG a las comunidades, en el caso de El Salitre de Estopila por más de ocho días consecutivos, en La Laguna y El Puerto durante tres y en el Ranchual el día 25. Una vez más son empleadas armas de grueso calibre, drones explosivos y la siembra de minas terrestres para incomunicar a las comunidades.
Abril
Día 12: El Zangarro, municipio de Madero
Roberto Chávez, integrante del Comité de Defensa Ambiental de El Zangarro, fue asesinado al salir a cenar con su familia en un establecimiento de la localidad de Etúcuaro. Fue atacado a tiros y tres de los impactos hicieron blanco en su cabeza, privándolo de la vida.
Habitantes de la región y productores de resina agrupados en los Comités de Defensa Ambiental del municipio habían denunciado públicamente, desde tiempo atrás, las agresiones de las que son objeto por parte de integrantes de grupos delincuenciales que operan en la zona, sin recibir atención o respuesta por parte de las autoridades.
Tras el asesinato de Roberto, los habitantes de Villa Madero lanzaron un ultimátum a las autoridades para proveerles seguridad, o de lo contrario anunciaron que se alzarían en armas.
Día 15: Paramuén, municipio de Salvador Escalante
Se reporta la desaparición del activista ambiental Lázaro Mendoza. Dos días después, la Fiscalía General del Estado confirmó su asesinato al determinar que los restos calcinados de un hombre localizados en la comunidad de Cungo correspondían a él.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla optó por revictimizar a Lázaro al desestimar su calidad de activista ambiental y señalarlo públicamente como prestamista y productor de aguacate.
Mayo
Día 5: Cueramato, Guanajuatillo, El Mezquital, Holanda y Los Laureles, municipio de Apatzingán
Un día después de que fuera retirada la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) instalada en la localidad de Acatlán, 668 personas abandonaron sus hogares durante la madrugada para huir de la violencia reactivada por grupos delincuenciales que se disputan el control del territorio, en busca de salvaguardar sus vidas.
Una semana después del desplazamiento masivo, el Gobierno del Estado únicamente había realizado el censo de diez familias para su atención, todas ellas ubicadas en la cabecera municipal. El día 16, al anunciar el retorno de las familias a sus comunidades, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que las medidas de atención brindadas a las personas afectadas consistieron en la entrega de suero antialacrán y paquetes alimentarios.
Día 6: Acachuén, municipio de Chilchota
Un comando armado irrumpe en la comunidad indígena mientras habitantes del lugar sostenían una asamblea a la orilla de la carretera, hartos de las presiones del CJNG para controlar el comercio. Durante el ataque son asesinados Amador Flores Olivos y Pablo Cortés Vallejo, ambos adultos mayores, y otro comunero resulta gravemente herido.
Estos hechos derivan en el cierre de la carretera por parte de la comunidad, que exige condiciones de seguridad, y posteriormente en la toma de cinco carreteras más el día 11. Como respuesta, el Gobierno del Estado envía elementos antimotines al bloqueo instalado en la caseta de Zirahuén de la Autopista Siglo XXI, con el objetivo de dispersar a los comuneros.
Las protestas se intensifican el día 13, tras una marcha por la carretera Cherán-Zamora hasta la cabecera municipal de Chilchota, donde comuneros irrumpen en la Presidencia Municipal y realizan la quema de mobiliario. Asimismo, durante su trayecto incendian un vehículo repartidor.
Día 17: Sevina, municipio de Nahuatzen
Al filo de las 20:30 horas, en la barricada de vigilancia ubicada en la zona de La Astilladora, mientras los kuarichas realizaban revisiones en el puesto de control, fueron atacados por sujetos armados. El ataque cobró la vida de Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero y dejó a otro guardia comunal gravemente herido.
Tras la agresión, Sevina cerró el paso en las dos barricadas de acceso a la comunidad. Además, se activó el Código Rojo en la región de la Meseta Purépecha mediante un operativo conjunto con elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil.
Ante la falta de respuesta de las autoridades para garantizar la seguridad, el día 25 comuneros de Sevina se manifestaron en Casa Michoacán, en Morelia, con la intención de exigir un diálogo con el gobernador Alfredo Ramírez, quien cada lunes ofrece en ese lugar una “mañanera”. Ahí, los manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El mandatario optó por cambiar de sede su rueda de prensa y ninguna autoridad se presentó para atender a los comuneros a su llegada.
Día 17: La Cantera, municipio de Tangamandapio
La población reporta la desaparición de los comuneros Rafael Nicolás Reyes y Carlos Edgar Nicolás Diego, quienes fueron privados de la libertad por un grupo de hombres armados. Tres días después, sus cuerpos son localizados en una zona cerril conocida como El Bolonche, cerca del camino a El Paso. Ambos presentaban heridas de arma punzocortante en el cuello.
Día 18: Ataques en la Meseta Purépecha
Se reportan enfrentamientos armados protagonizados por integrantes del CJNG en las inmediaciones de los municipios de Los Reyes y Charapan. En este último, el ayuntamiento emite un comunicado dirigido a la población, y en especial a la comunidad de Cocucho, para exhortarla a mantener la calma, al tiempo que informa que el operativo interinstitucional se mantendría en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
El C5 del Gobierno del Estado informa sobre bloqueos en las carreteras Carapan-Zacapu, a la altura de la comunidad de Acachuén; Jacona-Los Reyes, en la comunidad de La Cantera; San Juan Tumbio-Carapan, en Sevina; Carapan-Cocucho, a la altura de la comunidad de El Coyote; y Patamban-San Isidro, aproximadamente a un kilómetro después de Patamban.
Día 19: Ostula, municipio de Aquila
En la encargatura de La Cofradía, perteneciente a la comunidad de Santa María Ostula, a las nueve de la mañana inicia un ataque por parte de integrantes del CJNG, al que hace frente la Guardia Comunal, mientras las escuelas son evacuadas y la población se refugia en sus hogares.
A través de un breve posicionamiento, la comunidad de Ostula exige a los tres niveles de gobierno “que se pongan a trabajar y cumplan con la obligación de brindar paz y seguridad a toda la población”.
Día 27: Ostula, municipio de Aquila
Una vez más, la encargatura de La Cofradía es objeto de un ataque por parte del CJNG. De acuerdo con lo denunciado por la comunidad a través de sus autoridades agrarias y civiles, las agresiones ocurrieron en dos momentos: el primero por la mañana, de manera simultánea a un intento de elementos de la Secretaría de Marina por ingresar a la playa de la comunidad; y el segundo por la tarde, mediante el uso de drones y artefactos explosivos, lo que provocó daños en viviendas y vehículos.
Asimismo, acusaron que los recientes ataques sufridos por la comunidad a manos del CJNG han ocurrido con “la acción cómplice de la Marina Armada de México”.
Día 27: Huizontla, municipio de Chinicuila
La comunidad es objeto de un nuevo ataque por parte del CJNG, mediante el lanzamiento de al menos 12 drones con artefactos explosivos dirigidos tanto a viviendas como al Centro de Salud. Pese a los llamados de auxilio realizados a las corporaciones de seguridad, estas no acudieron para brindar apoyo a la población.
Día 28: Pómaro, municipio de Aquila
En la carretera federal 200, a la altura de la localidad de Colola, sujetos armados emboscan una camioneta oficial de Pómaro en la que viajaban Jerónimo García Flores y Lucas Flores Tolentino, jurídico y tesorero de la comunidad, respectivamente, quienes fueron asesinados.
En el vehículo también viajaban los profesores Felipe de Jesús Martínez Martínez, originario de la comunidad de San Antonio Tierras Blancas, municipio de Los Reyes, y Adelaida Zacarías Pascual, de Ocumicho, municipio de Charapan, a quienes les habían dado un “raite”. El primero también murió en el ataque, mientras que la segunda resultó gravemente herida.
Los hechos derivaron, el día 29, en bloqueos carreteros y quema de vehículos. Se registraron bloqueos en la Autopista Siglo XXI, a la altura de la caseta de Zirahuén; en la carretera Lázaro Cárdenas-Aquila, a la altura de Maruata; en la Zamora-Morelia, en el entronque de Gómez Farías; en la Carapan-Zamora, en el tramo ubicado en Acachuén; y en la carretera que atraviesa la comunidad de Sevina.
La comunidad de Pómaro denunció que, desde hace meses, cuando inició el proceso legal para transitar al autogobierno y ejercer su derecho al presupuesto directo, “comenzaron las amenazas en contra de nuestras autoridades comunales y civiles. Señalamos como presunto responsable intelectual de estas amenazas al presidente municipal José María Valencia Guillén, a quien no le conviene que los recursos que por ley corresponden a Pómaro sean administrados directamente por la comunidad”.
