Una serie de ataques en contra de comunidades indígenas deja cuestionamientos ante la indolencia oficial contra el crimen organizado
Raúl López Téllez
Bajo alerta máxima se declararon comunidades de la Meseta Purépecha ante la serie de ataques del crimen organizado y que en las últimos días han cobrado vidas de pobladores y defensores comunitarios.
Este 18 de mayo, en Charapan, sujetos se enfrentaron e incendiaron vehículos en los accesos a la cabecera municipal. Un día antes, en Sevina, en el municipio de Nahuatzen, un ataque dejó a dos elementos de la Kuaricha o Ronda Comunitaria asesinados. También el 17 de mayo, en la comunidad de La Cantera, en el municipio de Tangamandapio, fueron desaparecidas 10 personas.
El 6 de mayo, en la comunidad de Acachuen, en el municipio de Chilchota, en la Cañada de los Once Pueblos, dos comuneros – Amador Flores Olivos y Pablo Cortés Vallejo-, fueron abatidos en la incursión de un comando del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Otras comunidades además de las citadas, son señaladas en estos días por pobladores como blanco del acecho criminal: Patamban, San Isidro y San Antonio Tierras Blancas, en Los Reyes.
En estas y otras acciones delincuenciales, de acuerdo con denuncias de los propios comuneros, la ausencia de la autoridad ha sido la constante, antes, durante y después de los acontecimientos.
“Los discursos y la falsa imagen de un Estado de Derecho en Michoacán han sido eso, meramente discursos, sigue gobernando un poder que ve en la organización comunal y difícil de corromper un enemigo. Consecuentemente busca la forma de atacarnos y debilitar nuestro progreso”, señala un posicionamiento del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) a raíz de los hechos en Sevina, donde perdieran la vida Jesús Alvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero y otro guardia comunitario quedara gravemente herido.
De acuerdo con el CSIM, más de una decena de comunidades indígenas se encuentran bajo el asedio del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde hace varios años, situación que no solo se limita a los pueblos purépechas, sino también a los nahuas de la Sierra Costa donde queda como secuela la desaparición y asesinatos de defensores ambientales y comunitarios.
Fue hasta este 18 de mayo, luego de los hechos en Charapan, que el gobierno estatal dio señales de vida respecto al tema, aunque solo para indicar que la situación estaba “bajo control y sin situaciones de riesgo para la población, luego de que un grupo delincuencial intentara desestabilizar la zona, tras un ataque registrado contra una base de Kuarichas en la comunidad de Sevina”.
Indolencia oficial
Tras señalar que Michoacán se encuentra bajo “una crisis de inseguridad e injusticia sistémica, es un laboratorio de políticas públicas fracasadas”, el CSIM plantea en un documento que en la entidad “actualmente se desarrollan cinco `Planes de Justicia`: ´Plan Michoacán´; ´Plan Lazaro Cardenas del Río´; ´Plan de Justicia P’urhépecha`; ´Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda´; ´Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano´, sin embargo, diariamente siguen desapareciendo, asesinando y extorsionando a cientos de michoacanos y habitantes de los pueblos indígenas ¿Dónde está la justicia que tanto anuncian en sus conferencias?”.
Respecto a las demandas de Acachuén, que en días anteriores al ataque del CJNG solicitó una audiencia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el CSIM cuestiona: “¿por qué hay tanta insensibilidad del Gobierno del Estado para atenderlos directamente? ¿Por qué discriminan a la comunidad de Acachuén?”.
El Consejo Supremo le exigió al gobierno estatal “que cese de mantener su doble discurso, pues por un lado su propaganda oficial dice apoyar a los pueblos indígenas, pero en la práctica sus funcionarios son totalmente incapaces de atender y solucionar la problemática que existe en las comunidades como lo es la Secretaría de Educación y el Instituto del Transporte del Estado, que en lugar de resolver complican los problemas existentes”.
En las redes, suben de tono los reclamos a esta ausencia gubernamental: “Esto no es un llamado suave, es urgente. Hay que organizarnos y hay que defender la vida, hay que actuar ya. Y lo digo con firmeza, Yo me sumo a hacer lo que se tenga que hacer y a tomar las acciones que se tengan que tomar”, llama un comunero.
“Desde las comunidades también hay que organizarnos, hay que reforzar la seguridad, hay que reforzar las barricadas, hay que organizarnos y cuidarnos entre nosotros, hay que defender la vida y el territorio”.
El 10 de mayo, habitantes de Huancito, Uren, Tacuro, Santo Tomás, Tanaquillo, Zopoco y Acachuén, comunidades de los 11 pueblos, dieron un ultimátum a los gobiernos estatal y federal para que intervengan y detengan “la invasión y destrucción de sus juventudes y la gente de sus pueblos por parte del crimen organizado”.
El mismo CSIM advierte a las autoridades a partir de los hechos en Sevina que, “nos declaramos en estado de alerta máximo y nos reservamos el derecho a actuar y organizarnos, toda vez que no vemos en el Estado Mexicano pueda hacer tal acción”.
Portada: Movilización de comuneros por el asesinayo de dos pobladores en Acachuén | Fotografía: Consejo Supremo Indígena de Michoacán