Más allá de la ficción pro indígena del bedollismo, Acachuén ha evidenciado la crisis de inseguridad y desdén gubernamental en la Cañada de los Once Pueblos
Patricia Monreal
Desapariciones, extorsiones, presencia delincuencial, robo de vehículos y en el transporte, es parte de la realidad que enfrenta la Cañada de los Once Pueblos en Michoacán. La violencia persistente en la región, permanece oculta en los discursos y fotografías que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla difunde para publicitarse como aliado de las comunidades indígenas.
El seis de mayo pasado, un grupo de hombres armados atacaron la comunidad de Acachuén, lo hicieron cuando los comuneros se encontraban reunidos al pie de la carretera, inconformes por las amenazas de la delincuencia organizada a sus habitantes para controlar el comercio en la comunidad. Dos adultos mayores asesinados y uno herido, fue el saldo de la incursión, en donde la Policía Municipal de Chilchota tuvo intervención, no para defender a los comuneros, sino para proteger a los atacantes, según lo denunciaron los afectados.
Alfredo Ramírez Bedolla no ha emitido postura alguna al respecto, ni ha condenado los hechos, por el contrario, frente a la protesta realizada mediante bloqueos carreteros por Acachuén e integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) este once de mayo, la respuesta gubernamental fue enviar a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a uno de los puntos de protesta: la caseta de Zirahuén.
Frente a su silencio, el gobernador fue cuestionado en una de las ruedas de prensa que realiza cada lunes. Al requerírsele una postura sobre los motivos de la toma de cinco carreteras, lacónico, el mandatario aseguró: “hay acercamiento y diálogo permanente, hay mesas de trabajo todas las semanas”, fue todo.
El panorama
En Chilchota, municipio que es gobernado por la morenista Alejandra Ortiz Suárez, tienen presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos, y pese a la violencia que ejercen sobre el territorio, no ha sido prioritario ni foco de atención en las acciones para combatir la inseguridad que se han instrumentado en el estado.
Chilchota y sus diez localidades indígenas que –junto con Etúcuaro, municipio de Tangancícuaro- conforman la Cañada de los Once Pueblos, no fueron mayormente considerados dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia echado a andar por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en noviembre de 2025, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
La previsión en Chilchota fue en obras para la conservación y modernización de carreteras federales y estatales, en donde están incluidos otros 43 municipios, todos en paquete. De manera particular Chilchota se le contempló sólo para la rehabilitación de dos kilómetros de caminos artesanales, nada más.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, consigna entre 2016 y 2021 –años en que gobernó Silvano Aureoles Conejo-, siete personas desaparecidas en Chilchota de las que no se volvió a saber nada; durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla –de 2022 a la fecha- suman 29. En 2022, desaparecieron tres; en 2023, diez; en 2024, cinco; en 2025, diez; y en 2026, va una.
El siete de mayo la Coordinación de Comunidades de la Cañada de los Once Pueblos, en un comunicado de apoyo a Acachuén, denunció “la inseguridad que se vive en nuestra región, no podemos seguir viviendo así, en la inseguridad, la incertidumbre y el temor día con día; porque mientras el gobierno anuncia que el Plan Michoacán avanza con éxito, la realidad es que en varias regiones la inseguridad se ha agudizado.
“No es un hecho aislado la ola de violencia e inseguridad que se vive en la Cañada de los Once Pueblos, camiones y vehículos son robados con violencia por grupos armados a plena luz del día, las comunidades vivimos asediadas por la delincuencia”.
En el marco del bloqueo de cinco carreteras realizado por las comunidades este 11 de mayo, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, emitió un posicionamiento en el que denuncia que la entidad se encuentra inmersa “en una crisis de inseguridad e injusticia sistémica, es un laboratorio de políticas públicas fracasadas, toda vez que actualmente se desarrollan cinco ‘Planes de Justicia’: Plan Michoacán; Plan Lázaro Cárdenas del Rio; Plan de Justicia P’urhépecha; Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda; Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano, sin embargo, diariamente siguen desapareciendo, asesinando y extorsionando a cientos de michoacanos y habitantes de los pueblos indígenas ¿Dónde está la justicia que tanto anuncian en sus conferencias?”.
Oídos sordos
El silencio fue la respuesta del Gobierno del Estado frente a lo ocurrido en Acachuén y los bloqueos de protesta en las carreteras Zacapu–Zamora, en la desviación a Purépero; Pátzcuaro–Uruapan, en San Juan Tumbio; Paracho–Uruapan, en Paracho; autopista Morelia–Lázaro Cárdenas, en la caseta de Zirahuén; y Cherán–Zamora, en la comunidad de Acachuén.
La única reacción de las autoridades fue enviar antimotines para dispersar el bloqueo en la caseta de Zirahuén.
Frente a ello, el CSIM determinó llamar a asamblea de todas las comunidades que lo integran para acordar acciones más contundentes.
Por su parte, Acachuén tras una asamblea, emitió un pliego de exigencias prioritarias con tres puntos centrales: seguridad permanente y presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), mediante la instalación de un destacamento permanente dentro del territorio de la comunidad para disuadir nuevas incursiones delictivas; la reparación del daño vía indemnización para las familias de los dos comuneros asesinados y la cobertura total de gastos médicos del comunero herido; y el apoyo institucional para la creación y formalización de la Guardia Comunitaria, incluyendo adiestramiento táctico y la dotación de armamento reglamentario para que el pueblo ejerza su legítima defensa de manera coordinada.