“…los teleféricos son, más bien, una infeliz y onerosa ocurrencia para paliar la medianía de gobiernos que brillan por su grisura”
Rogelio Josue Ramos Torres
Desde un Par de Pedales
Se sabe, y hay ejemplos, de que un teleférico no es necesariamente una mala inversión pública para zonas urbanas con determinadas características. Sin ir muy lejos, la Ciudad de México tiene actualmente tres líneas de cablebús y otras más en planes que, en su conjunto, contribuyen a atender las problemáticas de movilidad que rebasan al funcionamiento de los otros sistemas de transporte público con que cuenta la urbe.
Es decir, el sistema de movilidad por cable ha venido, en ese caso, a complementar la operación de otros sistemas como el metro, el Metrobús, EcoBici, Tren Ligero, etc., cuya capacidad sigue siendo rebasada por la demanda y, como última medida, se ha recurrido a la opción del transporte por cable. El problema con los teleféricos que se construyen actualmente en Michoacán, es que el gobierno no se preocupó por agotar los pasos previos. Tampoco podemos conocer la demanda real que debería fundamentar el proyecto pues las autoridades decidieron reservar (eufemismo legaloide de ocultar) esta información.
Por lo tanto, no podemos conocer a ciencia cierta porqué el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla prefiere apostar por un medio de transporte que, según lo hacen constar múltiples estudios, no tiene la capacidad para mover el mismo número de personas que movería, por ejemplo, un buen sistema de transporte articulado, cuya inversión es, por cierto, considerablemente menor. Por todo esto, lo que queda es la sospecha de que los teleféricos son, más bien, una infeliz y onerosa ocurrencia para paliar la medianía de gobiernos que brillan por su grisura.
Una ocurrencia compartida por el gobierno de Puebla, en donde los grupos de activistas que se oponen al dispendio de la obra sostienen que el problema es que los gobiernos improvisan iniciativas que resultan mediáticamente impactantes, sin antes haber estudiado la problemática a fondo, lo cual contraviene el proceso de construcción de políticas públicas que un tomador de decisiones estaría obligado a observar. Es decir, los gobiernos de Puebla y Michoacán primero inventaron la solución, y luego buscaron aplicarla sin tener claro dónde está exactamente el problema.
En Puebla, la iniciativa se ha topado de frente con un bloque de ciudadanía organizada que entiende bien de movilidad, y que, pese a sufrir embates vergonzosos provenientes de los medios orgánicos a sueldo, ha confrontado a los proyectos con argumentos que, hasta hoy, nadie el gobierno de Alejandro Armenta Mier puede rebatir con seriedad. En Michoacán, la incipiente oposición al teleférico fue barrida de raíz con un sello muy michoacano, cuando un hasta ahora misterioso gatillo acabó con la vida del abogado Isidro Ramos Sandoval, quien encabezaba la protesta social frente a la obra.
El hecho emitió un mensaje para dejar claro y sin cortapisas que aquí no estamos en Puebla, y el confrontarse con los intereses de los poderosos se paga en esta tierra con la muerte. Por lo demás, el asesinato contradice fehacientemente la patina verde con la que la habitual pobreza argumentativa del mandatario y de su hasta ahora irrelevante secretaria de desarrollo urbano y movilidad pretenden colorear la obra. Basta tener presente que la inconformidad que condujo a la muerte de Ramos Sandoval surgió de los daños ambientales provocados por el proyecto, lo que significa que no, no es precisamente el cuidado ecológico lo que le interesa al gobernador y a sus secuaces.
Tampoco le importa, ni a él ni a su secretaria graduada al vapor de experta en movilidad, la atención a los problemas que morelianos y uruapenses padecen injusta y cotidianamente cada vez que se mueven por sus ciudades. La prueba es el desprecio palpable sobre todo por quienes no pueden costearse un automóvil, y a quienes la inoperancia, por no decir la connivencia, gubernamental, condena al uso de sistemas de transporte concesionados en los que la calidad del servicio llega a rivalizar, e incluso a perder, frente a la del transporte que mueve ganado. Cualquier ciudadano de a pie en Michoacán conoce la pésima calidad de estos servicios, resultado, también lo saben muchos, de los acuerdos y compadrazgos que ayer y hoy apuntan, por un lado, a enriquecer a los concesionarios a costa de la explotación de los choferes, y, por otro, a que el funcionario en turno asegure el voto de ese gremio. Esquemas que, hasta ahora, permanecen intactos endosando al usuario, a la ciudad y al medio ambiente sus peores consecuencias. Efectos de los que, por cierto, es difícil percatarse desde los mullidos asientos reclinables y el aire acondicionado de una suburban.
Todavía, el desgarbado gobierno bedollista podría alegar el beneficio de la duda y decir que su voluntad de aportar soluciones eficaces al problema de la movilidad es real. Sin embargo, es el mismo gobierno el que cierra la puerta a esta posibilidad cada vez que su titular aparece con bombo y platillos en mano para presumir la construcción de obras faraónicas, justificadas con un discurso anclado en las políticas desarrollistas de los años setenta del siglo pasado. En una época en la que las vanguardias en materia de movilidad se preocupan por echar a andar medidas orientadas a devolver a las ciudades su dimensión humana mediante medidas como la de la peatonalización de las calles, la limitación del uso del automóvil, el ensanchamiento de los espacios públicos accesibles, etc., el gobernador y su secretaria optan por sonreír a la cámara mientras cortan listones frente a toneladas de hormigón financiadas con el dinero del pueblo que aplastan ese tipo de posibilidades.
Hoy a nadie que conozca medianamente del tema se le ocurriría que pasos a desnivel, puentes vehiculares, distribuidores viales, segundos anillos periféricos, son inversiones encauzadas social y ecológicamente. Hay, dentro del gobierno de Michoacán, quien sabe bien que son otras las rutas que deberían tomarse para abordar propositivamente el tema de la movilidad, pero no son esas voces las que llegan a oídos de los tomadores de decisiones. Lo confirma la construcción de obras como las antes mencionadas, que desnudan, más bien, por enésima vez, la vocación que tienen los gobernantes para supeditarse a la clase capitalista que se enriquece sepultando el medio ambiente bajo lozas de concreto, y vendiendo automóviles a diestra y siniestra.
Porque si ese tipo de obras ha demostrado tener un resultado efectivo, ese es el de garantizar a desarrolladores y vendedores de vehículos el futuro de sus negocios. A los primeros, brindándoles la posibilidad de acceder a nuevos espacios para asentar el negocio de la construcción y las inmobiliarias que los últimos treinta años han devastado los cinturones verdes de las periferias urbanas; a los segundos, mediante las sutilezas de la demanda inducida, una estrategia basada en el abandono del transporte público y la destrucción de las condiciones necesarias para implementar formas de movilidad alternativas, orillando, en consecuencia, a las personas a adquirir un automóvil.
En suma, en tiempos en los que los debates están discutiendo aspectos como la posibilidad de recuperar la capacidad de movilidad humana, de reducción de las distancias y las velocidades con las que nos movemos, de desescalar el consumo de energías fósiles que está masacrando el medio ambiente, de despatriarcalizar el modelo energético, de emprender transiciones social y ambientalmente justas, etc., el gobernador de Michoacán y su improvisada secretaria vienen a machacarnos obras que, por un lado, son probadamente ineficaces y excluyentes, y, por otro, carecen de información y fundamentos que permitan auspiciar su éxito.
Por el contrario, la construcción del teleférico constituye, como dicen los geógrafos críticos, el trazo de una línea que más que indicar a las personas por donde moverse, les señala por donde no hacerlo. El teleférico, en este sentido, es el mensaje implícito de un gobierno que rehúye a su responsabilidad de intervenir en la regulación del espacio público y en el diseño de un transporte público digno, seguro y accesible para las franjas más vulnerables de la población. Ese mensaje dice que la autoridad no tocará la cultura del automóvil privado que está colapsando a las ciudades michoacanas y cuya voracidad no deja de exigir más pavimento, más combustibles y sí, también más dinero de las arcas públicas. Ese mensaje dice que antes de hacerlo se pavimentarán los valles y se perforarán las montañas que se requiera, dice que se tenderán puentes vehiculares sobre humedales, barrios y parques si fuera necesario. Ese mensaje ordena tácitamente la prioridades, y entre estas no, no están primero los pobres.
Luego entonces, es difícil concluir que Alfredo Ramírez y su gobierno construyen teleféricos para el pueblo, o para el cuidado del medio ambiente, o para mejorar la movilidad en las ciudades. Su proceder se apega, más bien a las lógicas populistas que apuestan a la espectacularidad de obras buenas para la foto, pero socialmente estériles. Ese proceder tiene como beneficiarios reales a empresas constructoras y a las pocas familias de desarrolladores y de distribuidores de vehículos en el estado. Sus acciones juegan a favor de los intereses que ven en la movilidad un negocio y no un derecho, alimentan, por tanto, las lógicas condicionadas por el privilegio que dicen que, para que una persona se traslade libremente, segura y con comodidad, tiene que pagar más.
Es para satisfacer esos intereses a donde va dirigido el teleférico, una obra que en sí misma dice que el gobierno hará lo posible por mantener el estado de las cosas, que antes de si quiera pensar en democratizar el espacio público e incomodar al automovilista promedio, prefiere poner a las personas a circular por los aires. Una mirada alineada plenamente con las lógicas de los mercaderes de la movilidad, para quienes una persona que se desplaza sin consumir combustibles fósiles, es un estorbo al que hay que retirar de la vía.
Y bueno, tampoco se puede ignorar la sospecha que circula ampliamente por diversos círculos de opinión y que sostiene que, ante la falta de lustre y la incapacidad que el gobierno michoacano ha exhibido en múltiples materias, el teleférico es antes que nada un guiño a la presidenta y a las instancias centrales de Morena. Un grito sordo con el que la administración bedollista intenta borrar su pobre papel frente a la inseguridad, que llevó a la creación del Plan Michoacán, y busca demostrar que es capaz de emprender iniciativas propias. Ese suplicante gesto pueril del niño que se aventura a dar su primeros pasos para llamar la atención de los padres. Un gesto que, en este caso, va a costar demasiado a los bolsillos de los michoacanos, y que, podemos ya anticipar, sólo confirmará a los destinatarios lo que ya saben: que, de caminar, la cúpula del gobierno michoacano no entiende gran cosa.
Fotografía de portada: Teleférico operando en Uruapan. | Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gobierno de Michoacán
