Una visión “hipócrita” y lejos de lo que ha sido una administración que sanciona la crítica, fue considerado el texto publicado en Proceso con la firma de la rectora
Raúl López Téllez
Con rechazo y crítica, reaccionaron integrantes de la academia, del estudiantado y de seccionales sindicales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a los planteamientos formulados por la rectora Yarabí Ávila González en la revista Proceso, donde se dice víctima de hostigamiento de los tres poderes del estado en el contexto de la actual huelga del Sindicato Único de Empleados (SUEUM), iniciada el 20 de abril, y la cual señala como elemento de presión en su contra.
“La Universidad Michoacana no es propiedad de ninguna persona, ni de ningún grupo, ni de ningún partido. Es patrimonio del pueblo de Michoacán. Y el pueblo de Michoacán merece una rectora o rector que no mienta, que no simule, que no use la autonomía como disfraz de su propio autoritarismo”, puntualizan en un documento que integra las opiniones respecto a la publicación de Ávila, quien ha ejercido un rectorado sin considerar a la comunidad universitaria y con una política de acoso laboral enfocado hacia quienes critiquen su administración.
El pasado proceso de reforma universitaria y que desembocó en una nueva Ley Orgánica aprobada por mayoría en el Congreso del Estado en el 2025, se desarrolló sin incluir a sectores de la Universidad, como lo mandatan la Constitución y la Ley General de Educación Superior, imponiendo una simulación en recabar opiniones a modo, con la modificación al Régimen de Pensiones y Jubilaciones, además de una elección del rector o rectora sin el consenso de la comunidad y con la puerta abierta a su imposicón por el gobernador en turno, como ocurrió en el caso de la misma Yarabí Ávila, ex diputada priísta, primer secretaria de Educación en el actual gobierno e impuesta después por Alfredo Ramírez Bedolla como rectora, función que culminará el proximo mes de enero al cumplirse cuatro años de rectorado.
En el posicionamiento que incluye una serie de propuestas, y tras señalar que la publicación aparecida este viernes 24 de abril es “un texto que indigna por su hipocrecía”, destacan que además de denunciar “la intromisión de poderes políticos locales en la vida universitaria, se erige como defensora de la autonomía y alerta sobre un supuesto autoritarismo que amenaza a las casas de estudios superiores de todo el país”.
“No es posible que quien llegó a la rectoría mediante procesos oscuros, sin reglamentación alguna, bajo la influencia directa del gobernador en turno y con un perfil eminentemente político (fue Secretaria de Educación y diputada; no es una académica de carrera) pretenda hoy dar lecciones de autonomía y democracia universitaria. No es admisible que quien ha concentrado el poder, reformó la Ley Orgánica a su medida para ampliar sus facultades de manera discrecional, y ha perseguido a quienes discrepan de su gestión, ahora quiera darnos lecciones sobre la autonomía, la vida democrática y se presente como víctima del ´asedio externo´”, indica el documento.
Consideran en el documento que “la rectora se rasga las vestiduras por la supuesta intromisión de poderes estatales en la Universidad, pero olvida convenientemente que ella fue parte de esos poderes y está en el cargo gracias a una de esas intromisiones. Insistimos: su perfil es político, y de la vieja escuela (¿hay otra?), no académico. Su indignación es selectiva, una auténtica impostura.
“¿Dónde estaba su defensa de la autonomía cuando, desde el gobierno estatal, se diseñaban estrategias de control sobre la universidad? ¿Dónde está su defensa de la autonomía cuando, al interior de la Máxima Casa de Estudios, ha dado todo el espacio a uno de los candidatos a la gubernatura para que haga campaña velada? (en alusión al aspirante Raúl Morón Orozco) En esto no ha mostrado interés alguno en la autonomía. Al contrario: está utilizando la universidad como trampolín político, como otros muchos lo han hecho antes”.
El artículo, señalan, “habla del ´asedio´ de los poderes locales. Pero el verdadero asedio es el que ella misma ha ejercido contra funcionarios, docentes y trabajadores; contra las posiciones críticas; contra todo el que se atreva a disentir. Hay evidencias claras, prácticamente desde que asumió el cargo, de persecuciones, sanciones y amenazas a quienes no se pliegan a su línea. Es el modelo de autoritarismo que ahora denuncia. Claro. Sus propios actos desmienten cada palabra que pronuncia o escribe sobre democracia, autonomía y pensamiento crítico.”
Respecto a la huelga de administrativos y manuales, el documento plantea que “la rectora quiere hacernos creer que la huelga es un problema externo, una embestida política. Pero la realidad es que el movimiento laboral está inscrito en una confrontación entre diversos actores políticos. No hay inocentes en esta historia. Pero la rectora no puede lavarse las manos: su cerrazón, su rigidez y su obsesión por no ceder han prolongado el conflicto y erosionado la gobernabilidad.
“Pero, preguntémonos en serio si es verdad que vivimos un ´embate de poderes políticos locales contra la Universidad´, o más bien el embate es directamente contra la actual titular de la rectoría.”
En su parte final, el posicionamiento indica que “la autora termina su artículo invocando el pensamiento crítico, la resistencia, la historia de una Universidad forjada en la Revolución. Cita el lema: Crisol de pensadoras y pensadores. Cuna de heroínas y héroes”´. Pero ¿qué ha hecho por incentivar el pensamiento crítico? Lo ha perseguido. Lo ha silenciado. Ha convertido la crítica en motivo de sanción. Cualquier universitario o universitaria con dignidad puede dar cuenta de los múltiples episodios en los que la rectora ha aislado a quienes se le resisten y opinan diferente; ha destituido a quienes no desean ser cómplices; ha instruido a directores y autoridades para cerrar espacios a quienes ella considera rivales políticos, incluso en eventos académicos sin propósitos políticos evidentes”.
Las propuestas
En el conjunto de reacciones recabadas e integradas en el documento, se hacen las siguientes propuestas:
1. Que se dé a conocer de inmediato el reglamento para la elección de la rectoría, conforme al transitorio de la reforma universitaria. Sin simulaciones.
2. Que se instale un verdadero proceso de diálogo con el SUEUM (Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana) y con todas las organizaciones sindicales y académicas, privilegiando la negociación colectiva sobre la judicialización.
3. Que se rindan cuentas claras sobre las observaciones financieras de la Auditoría Superior de Michoacán (294 millones de pesos en transferencias sin comprobación) y sobre el manejo de los recursos públicos.
4. Que se respete la libertad sindical y se cesen las prácticas de intromisión en la vida interna de las organizaciones de trabajadores.
5. Que se atiendan las demandas, justas y necesarias, del Comité Legado Vindicación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyos integrantes exigen que se cubran adeudos por concepto de marchas, seguros de vida y prestaciones pendientes desde el año 2018 a familiares de docentes y empleados fallecidos.
6. Que se detenga la persecución de quienes ejercen legítimamente su derecho a criticar a la autoridad universitaria.
7. Qué se explique a dónde fueron a parar los 30 millones de pesos etiquetados que, según la propia rectoría, se recibieron en la Universidad para la construcción de la Clínica Universitaria y se transparenten los gastos de las obras en construcción que más están recibiendo recursos del presupuesto universitario.
Fotografía de portada: Protesta de sectores universitarios en marzo del 2025, en contra de la reforma a la Ley Orgánica impuesta por Yarabí Ávila González y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
