Una obra bajo el manto de la muerte, la represión, la opacidad y el lucro político, es la del Teleférico de Uruapan, joya del bedollismo en Michoacán
Patricia Monreal
Amparándose en el discurso del desarrollo, Alfredo Ramírez Bedolla ha logrado cristalizar una de las obras emblemáticas para su gobierno: el Teleférico de Uruapan. Ello pese al costo social, ambiental y de muerte que ha implicado para los habitantes del municipio.
La obra, con costo de 3,286 millones de pesos, se construyó aun con cuatro suspensiones definitivas otorgadas por un juez federal sobre diversas torres. El abogado Isidro Ramos Sandoval, representante de vecinos que promovieron amparos por afectaciones ambientales, pagó con su vida la batalla legal emprendida contra una obra edificada a punta de represión, acoso judicial, opacidad, autoritarismo y lucro político.
Alfredo Ramírez Bedolla, junto con el finado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y su hermano Juan, subsecretario de Gobernación del Estado, son los denunciados dentro de la causa penal 309/2025 por el homicidio del abogado, caso que permanece empantanado en la Fiscalía General del Estado.
Para la inauguración de la obra, el 18 de abril de 2025, el gobernador buscó sin éxito la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También activó la maquinaria estatal para el acarreo de gente al evento: la orden de 150 personas por dependencia fue dada el lunes 13 durante una reunión de gabinete ampliado.
Lucro y dudas
Aún siendo gobernador electo en 2021, Alfredo Ramírez proyectó la construcción del teleférico para Uruapan, según lo evidenció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en junio de 2025, cuando en una de sus mañaneras se le cuestionó sobre la inconformidad de los habitantes por la obra.
El mismo mes en que asumió la gubernatura, el mandatario -con apoyo del Congreso del Estado- reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública y creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), otorgándole facultades en materia de infraestructura de transporte alternativo, con lo que ha podido ejercer de manera directa presupuesto para la realización de obra pública.
Gladyz Butanda Macías, ocuparía la titularidad de la dependencia, desde dónde ha lucrado políticamente, promocionándose con las obras que se realizan, contraviniendo lo establecido en el artículo 134 de la Constitución General de la República que establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
El objetivo ha sido posicionar a Butanda como el perfil que suceda a Alfredo Ramírez Bedolla en la gubernatura del estado tras las elecciones de 2027. Todo ello con el respaldo del mandatario.
El Sistema de Transporte por Cable de Uruapan forma parte de las obras multianuales impulsadas por el bedollismo mediante un esquema de financiamiento triangulado, en el que las empresas constructoras son las responsables de contratar deuda con instituciones bancarias para la ejecución del proyecto, contando con el aval del Gobierno del Estado, el cual, tiene comprometidas anualmente partidas presupuestales dentro de Sedum, y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Scop), destinadas al pago de dichas obligaciones. Con este mecanismo, las autoridades estatales evitan contratar empréstitos directos con la banca y han podido promover las obras como realizadas “sin deuda”.
Antes del 26 de septiembre de 2023, que Alfredo Ramírez anunciara la construcción de un teleférico en Uruapan, la Sedum realizó a toda velocidad el proceso de licitación SEDUM-DOM-OBRAMULT-LP-015-2023, incluyendo convocatoria, visita al lugar, junta de aclaraciones, dictamen, fallo y firma del contrato. Todo en tres semanas.
Las empresas seleccionadas fueron la austriaca Doppelmayr y la mexicana Grupo Indi, ésta última con un historial de irregularidades. En el Tren Maya, fue la encargada de la construcción del tramo 3, en donde el 25 de marzo de 2024 un vagón se descarriló, y en el tramo que pasa por Playa del Carmen, recientemente se registró el hundimiento de pilotes que sostienen la vía férrea.
Doppelmayr ha sido beneficiada con adjudicaciones de obras con montos millonarios en tres entidades federativas: Michoacán, Puebla y la Ciudad de México.
Los 3.2 mil millones de pesos firmados con ambas empresas no son los únicos recursos públicos invertidos en el proyecto. Además se incluyeron 22 obras complementarias alrededor de las seis estaciones construidas: calles, espacios públicos, equipamiento urbano, entre otros. Al menos tres licitaciones más se realizaron para tal efecto con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM).
También se cubriría la indemnización a los propietarios de al menos cuatro predios por acuerdos de afectación que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado: del Mercado Central de Uruapan A.C., con un valor comercial de 22.8 millones de pesos; de Roberto Gutiérrez Cortés, por 2.4 millones; de Benjamín Medina, por 827.3 mil pesos; y de Edgar Alejandro Campos Espinoza, por 1.6 millones de pesos.
Cooptación, garrote y jaloneos políticos
“Aquí empezó a surgir el rumor de que iban a poner una torre del teleférico y que iban a derribar no sé cuántos árboles”, señala María de la Luz Ortiz Sandoval, habitante del Fraccionamiento Bosques de Uruapan -ubicado al oriente de la ciudad-, al recordar que los colonos nunca fueron informados que en su área de bosque se realizarían trabajos para instalar la torre 15 y se derribarían árboles.
Como en Bosques de Uruapan, la noticia empezó a correr en diferentes puntos de la ciudad, en donde los colonos poco a poco se fueron enterando de las afectaciones que tendrían con la obra.
Los primeros en inconformarse fueron los transportistas, al considerar que el teleférico afectaría su fuente laboral, por ello, en agosto de 2023 llamaron a la población a “luchar contra la obra”. El primero de octubre suspendieron el servicio para manifestarse en el evento de arranque de los trabajos, donde estuvo presente el mandatario; sin embargo, fueron recibidos a punta de tolete por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que derivó en un enfrentamiento.
La inconformidad de los transportistas fue diluida por las autoridades con dinero vía apoyos. Para ello, se anunció en diciembre de 2024, la creación de un Sistema Integrado de Transporte de Uruapan, del que hasta el momento no existe un acuerdo, convenio o documento oficial al que se pueda acceder públicamente para conocer su contenido. La medida contempló la incorporación de hasta 240 unidades nuevas, con inversión pública y esquemas de financiamiento compartido entre gobierno y concesionarios, según lo difundido en comunicados oficiales. Hasta el momento, sólo se ha anunciado la entrega de 80 unidades.
Durante su campaña por la presidencia municipal, Carlos Manzo buscó capitalizar a su favor la inconformidad que prevalecía sobre la obra, asegurando que había necesidades más urgentes en el municipio, que no se había informado adecuadamente a la ciudadanía, que carecía de transparencia y que se trataba de una imposición del Gobierno del Estado.
Ya como alcalde su postura cambió, e incluso el ayuntamiento cedió propiedad municipal para la realización de la obra, facilitando también maquinaria para los trabajos.
Tras el homicidio de un policía municipal, Carlos Manzo echó mano del teleférico para exigir el esclarecimiento de los hechos y un plan de seguridad para Uruapan con la participación de los tres órdenes de gobierno, para ello anunció la suspensión de las obras y se apersonó a una de las estaciones para colocar sellos de clausura. No obstante, las autoridades estatales reportaron que los trabajos continuaban.
El tres de noviembre de 2025, luego del asesinato de Carlos Manzo el día primero, las estaciones Presidencia y Plaza Ágora, fueron vandalizadas por seguidores del edil como protesta por lo ocurrido. Tales hechos no implicaron mayores retrasos en la obra.
Fue en los colonos en donde el Gobierno del Estado encontró la oposición real, no sólo a través de la protesta pública, sino también por la vía legal. Es ahí donde el Teleférico registró su costo de sangre.
Batalla legal y opacidad
“Hace tiempo vino una máquina y con una broca muy profunda, empezó a perforar hoyos como de dos o tres pulgadas y de una profundidad como de 20 o 30 metros; no sé cuánto sería. Era como el primer muestreo, no sé si para ver si encontraban agua o qué. Ya después vinieron con maquinaria a tronar el concreto de la calle”, refiere un vecino de la calle Culver City, fraccionamiento Quinta Hurtado, donde fue instalada la torre 44 sobre el arroyo vehicular y en la que luce una pinta de inconformidad grafiteada que señala: “Gobierno de mierda”.
Él recuerda cómo sus vecinos se organizaron para protestar y luego tuvieron el apoyo de un abogado al que finalmente asesinaron. Ya con la torre por encima de su propiedad, prevé abrir el techo de su casa para colocar un ventanal desde donde pueda ver el tránsito de las cabinas, para que al menos le sirva de entretenimiento.
Con el arranque de los trabajos, vecinos de diferentes colonias empezaron a notar, sin previo aviso, cómo serían afectados con la instalación de torres. En la calle Zacatecas, frente al portón negro de una cochera, la torre 30 fue construida obstruyendo el acceso; vecinos comentan que dejaron un vehículo dentro que ya no podrá salir, a menos que sea por piezas.
“Nos oponemos a la colocación de torres sobre el arroyo vehicular”, consigna una lona deslavada por el sol, colocada en la parte superior de la vivienda afectada. En el portón puede leerse: “Cochera, no estacionar torre del teleférico”.
La escena se repite en otros puntos, sobre la calle Rayón, puede observarse la torre 47 ocupando media vía por la que circulan los automóviles; su base es peculiar, por ser de la mitad del tamaño de la superficie que soporta la torre. El cableado de luz colinda con la estructura metálica.
Los habitantes de Uruapan advirtieron pronto, que el daño también tenía que ver con el medio ambiente por afectaciones al agua y al bosque.
Los estudios de impacto ambiental son un misterio, más allá de los dichos y las declaraciones de las autoridades, se desconoce el costo real que la obra ha representado para el ambiente.
En 2024, dos solicitudes de información arribaron a la Sedum requiriendo documentación sobre los estudios, proyectos y procesos de gestión de la obra; la Dirección de Obras de Movilidad determinó que estos no podían ser públicos, por lo que reservó la información en enero de 2025, decisión que fue confirmada por el Comité de Transparencia de la institución durante su tercera sesión extraordinaria ese mismo mes.
La misma lógica de reserva ha sido aplicada en la obra del teleférico que se realiza en Morelia, en donde por ese criterio, no es posible conocer el contenido de los estudios de impacto ambiental o si realmente se realizaron.
En el fraccionamiento Bosques de Uruapan, en donde la instalación de la torre 15 estaba prevista en el área arbolada que los colonos venían cuidando por años, la inconformidad creció entre la mayoría al ver en riesgo uno de los pulmones del lugar. Esa parte la constituyen áreas de donación para el municipio y el estado establecidas cuando el fraccionamiento fue creado, y que nunca tuvieron atención o mantenimiento por parte de las autoridades.
A través de asambleas, se acordó que la Asociación de Colonos, presidida por el abogado Isidro Ramos Sandoval, promoviera un amparo contra la obra que quedó registrado bajo el número 6/2025.
Fueron diferentes los argumentos esgrimidos en la querella, y sobre cuatro de ellos el juez sexto de Distrito, René Castro Lara, determinó inicialmente otorgar como medida cautelar una suspensión provisional en la instalación de la torre 15, que el 10 de marzo se volvió definitiva.
El juez concedió razón a la Asociación de Colonos en cuanto a que no se trataba de una obra preponderante de acuerdo al artículo 134 constitucional, así como por no estar en los planes de desarrollo del gobierno estatal ni del municipal; que el proyecto de la obra no es sustentable para la ciudad; que con la excavación, cimentación e instalación de una torre dentro del fraccionamiento Bosques de Uruapan se derribarían aproximadamente 50 árboles del “bosque urbano”.
Juan Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobernación del Estado, operó en Bosques de Uruapan -en donde reconoce tener amigos-, para que el amparo fuera desactivado. En una reunión que sostuvo con habitantes del lugar en la que no estuvieron presentes la mayoría de los colonos -que son los inconformes con la obra-, les sugirió convocar a una asamblea para que se desistieran de la querella, pese a que a lo largo del encuentro desestimó sus alcances legales.
También, el funcionario buscó generar dudas sobre el abogado Isidro Ramos, que de los cuatro amparos contra el teleférico, promovió dos, y el otro par fueron de dos particulares afectados.
“Voy a decir algo que a lo mejor no debería: muchos de los que andan promoviendo los amparos, incluso hasta gratis, nos han buscado por varias vías, al gobernador, al secretario, a su servidor y a otros funcionarios, para decir que ellos arreglan el tema a cambio de dinero, a cambio de notarías o a cambio de espacios en el gobierno, por eso traen los amparos gratis”, afirmó Juan Manzo, conforme al contenido de la grabación del encuentro.
Cuando Isidro obtuvo inicialmente la suspensión provisional del amparo de los residentes de Bosques de Uruapan, lo buscaron vecinos del fraccionamiento aledaño, Villas de la Fuente, porque ahí se preveía la instalación de dos torres.
María de la Luz narra cómo luego vinieron personas de otros puntos de la ciudad para buscar el apoyo de su marido, quien así transitaría a ser defensor legal de los afectados por las obras del teleférico, labor que realizó sin remuneración alguna.
“Me decía: ‘oye, me están buscando unas personas, un grupo del centro de la ciudad que quiere hablar conmigo’. Tenían reuniones cada miércoles; era un grupo grande de personas, unos representaban, por ejemplo, al tianguis Tariácuri, otros a los de los camiones, y así”.
En representación de 102 personas, Isidro promovió el amparo colectivo 787/2024 en contra del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del alcalde, Carlos Manzo, la titular de la Sedum, Gladyz Butanda, y 11 instituciones entre federales, estatales y municipales, así como a las empresas constructoras por la autorización y ejecución de obras sin cumplir la normatividad aplicable, incluyendo su desarrollo en zonas de protección aeroportuaria y áreas naturales protegidas como la Barranca del Cupatitzio, con afectaciones a ecosistemas, mantos acuíferos y arbolado; la falta de licencias, estudios, dictámenes y consultas, así como la emisión de permisos irregulares, omisiones en supervisión, ausencia de transparencia, incumplimiento de normas técnicas y ambientales, riesgos estructurales y la no suspensión de trabajos en zonas con valor histórico en el Centro de Uruapan.
También se ampararían contra cualquier acto de presión que se pudiera ejercer contra ellos para su localización, presentación o detención por la querella promovida. El juez de control concedería como medida cautelar la suspensión definitiva en diversos de los aspectos planteados en la querella, ordenando la suspensión de las obras para la construcción de torres en los puntos de afectación consignados en la demanda.
Tras el homicidio de Isidro, el Gobierno del Estado buscó que el amparo 6/2025 fuera sobreseído, petición que no procedió porque no había sido promovido a título personal, sino a nombre de la Asociación de Colonos de Bosques de Uruapan. El amparo colectivo 787/2024 continúa su ruta para la sentencia de fondo, en donde quienes lo promovieron han incluso sido objeto –a petición del Gobierno Estatal- de pruebas periciales para verificar la autenticidad de sus firmas.
La represión
La segunda quincena de marzo de 2025 fijó el destino de Isidro y su familia, Juan Manzo le había advertido que no se interpusiera, “porque aunque tengas las suspensiones, nosotros lo vamos a hacer. Y si no te retractas, vamos a abrir las bocacalles”, recuerda María de la Luz.
Refiere que no hubo amenazas directas, pero sí una serie de hechos que considera evidentes. Explica que, mientras estaban vigentes los amparos, todo transcurría con normalidad, aunque autoridades municipales y estatales acudían uniformadas al fraccionamiento e intentaban ingresar, lo que percibían como intimidación porque les decían que tomarían posesión del área. Su esposo informaba de estas situaciones a los vecinos, quienes decidieron continuar con la defensa del lugar, confiando en las suspensiones y en que se estaban vulnerando sus derechos y el entorno natural.
El 20 de marzo observaron cómo elementos de la Guardia Civil se apostaban en las inmediaciones del lugar, por lo que se decidió mantener el portón cerrado para evitar cualquier problema. María de la Luz recuerda cómo el día 22, alrededor de las siete de la mañana, observó gran presencia de Guardia Civil cerca del fraccionamiento y avisó a su esposo. Las autoridades ingresaron violentando el amparo, y pese a que Isidro les mostró la suspensión hicieron caso omiso. Los uniformados abrirían paso a la maquinaria del ayuntamiento.
El juez sexto de distrito de Uruapan, presentó ese mismo día una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la violación a la suspensión definitiva, lo hizo contra el gobernador, ya que los uniformados señalaron que por órdenes de él, se estaba realizando el operativo.
Las autoridades derribaron bardas, abrieron accesos y talaron los árboles utilizado maquinaria del ayuntamiento, lo que generó temor entre los vecinos. Isidro acudió con la Guardia Nacional para denunciar que se estaba violentando un mandato judicial, pero no obtuvo respuesta.
El lunes 24, a la hora de la comida, Isidro le comentó a María de la Luz que había recibido llamadas durante todo el día. Desde el sábado lo habían contactado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se promoviera una queja por la violación de derechos que se había dado contra los colonos. También le llamaron del ayuntamiento, para citarlo a una reunión con el alcalde Carlos Manzo al día siguiente.
“Cuando me dijo eso, yo sentí algo, le dije que no quería que fuera; él siempre tomaba sus decisiones, platicábamos y yo le daba mi opinión, pero ese día sí le dije: ‘¿y si te pasa lo que al periodista (Mauricio Cruz Solís)?, que lo citaron y luego lo mataron’, le dije que sentía que le podían poner un cuatro. Él me respondió: ‘¿cómo crees? Yo no estoy haciendo nada malo, todo es legal’, pero yo le insistí que no fuera”.
Para tranquilizar a María de la Luz, Isidro acudió acompañado al encuentro. Al llegar a la reunión, se llevó un mal sabor de boca al ver que Carlos Manzo no los iba a atender, que iba a ser un grupo de abogados mientras el alcalde permanecía sentado metros adelante, solo, frente a una mesa, observándolos.
En el encuentro los abogados le insistieron a Isidro no hablar con la CNDH; también buscaron deslindar al ayuntamiento de lo ocurrido el día 22 en Bosques de Uruapan, pese a que la maquinaria que se usó llevaba sus distintivos. Le pidieron no hacer nada ya que el día 27 estaba agendada una visita del gobernador con quien iban a hablar del asunto y así poderle dar una respuesta. A su casa llegó molesto y decepcionado.
“Luego me enteré por el secretario de la Asociación de Colonos, que mi esposo le comentó al salir de la reunión, ‘¿sabes una cosa?, creo que estamos tocando esferas muy altas, esto ya lo veo muy delicado’. Algo detectó él ahí, pero no me lo comentó seguramente para no preocuparme. Le dijo que si las cosas se ponían mal, si veían que había riesgo o algún tipo de ultimátum, lo mejor sería retirarse, porque no valía la pena poner en riesgo a la familia”, señala María de la Luz”.
La muerte
El 29 de marzo Isidro abordó su auto para recoger a tres de sus hijos menores de edad en la calle Tierra y Libertad, jamás se percató que un hombre en una motocicleta lo seguía. Al buscar estacionarse, uno de sus hijos, de 11 años, se acercó emocionado para mostrarle una playera que había comprado; el vehículo tenía el seguro puesto y bajó la ventana para escucharlo, como hacía habitualmente.
El hombre de la motocicleta, aprovechó la ventana abierta, introdujo la mano y le disparó directamente al corazón. Isidro intentó cubrirse por instinto, pero no alcanzó a reaccionar y murió al instante. Sus hijos presenciaron todo; él perdió la vida viendo al más chico.
Al recibir la llamada de su hija, María de la Luz pensó que alguno se había accidentado. No tardó en llegar al lugar, en el que -de manera inusual- la policía había hecho acto de presencia rápidamente.
Vio a isidro dentro del vehículo, parecía dormido, sin sangre visible, tenía los lentes puestos y las manos en posición tranquila. Ella lo abrazó mientras sus hijos lloraban y gritaban; uno de ellos entró en shock. En medio de la conmoción, ella volteó para gritarle a los uniformados que el gobierno era responsable.
Las autoridades acordonaron la zona y no le permitieron acercarse más. Luego acudió a presentar la denuncia ante la Fiscalía Regional, pero acusa que no hubo una investigación seria, sino preguntas y acciones orientadas a fabricar un culpable.
“Yo puse la denuncia directamente en contra de Carlos Manzo, de Juan Manzo y del gobernador Ramírez Bedolla, porque para mí eran los responsables”.
Tras el asesinato, comenzó la exposición mediática, Carlos Manzo, declaró que la familia contaría con el apoyo de su gobierno pero jamás hubo ningún contacto.
María de la Luz refiere sobre el agresor, que sus hijas lo describieron como un hombre delgado, de estatura media, vestido completamente de negro, con casco, guantes y algo parecido a un pasamontañas, que viajaba en una motocicleta negra con rojo. Solo pudieron verle los ojos y nadie logró identificarlo plenamente.
Una de sus hijas fue víctima de violencia en la Fiscalía General del Estado cuando fue llamada a declarar luego que se difundió que el autor material había sido identificado. Le entregaron una declaración ya redactada para que la firmarla y la obligaron a ver repetidamente un video del homicidio de su padre, fue para que memorizara la vestimenta del agresor y coincidiera con la declaración armada, la hicieron describir rasgos que ella no había observado en la persona que disparó porque traía pasamontañas, incluso la hicieron posar con la mano, señalando un casco blanco –no negro- para tomarle fotografías.
María de la Luz se duele del montaje de la Fiscalía que, de inicio se negó a entregarle copia de la carpeta de investigación. Fue hasta nueve meses después del homicidio, que tuvo acceso a ella.
Apunta que el asesinato de Isidro implicó también la muerte del movimiento que le tocó representar legalmente, ya que lo sucedido generó miedo entre los inconformes, incluso comenta cómo uno de los particulares que promovió un amparo, se desistió de éste y optó por mudarse de la ciudad.
Los dos amparos promovidos por Isidro con sus respectivas suspensiones, siguen vigentes, a la espera de que se emitan sentencias de fondo, lo que ocurrirá ya con el teleférico operando.
