Una presunta red en el Poder Judicial en la región de Zitácuaro habría afectado la justicia en el homicidio del periodista y otros muchos casos
Patricia Monreal
La impunidad que prevalece en el caso del homicidio del director del portal Monitor Michoacán, el periodista Armando Linares López -ocurrido el 15 de marzo de 2022- tendría como causa la presunta operación de una red de corrupción al interior del Poder Judicial en la región de Zitácuaro, en complicidad con agentes de la Fiscalía General del Estado.
Se han cumplido ya cuatro años del asesinato del comunicador, quien había alertado a las autoridades sobre el riesgo que corría su vida, situación que se agravó tras el homicidio de su compañero Roberto Toledo, seis semanas antes de que él fuera asesinado.
Sobre el caso, las autoridades detuvieron a dos presuntos implicados: el 23 de agosto de 2023, a Carlos Gerardo Sánchez Mendoza, alias “El 02”; y, dos años después, el 7 de agosto de 2025, a Magdiel Urbina Chimal. Ambos han sido señalados por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ninguno de los dos se encuentra actualmente en prisión: ambos obtuvieron su libertad por determinaciones de jueces en la región de Zitácuaro. Carlos Gerardo Sánchez Mendoza fue absuelto en marzo de 2025 por el juez de control Wilfrido Tapia López; mientras que, en el caso de Magdiel Urbina Chimal, el juez Carlos Alberto Zizumbo Zacarías revocó la prisión preventiva oficiosa, permitiéndole enfrentar su proceso en libertad.
El hoyo negro para la justicia en la región de Zitácuaro, no se limita al caso de Armando Linares; también abarca otros expedientes e involucra a jueces y personal del Poder Judicial, en una red de posibles complicidades y corrupción que ya es investigada tanto por la Fiscalía General del Estado -según lo ha declarado el fiscal Carlos Torres Piña- como por la Fiscalía General de la República.
Francisco Herrera Franco fue señalado en las investigaciones periodísticas de Armando Linares por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñaba como fiscal regional de Zitácuaro, durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán.
“Desde hace algunos meses habíamos estado recibiendo amenazas, a raíz de que empezamos a publicar información sobre el excandidato a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera. Hemos sido muy críticos con el gobierno municipal. Las amenazas comenzaron cuando, en el autogobierno que se acababa de formar, señalaron al fiscal regional que estaba aquí, Francisco Herrera Franco. A partir de ahí iniciaron”, declaró Armando Linares en entrevista el día en que fue asesinado Roberto Toledo.
En la elección de jueces y magistrados de 2025, Francisco Herrera participó como candidato a juez federal en materia penal en el Circuito 11. Fue postulado por el Poder Legislativo y apareció en los llamados “acordeones” utilizados por partidos de la Cuarta Transformación. Su participación le valió el mote de “El Juez del Terror” en medios de comunicación, y los llamados de organizaciones de la sociedad civil para que se revocara su candidatura no tuvieron efecto; finalmente, obtuvo el triunfo en la contienda.
De acuerdo con la información de las investigaciones sobre la red que operaba en la región de Zitácuaro, ésta era encabezada por Francisco Herrera, en su calidad de fiscal regional, y habría persistido incluso después de que fue reasignado por los escándalos y denuncias públicas en su contra.
En dicha red habrían participado jueces penales, jefes de unidad, ministerios públicos regionales y defensores de oficio.
A través de los jefes de unidad del Poder Judicial, los expedientes se asignaban a jueces específicos, generalmente en días de guardia, para contar con mayor margen de maniobra. Los asuntos de interés para la red se calendarizaban de modo que las audiencias quedaran en manos de los jueces involucrados.
Estas audiencias derivaban de solicitudes formuladas por ministerios públicos o defensores de oficio bajo diversos pretextos, como la solicitud de adelanto de prueba. Una vez definida la audiencia y asignados los jueces vinculados a la red, se decidía revisar temas distintos a los originalmente agendados, como la procedencia de la prisión preventiva o la reclasificación del delito por el que el detenido había sido imputado, entre otros.
Entre los jueces señalados como presuntos integrantes de la referida red se encuentra Wilfrido Tapia López, quien el 5 de marzo de 2025 determinó absolver a Carlos Gerardo Sánchez Mendoza “El 02”, al considerar que las pruebas en su contra como presunto responsable del homicidio de Armando Linares no eran contundentes, pese a la existencia de videos que lo vinculaban con el crimen.
En 2015, como juez tercero menor penal en Morelia, Wilfrido Tapia resolvió la libertad por falta de pruebas para procesar, bajo reservas de ley, dentro de la causa penal 12/2015 -proveniente del Juzgado Menor de Coahuayana- al líder de autodefensas Cemeí Verdía.
La decisión de Wilfrido Tapia de absolver a “El 02” derivó en una exigencia pública para que dicho juzgador no fuera asignado al caso de Magdiel Urbina. La Fiscalía General del Estado solicitó al Poder Judicial la designación de otro juez; por lo que la vinculación a proceso quedó en manos de una jueza de control.
En septiembre de 2025, el aún Consejo del Poder Judicial, en sesión de Pleno Extraordinario, dentro de los asuntos generales revisados, desahogó un acuerdo por el que estableció una medida provisional relacionada con el juez Carlos Zizumbo, por la manera irregular en que procedió en el caso de Armando Linares dentro del proceso 24/2022.
Ahí se consigna que Magdiel habría ordenado a José Luis N., trasladar al homicida de Armando hasta el domicilio de éste para asesinarlo, y luego retornarlo con él. La audiencia de vinculación a proceso estuvo a cargo de una jueza que determinó vincular a Magdiel y su prisión preventiva, ello luego que la defensa no presentara ningún argumento en contra.
El modo de operación de la red se ejemplifica en este caso, en el que el Ministerio Público solicitó una audiencia adicional para el desahogo de una prueba consistente en el testimonio de José Luis, bajo el argumento de que su vida corría peligro. El asunto fue calendarizado dentro del Poder Judicial y quedó en manos del juez Carlos Alberto Zizumbo, presuntamente vinculado a la red.
Zizumbo desestimó la prueba solicitada por el Ministerio Público y aprovechó la audiencia para revisar la prisión preventiva oficiosa dictada a Magdiel, revocándola y permitiéndole enfrentar su proceso en libertad.
Pese a irregularidades previamente documentadas, dentro del Poder Judicial se continuaban turnando asuntos a Zizumbo. En su contra existen tres expedientes archivados: dos por el delito de fraude (1037/MORELIAX/2007 y 314/MORELIAX/2011) y uno más por falsificación y uso de documentos falsos (675/MORELIA XIX/2011). Además, hay otro expediente abierto por el delito de simulación de pruebas (MOR/053/33713/2024).
En la Fiscalía General del Estado también enfrenta tres carpetas de investigación: una por violencia familiar, otra por denegación de justicia y una tercera (MOR/053/35421/2025), sin especificación del delito. Asimismo, cuenta con una orden de aprehensión, con fecha del 14 de julio de 2022, por el delito de lesiones derivadas de un incidente de tránsito.
Su historial se amplía con señalamientos sobre su actuación dentro de la referida red, que habría afectado el acceso a la justicia de diversas víctimas, incluida una menor víctima de violación, así como de personas a quienes se habrían impuesto sanciones mayores a lo usualmente previsto.
En tres casos documentados ante el extinto Consejo del Poder Judicial por los delitos de robo y despojo (149/2025, 224/2025 y 226/2025), tramitados por el mismo agente del Ministerio Público -de nombre José Antonio Gutiérrez Chávez-, dictó órdenes de aprehensión en asuntos que -según el acta del Consejo del 12 de septiembre de 2025- generalmente se resuelven mediante mediación o citación a audiencia.
En dos casos de abuso sexual (22/2025 y 44/2025), se programaron audiencias de sobreseimiento o revisión de medidas cautelares en fines de semana; en ellas, Zizumbo emitió sentencias por procedimiento abreviado y ordenó la libertad inmediata de los presuntos responsables.
En el caso 234/2025, por violación agravada, resolvió la no vinculación a proceso; en el 32/2025, por incumplimiento de la obligación alimentaria, ordenó el sobreseimiento; y en el 93/2025, por robo calificado, modificó la medida cautelar, ordenando la liberación inmediata del imputado.
Finalmente, el Consejo del Poder Judicial determinó en septiembre de 2025, como medida cautelar, la suspensión temporal de la actividad jurisdiccional de Zizumbo, quien, tras la renovación de jueces y magistrados, dejó de ejercer el cargo.
Otro juez que habría participado en la referida red es Fernando Javier Gámez Piñón, quien no ha intervenido en el caso de Armando Linares, pero sí en otros, como el de la periodista Ireri Rodríguez Soto, directora de Información de El Escudero de Tuxpan, víctima de tentativa de feminicidio y violación.
En la causa penal 119/2024, abierta por la agresión contra la comunicadora, Gámez determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Óscar N., ordenando su libertad inmediata.
Gámez fue secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial de Michoacán y también ha sido señalado por presunto nepotismo: su esposa se desempeña como secretaria de acuerdos en una Sala Civil, y dos de sus hermanas son trabajadoras de base como escribientes. Actualmente él continúa en funciones como juez y su periodo concluye en 2027.
