“Como si no fuera ya de por sí deleznable la larga lista de males que la ciudad moderna aglutina en países como el nuestro.”
Rogelio Josue Ramos Torres
Desde un par de pedales
El fuego y el miedo han inundado los diarios y las redes durante las últimas semana. Los disparos y las columnas de humo impregnan las firmas editoriales, los oxxos y los automóviles incendiados a mitad de las avenidas alimentan la crónica y las siniestras camionetas de los encapuchados apoderándose a toda marcha de las calles llenan páginas y páginas de reportajes. Las opiniones transpiran el temor y la zozobra provocados por pueblos y ciudades que de pronto enmudecieron para dar paso al eco de las sirenas de ambulancias y ráfagas de armas de grandes calibres. Escena violenta tras escena violenta componen el carrusel de imágenes con el que nuestras pantallas nos anuncian una verdad incómoda: que nuestras ciudades son también las del sicariato.
Ahí están, en esa certeza, las raíces del estremecimiento, las causas del miedo, las razones de nuestra incertidumbre. Pocas cosas tan desconcertantes para un ser vivo como el hecho de ser perfectamente consciente de que el lugar que ha elegido para guarecerse es también el de su depredador. Porque eso es lo que nos muestra la Guadalajara o el Puerto Vallarta de las imágenes de los últimos días, ciudades cuya vida pública ha sido presa de una sacudida de magnitudes sísmicas. Imágenes de ciudades en convulsión abrupta como la provocada por aquellas explosiones de 1992, heridas como en aquel septiembre de 1985, transmutadas en campo de guerra, amenazantes como las de cualquier país en conflicto armado. En suma, las imágenes de ciudades fracasadas como refugio para la vida humana.
Un fracaso que escenas como las del 22 de febrero ponen crudamente de manifiesto, pero que es tangible en muchos más ámbitos de la vida. Porque nuestras ciudades devoran a sus habitantes todos los días, solo que no siempre la modalidad violenta con la que lo hacen se despliega de forma tan aparatosa como cuando el estruendo de los tiros se eleva por encima de todos los demás ruidos urbanos. Una modalidad, por cierto, que desde 2006 hacia acá se volvió recurrente también en lugares como Michoacán. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, aquella otra noche fatídica, cuando el gobierno federal anunció la detención de Nazario Moreno y ciudades como Morelia y Uruapan se sumieron en una tarde y una noche lóbregas en las que los estallidos cimbraban el silencio sepulcral de las calles?
Entre las muchas preguntas que se pueden enderezar en contra de este tipo de acontecimientos, están aquellas que deberían también de conducirnos hacia la crítica de la facilidad con la que las ciudades se prestan a servir intereses tan antagónicos a los del bien público como lo son los del narcotráfico. Porque lo que vimos ese domingo 22 fue también al asfalto servir como vía para la imposición del terror, a los vehículos como herramientas para el sometimiento y a la gasolina como combustible para la muerte. Es decir, a la ciudad sirviendo como lienzo criminal, como madriguera de asesinos, como hábitat del hampa y, por lo tanto, como ratonera para el habitante promedio, como una jaula eficaz para convertirnos en rehenes de la pugna entre delincuencia y gobiernos.
Como si no fuera ya de por sí deleznable la larga lista de males que la ciudad moderna aglutina en países como el nuestro. Como si la contaminación rampante, como si los embotellamientos desquiciantes, como si la ruina de los cuerpos de agua que las atraviesan, como si la creciente siniestralidad vial, etc., no fueran fenómenos lo suficientemente alarmantes, se suma, ahora, el narco-disturbio urbano como el síntoma más claro de que habitamos ciudades repletas de intereses que nos están jugando en contra. Señales que nos alertan sobre la urgencia de reapropiarnos de ciudades que se nos escurren de las manos como arena, so pena de permitir que se vuelvan propiedad de unos cuantos, entre los cuales se encuentran también grupos criminales que las asfixian a voluntad sin encontrar mayor resistencia en contra.
Ante eventos como los que se desprendieron del operativo en Tapalpa, debería caber también la crítica en contra de la infraestructura pública de manera equiparable a como se hace cuando impacta un sismo o un huracán, en donde el equipamiento urbano se llega a volver una trampa mortal para las personas. Porque eso es en lo que se convierten las calles cada vez que las balas comienzan a volar y los galones de gasolina a arder, y un entorno así de inflamable es lo más contrario que existe a esas “ciudades inteligentes”, “ciudades santuario”, “ciudades educadoras” y demás etiquetas mercadológicas con las que los gobiernos intentan vendernos realidades que no existen. Ciudades así tendrían la capacidad inherente de inhibir las violencias, de prevenir riesgos y, en consecuencia, de proveer seguridad de manera espontánea. En otras palabras, la ciudad que es realmente segura no requiere de operativos militares, ni de desplegar miles de efectivos para librar batallas campales en contra de los criminales.
Lo que nuestro caso nos muestra es el de ciudades que reproducen esquemas selváticos de sobrevivencia en las que el interés del más poderoso es el que prevalece sobre todos los demás. Un juego en el que el ciudadano promedio siempre pierde y el favorecido se enriquece aún más. Porque cuando los criminales empuñan las armas y pisan los aceleradores para intimidar, el productor de combustible sigue ganando, el extractor de minerales sigue ganando, el fabricante de acero sigue ganando, el dueño de la fábrica de autos sigue ganando, la cementera sigue ganando, el gran constructor sigue ganando. Mientras que lo que se pierde son la tranquilidad, la seguridad pública y el tejido social, bienes depreciados por un industrialismo salvaje que hoy vemos jugar abiertamente en la cancha de los delincuentes acelerando, quizá, los procesos que sirven a los representantes de ese mismo industrialismo.
Porque a fin de cuentas ese tipo de violencia no deja de ser un fenómeno que consigue en pocas horas lo que la gentrificación y el despojo inmobiliario producen más lentamente: la fragmentación material de los espacios, el aislamiento de los grupos sociales, la desertificación de las plazas, el distanciamiento de las personas que se alejan de los espacios que deberían de existir para la convivencia, la cancelación de posibilidades para la organización, la inyección del miedo como elemento intimidatorio.
De ahí la licitud de preguntarnos hasta qué punto el crecimiento de la mancha urbana está marchando de la mano de la expansión criminal, hasta dónde llegan los vasos comunicantes entre el interés inmobiliario y las redes del narco, hasta dónde alcanzan los beneficios recíprocos que nutren por un lado industrias como la del asfalto y, por otra, a las mafias. Porque lo que el Jalisco del Mencho nos dice es que esos lazos que existen entre unos y otros, se extienden también al funcionamiento de la ciudad misma, la cual, en su configuración actual, se presta bastante bien para que los cárteles germinen, crezcan, se consoliden y refrenden su poder cuando esto es necesario.
Desde esta óptica, lo que vimos el 22 de febrero pasado pudiera no ser sino el corolario de una letalidad que sabemos es intrínseca a los procesos de obtención de búsqueda y obtención de las fuentes de energía que mueven a las ciudades. Los narcobloqueos pudieran entenderse, en ese sentido, como la más acabada expresión de un industrialismo extractivista, de un desarrollo económico parasitario y de avances tecnológicos que hemos adoptado como parte de nuestra cotidianidad bajo la creencia de que nos proveen beneficios, para de repente darnos cuenta de que hay en ellos un potencial destructor incontrolable.
Fotografía de portada: Jklugiewics | Pixabay
