Otomíes de San Matías El Grande, en el oriente michoacano, enferman y mueren por padecimientos renales a causa de la contaminación de la planta
Patricia Monreal
El agua fluye de los manantiales de La Mora y El Tejocote, en la comunidad otomí de San Matías El Grande. Es sábado y las mujeres están reunidas bajo las techumbres de los lavaderos, restregando la ropa; otras más, observan a niñas y niños juguetear y chapotear en el vital líquido, ese que, kilómetros más arriba, es contaminado con metales pesados por la geotermoeléctrica “Los Azufres” que administra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hace más de dos décadas que los habitantes de la comunidad empezaron a notar que los enfermos renales iban en aumento, los doctores les decían que era genético, por mala alimentación o descuido personal. Algunos comuneros empezaron a intuir que la enfermedad tenía que ver con el agua que consumen y con la geotermoeléctrica, sospecha que se acentuó hace tres años, cuando investigadores acudieron a realizar pruebas en sus manantiales.
“Las pruebas realizadas detectaron la presencia de metales; se encontraron partículas de arsénico, que fue del metal del que más se habló, aunque también se mencionó la posible presencia de plomo, pero en menor cantidad”, explica Roque Martínez Hernández, contralor del Concejo Comunal de San Matías, mientras muestra la porción del manantial de La Mora donde se llevaron a cabo los estudios. Actualmente, el lugar se encuentra bardeado y rodeado con malla ciclónica.
Desde ese punto y del manantial de El Tejocote que esta unos metros arriba de la pendiente, baja el agua para el consumo de los habitantes de San Matías, ese lugar es también, sitio de encuentro comunal, en donde la gente lava, se baña y los niños juegan.
En 2024 San Matías se convirtió en la primera comunidad otomí en Michoacán con autogobierno y ejercer a través de su Concejo Comunal el presupuesto directo que le corresponde del municipio de Hidalgo, al que pertenecen. A partir de entonces la preocupación sobre la calidad del agua en su territorio se profundizó, con acciones de exigencia a los gobiernos federal y estatal para la atención del problema.
Las sospechas sobre la contaminación del agua y las afectaciones que ha generado en la salud, se confirmaron en diciembre de 2025, al conocer el contenido del estudio “La enfermedad renal crónica: un enfoque interdisciplinario en salud física, ambiental y psicosocial en el oriente de Michoacán”, desarrollado por especialistas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) y del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado (ICTI).
Hace 15 o 20 años se dispararon los casos de enfermedad renal, apunta Roque Martínez, quien recuerda cómo investigadores y geólogos analizaron el agua, pero nunca hicieron públicos los resultados. Algunos académicos de la UNAM les recomendaron no hervirla, pues se activarían metales pesados, lo que generó dudas.
“Hoy que contamos con resultados verídicos e información de primera mano que señala que el problema está en el agua, nos atrevemos a afirmarlo y sostenerlo”, apunta en alusión al estudio realizado por la UMSNH.
La contaminación del agua y las afectaciones renales, no se concentran sólo en San Matías, también están presentes en las comunidades de San Pedro Jácuaro y San Isidro Alta Huerta. Tan sólo en San Matías, hoy día hay 50 pacientes renales identificados que requieren hemodiálisis.
Alejandra Martínez García, concejal de Salud en San Matías, explica que en el hospital regional hay 19 máquinas de hemodiálisis, pero solo 15 funcionan y dos son para urgencias. Sostiene que no cubren la demanda, pues se atiende también a otras comunidades, por lo que algunos pacientes pagan sesiones privadas de mil 500 a dos mil pesos, tres veces por semana, “es algo insostenible; un catéter cuesta unos cinco mil pesos. Muchos esperan hasta seis meses para ingresar y llegan con la enfermedad avanzada, ya con daños en pulmones, corazón, huesos y músculos”.
Para la gente de San Matías, es una falta de respeto que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirme que los problemas renales que padecen las comunidades del oriente se deben al consumo de refresco, con lo que –consideran- pretende encubrir sus propias omisiones, así como la responsabilidad de la CFE y su planta geotermoeléctrica.
“Somos un pueblo de artesanos dedicados a la alfarería; muchas veces la economía no alcanza ni para comprar refresco. ¿Cómo se explica que un niño de 10 o 12 años ya tenga esta enfermedad? No creemos que desde bebé haya consumido refresco. En adultos podría discutirse, pero en niños resulta poco probable, pero además, ahí están los estudios que muestran de dónde viene el problema”, señala Alejandra.
Asumir la enfermedad
Es sábado y en San Matías hay celebración: se inaugura la Feria de la Maceta y la plaza principal luce abarrotada de gente que observa el templete colmado de autoridades, danzas y discursos. Como parte del evento, Yolanda Romero sube al entarimado para mostrar al público el proceso de elaboración de una maceta. Seria y ensimismada en su labor, se le observa orgullosa de su destreza.
Ella es madre de ocho hijos, dos de ellos con enfermedad renal: Evaristo, de 26 años, y Viviana, de 20. Ambos nacieron con un riñón grande y otro pequeño; su hija, además, tiene problemas de habla.
A los 17 años, Evaristo comenzó con hinchazón en los pies y vómitos, hasta entonces era un joven sano, aficionado al fútbol y desarrollaba su vida de manera normal. Debido a la debilidad asociada a su enfermedad, desarrolló un problema en la cadera y dejó de jugar, los médicos decidieron no operarlo por el alto riesgo que implicaba la cirugía. Pasó varios meses sin poder caminar bien y ahora utiliza un bastón de madera para apoyarse. En una ocasión sufrió una baja severa de presión durante la hemodiálisis y fue hospitalizado de urgencia.
Cuando les informaron que Evaristo debía iniciar las hemodiálisis, Yolanda no sabía nada sobre la enfermedad. “Después entendí que es un tratamiento de por vida y que, sin él, podría morir. Actualmente mis dos hijos reciben eritropoyetina, ácido fólico y hierro; él acude al hospital dos veces por semana para la hemodiálisis, durante tres horas en cada sesión”.
Desde hace nueve años Evaristo es hemodializado. De inicio, ingresar al programa del Hospital Regional no fue sencillo: esperó cerca de tres años debido a la falta de máquinas. “Antes pagábamos en una clínica privada entre tres mil y tres mil quinientos pesos por sesión; pedía préstamos y vendía cosas para cubrir los gastos. Hoy estamos en espera de un trasplante, que es la única opción para mejorar su calidad de vida. La hemodiálisis solo lo mantiene estable”, apunta Yolanda.
Ella se culpaba por la enfermedad de sus hijos, pensaba que se debía a una mala alimentación durante su embarazo, también consideró que era hereditario porque en su familia materna ya existían enfermos renales. Reconoce que ha sido un proceso doloroso y costoso, “es una enfermedad muy dura, y nadie está preparado para vivir algo así”.
José Cornelio Martínez, dejó de hacer macetas cuando enfermó. Es un hombre de 30 años que hace cuatro empezó a sentir un cansancio extremo y cambios en su cuerpo. En su familia los muertos por enfermedad renal se han venido acumulando: una hermana, tías y un sobrino, tanto del lado paterno como materno.
Sus síntomas se agravaron con fuertes dolores de cabeza, al principio no quiso atenderse, y luego un médico le dio un mal diagnóstico diciéndole que lo suyo eran triglicéridos y colesterol altos. Tres meses después, en la clínica comunitaria le confirmaron que era insuficiencia renal y que necesitaba hemodiálisis de inmediato. “Yo me negué por miedo y por los gastos; con mi mujer apenas nos alcanzaba para comer y nuestro hijo tenía tres años, estaba chiquito”.
Tardó tres años en aceptar que le colocaran el catéter, Marta Estela, su esposa, lo llevó al hospital cuando ya estaba muy grave, logró sobrevivir. Previamente José sufrió una crisis hipertensiva, un infarto cerebral y perdió la vista de un ojo que hoy día con día va reduciendo su tamaño.
“Dejé de hacer macetas, ahora vendemos dulces y conservas; en una buena semana ganamos mil o mil trescientos pesos. Solo en pasajes al hospital gastamos 600, aunque la atención es pública, debemos comprar insumos cuando faltan. El trasplante es complicado, si mi esposa donara, nos quedaríamos sin apoyo para nuestro hijo, no tenemos recursos ni una red amplia que nos apoye; ahorita sigo en lista de espera, pero eso puede tardar en resolverse muchos años”, apunta José.
La gran contaminadora
La geotermoeléctrica “Los Azufres” es una de las más grandes del país, abastece cerca del 40 por ciento de energía en México. Tiene concesionados más de 150 kilómetros, y cuenta con 87 pozos, más de 56 pilas de enfriamiento y diez plantas generadoras, explican Pavel Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán –del que forma parte San Matías El Grande-, y Roque Martínez, del Concejo Comunal.
La planta es también la gran generadora de los problemas ambientales y sociales que padecen las comunidades aledañas. En el recorrido desde San Matías a la geotermoeléctrica, pueden observarse las grades tuberías a lo largo del camino, y en algunos puntos, instalaciones que desprenden vapores.
Los comuneros le atribuyen la contaminación del suelo, aire y agua, con impactos en la salud que han detonado por décadas las enfermedades renales en su territorio. El estudio realizado por los especialistas de la UMSNH confirmó con base científica la gravedad del problema, pese a ello, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla buscó demeritarlo el pasado 22 de enero, al calificarlo como un conjunto de datos que debía ser validado “científicamente por la CFE”.
“Nosotros vemos que el gobernador y la Secretaría del Medio Ambiente, en la práctica, están defendiendo a la CFE, cuando deberían estar del lado de los pueblos y de las comunidades. Se dicen un gobierno humanista, de izquierda y cercano a la gente, pero en los hechos están defendiendo los intereses de la Comisión, es una clara contradicción de su discurso”, apunta Pavel Guzmán.
Tras 30 años de operación de la geotermoeléctrica, los comuneros detectaron fugas derivadas de la falta de mantenimiento en las instalaciones, por lo que solicitaron a la CFE inspecciones en siete puntos —aproximadamente el 20 por ciento de sus instalaciones— donde se identificaron irregularidades como el manejo inadecuado de residuos tóxicos, fugas, pilas de enfriamiento sin recubrimiento adecuado y desbordamientos.
El 15 de enero de 2026, los comuneros emplazaron a las autoridades a atender el problema, y ante la falta de respuesta realizaron un bloqueo en las oficinas de la Comisión el tres de febrero, lo que orilló a las autoridades al diálogo y a realizar una primera inspección en el lugar. Se pidió a las comunidades, con anticipación, una lista de las personas que asistirían y de los puntos que deseaban visitar. En el recorrido participaron el intendente y el superintendente de la geotermoeléctrica, representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Secretaría de Salud y autoridades de cuatro comunidades.
Desde el amago de tomar la geotermoeléctrica por parte de las comunidades y el Consejo Supremo, la CFE ha comenzado a atender parte de la problemática, reconoce Pavel Guzmán; no obstante, señala que de manera sistemática se ha negado a reconocer su responsabilidad jurídica.
“Por un lado, la CFE no acepta su responsabilidad; por otro, el gobernador atribuye el problema a la supuesta ingesta de refrescos por parte de la población. Vemos una coincidencia entre el Gobierno del Estado y la CFE: uno no reconoce su responsabilidad por omisión y el otro no asume su responsabilidad por los 30 años que lleva contaminando”.
Refirió que la Comisión ha comenzado a corregir algunas irregularidades; por ejemplo, las pilas que no contaban con la debida protección de cemento o con una membrana que evitara fugas ya fueron atendidas.
Durante la revisión, las comunidades no pudieron comprobar la contaminación de los manantiales, ya que la inspección fue superficial. En ocasiones anteriores se habían realizado mediciones y pruebas de laboratorio, pero en esta visita no se contó con el equipo necesario. Por ello, se acordó solicitar formalmente nuevos puntos de inspección.
Frente a una amplia extensión de terreno, Roque Martínez muestra cómo las acciones de “reparación” realizadas por la CFE fueron, en muchos casos, simuladas. En ese sitio, el propietario permitió a las autoridades depositar residuos contaminados con arsénico, los cuales fueron mezclados con tierra y cubiertos de forma superficial, lo que afecta el suelo y el agua que pueda acumularse en la zona.
A un costado del acceso principal de la geotermoeléctrica se encuentra la enorme infraestructura de una de sus plantas, su sonido es imponente, el olor penetrante, y de los vapores del agua procesada, generan una muy ligera llovizna que es permanente en el lugar. A poco más de un kilómetro se encuentran los balnearios de aguas termales que son atractivo turístico en la región. Nueve kilómetros adelante, está San Matías el Grande, hasta donde fluye a los manantiales el líquido contaminado por la planta.
De los pozos extraen el azufre y lo procesan con turbinas y calderas para generar la energía eléctrica que se integra al sistema de la CFE, explica Roque Martínez, al finalizar ese proceso, el residuo líquido se deposita en pilas de enfriamiento. Según lo observado y documentado por las comunidades, ese líquido estaría contaminado con metales pesados la tierra y el agua.
“Ahí están las fumarolas y las evaporaciones que se generan, son inmensas; se puede percibir el olor que, la verdad, no se puede soportar ni siquiera por unos minutos. Todo esto se genera alrededor de las fumarolas y nosotros nos encontramos justamente en esta zona. Creemos que el aire que estamos respirando también está contaminado, ya no es simplemente CO2, sino que contiene otros elementos derivados de esta actividad, y esta es solo una planta y toda la contaminación que genera; ahora pensemos en las diez plantas en operación. La situación se vuelve aún más complicada”, refiere.
“Tradicionalmente, la gente de estas comunidades consume agua de los manantiales porque no tiene otra opción; ese es el problema”, apunta Pavel Guzmán. Subraya que, si el Gobierno del Estado no genera condiciones para contar con filtros o plantas purificadoras y, al mismo tiempo, critica que la población consuma refrescos, incurre en una contradicción, ya que no está ofreciendo alternativas reales.
Las comunidades afectadas, con el apoyo del Consejo Supremo, prevén recurrir a la vía jurídica. “Los abogados nos plantearon tres opciones: promover amparos ante el Poder Judicial, acudir a tribunales administrativos por la violación de normas y presentar quejas ante la Profepa. Lo más probable es que utilicemos al menos dos de estas vías. Los expedientes ya se están integrando”.
Proyectan que en la primera semana de marzo se presente el primer juicio en materia ambiental. “Les hemos pedido a los abogados del Consejo que no tengan miedo; así comenzamos también con los juicios de autonomía, sin experiencia. Si no abrimos camino, no avanzaremos, además, no confiamos en abogados externos, pues podrían ser comprados o cooptados”.
Pavel Guzmán recalca que lo que se busca es que la CFE reconozca su responsabilidad jurídica, que acepte el daño causado y que inicie su reparación de manera pronta y expedita. “Solo comenzaron a actuar tras la movilización y el emplazamiento que hicimos. Actualmente están advertidos que, si no continúan corrigiendo todas las irregularidades, tomaremos las instalaciones de la geotermoeléctrica”.
