Así lo ha declarado la ONU en su último informe: el planeta ha agotado sus reservas de agua dulce más allá de sus límites naturales
Leonor Solís
Ecodepresión
El mundo ha cruzado un umbral. Ya no hablamos de crisis hídrica, sino de bancarrota. Así lo define el informe publicado en enero de 2026 por el Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH). El documento advierte que la humanidad ha agotado no solo el «ingreso» renovable de agua dulce, sino también sus «ahorros»: acuíferos, glaciares, humedales y lagos que han sido explotados, contaminados y degradados más allá de su capacidad de recuperación.
Este nuevo diagnóstico implica un cambio de paradigma. Ya no es viable hablar de volver a la «normalidad hídrica». Nos enfrentamos a una pérdida estructural de resiliencia en muchos sistemas hídricos, lo que obliga a replantear cómo se distribuye, gestiona y protege el agua a nivel global. Según el informe, alrededor del 75 % de la población mundial vive en países clasificados como «inseguros hídricamente», y cerca de 4 mil millones de personas enfrentan escasez severa al menos un mes al año.
En regiones como Oriente Medio, Asia Central y Meridional, el norte de China, el Mediterráneo, el suroeste de Estados Unidos, el norte de México y partes del sur de África y Australia, la situación es crítica. En estas zonas, la sobreexplotación prolongada, sumada a la recarga limitada y a la contaminación, ha llevado a un colapso funcional de los sistemas hídricos. Ejemplos como las cuencas del río Colorado y el sistema Murray-Darling ilustran este deterioro.
Los indicadores respaldan esta advertencia. Desde 1970, el planeta ha perdido cerca del 30 por ciento de su masa glaciar, más del 50 por ciento de los grandes lagos han disminuido sus niveles y alrededor de 410 millones de hectáreas de humedales han desaparecido. Además, el 70 por ciento de los acuíferos principales presentan descensos crónicos. Este vaciamiento silencioso de los sistemas hídricos también genera hundimientos en zonas urbanas y rurales: se estima que más de 6 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre están afectados.
El impacto social y económico de esta bancarrota es profundo. Más de 3 mil millones de personas y más de la mitad de la producción mundial de alimentos se encuentran en regiones con almacenamiento hídrico inestable. Las pérdidas económicas por degradación de suelos, agotamiento de acuíferos y variabilidad climática superan los 300 mil millones de dólares al año. Además, se intensifican las migraciones y los conflictos vinculados al acceso al agua.
La agricultura, que utiliza más del 70 por ciento del agua dulce disponible, enfrenta un reto existencial. Actualmente, unas 170 millones de hectáreas de tierras cultivadas están bajo estrés hídrico severo. En este contexto, millones de agricultores intentan mantener la producción con fuentes de agua cada vez más escasas, contaminadas o salinizadas. Si no se transforma el modelo agroalimentario hacia uno más eficiente y justo, el colapso se expandirá aún más rápido.
Pero la bancarrota hídrica no es solo una cuestión de gestión ambiental: es también un problema de justicia social y política. Las poblaciones más vulnerables -campesinos, pueblos indígenas, mujeres y niños-, son quienes primero enfrentan las consecuencias del desabasto, la contaminación o la falta de infraestructura. Por ello, el informe hace un llamado a pasar de la «gestión de crisis» a la «gestión de la bancarrota», lo que implica rediseñar instituciones, reequilibrar derechos de uso, actualizar marcos legales y adoptar una gobernanza basada en cuencas y evidencia científica.
Aunque algunos especialistas consideran que el concepto de bancarrota podría ser exagerado o demasiado vinculado a contextos como el de Irán -donde nació la idea-, otros reconocen su utilidad para visibilizar el agotamiento de un capital natural clave. Como apuntó Gonzalo Delacámara, experto en economía del agua, el lenguaje financiero ayuda a entender que no se trata solo de escasez, sino de una mala administración estructural de un activo vital para la vida y el desarrollo.
La ONU insiste en que esta declaración no debe leerse como un acto de desesperanza, sino como un punto de partida para una transición urgente y justa. En lugar de intentar restaurar lo irrecuperable, debemos prevenir más pérdidas, proteger lo que aún queda y rediseñar nuestras formas de vivir con el agua. Esta agenda se vincula directamente con las Conferencias del Agua de 2026 y 2028 y con el Decenio de Acción por el Agua.
En tiempos de incertidumbre global, el agua sigue siendo un bien común. Su agotamiento no solo refleja un problema ambiental, sino un fracaso colectivo en garantizar un derecho básico. Frente a esta bancarrota, el desafío no es técnico: es ético. Aún podemos evitar que millones más pierdan el acceso al agua. Pero eso requiere asumir la gravedad de lo que ya está ocurriendo.
Ilustración portada: Luna Monreal
