UM: de clínica a barandilla

Obra y recursos bajo la opacidad, cuestionan académicos, atrás de la decisión de cambiar una clínica médica por un centro de justicia

Raúl López Téllez

Una violación a los objetivos iniciales y a los términos de contratación de obra con recursos públicos federales, implicará la decisión de la rectora Yarabí Ávila González, de reemplazar una clínica universitaria por un centro de mediación judicial en Ciudad Universitaria, advierten analistas y observadores académicos en la Casa de Hidalgo, quienes además destacan la falta de consenso y desdén hacia la comunidad universitaria.

La construcción de una clínica en las inmediaciones de Ciudad Universitaria fue anunciada en octubre del 2017, bajo el rectorado de Medardo Serna González. Desde entonces, el desarrollo del proyecto, actualmente en obra negra, ha transitado entre dilaciones presuntamente de la burocracia universitaria hasta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, como lo reconoció en días pasados la misma rectora a los recursos federales en dicha administración.

De acuerdo con Ávila González, quien ha sido criticada porque pese a la estrechez de las finanzas universitarias anunció la construcción de una alberca olímpica, en lugar de la clínica ahí operará el Tribunal Universitario, la Defensoría de los Derechos Humanos Nicolaitas, la Unidad de Atención contra la Violencia de Género y la Unidad de Mediación.

Según el contrato de obra pública UMSNH/LPM-02/PREG-20017/2017, celebrado en diciembre del 2017 entre la institución y Const & Abaco, S.A. de C.V., las erogaciones para el pago de la obra, 20 millones de pesos –de los cuales según una nota de La Voz de Michoacán del 8 de octubre del 2017 se contaba con un 40 por ciento de los recursos-, se originan de un convenio entre los gobiernos federal y estatal.

Por el origen de los recursos, señala Rubén Jiménez Páramo, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, la obra estaría supeditada a la Ley de Obra Pública federal, aunque estaría además supeditada a los ordenamientos estatales y del municipio. Para contratar obra pública, especifica, se señala legalmente que se debe contar con suficiencia presupuestal, aunque advierte que bajo una mecánica que se considera común, las autoridades plantean los proyectos sin contar con los recursos, con el riesgo de no disponer de los mismos en su totalidad y por ello, aventura, la construcción de la clínica podría haberse interrumpido desde hace años.

“El contrato debió haberse finiquitado de alguna forma”, indica al hacer notar que aplicación de recursos obviamente si los hubo, aunque por el estado de obra negra en el proyecto se advierte que fue interrumpido, sin dejar de advertir que el inmueble “debe tener especificaciones para ser una clínica”, tal vez su adecuación para el centro de mediación que anunció la rectora implique la aplicación de mayores recursos. “Ahora lo van a tener que adaptar”.

En la visión de Jiménez Páramo, se tendría que haber establecido otro contrato, ahora por la actual Rectoría, para desarrollar el proyecto de la unidad judicial que se plantea. El contrato firmado en el 2017, señala, deberá especificarse cómo queda, “si fue una rescisión de obra, terminación anticipada, si fue causa imputable al contratista o a la Universidad, que fue la que contrató”.

Se le cuestiona respecto a si el marco legal universitario contempla sanciones a ex rectores o ex funcionarios universitarios por irregularidades que impliquen uso de recursos públicos, más allá de las legislaciones anticorrupción vigentes en los marcos federal y estatal. “Atendiendo al origen de los recursos, aquí por ser recursos federales los que se aplicaron y si hubo irregularidades, tendrá que actuar la Auditoría Superior de la Federación; si fue del estado, la Auditoría Superior de Michoacán, independientemente de que la Universidad cuenta con una Contraloría interna”, además de advertir que en las últimas reformas a lo que era el Reglamento de Actualización Administrativa, ya se contempla como servidores públicos a los docentes y personal universitarios y como tales objeto de sanciones.

Deberá ser la propia rectora, indica el especialista, quien inicie una investigación en caso de presumir uso indebido de recursos, tanto ante las instancias de la misma Universidad, como recurrir a externas.

A reserva de verificarlo, precisa, “en materia de obra pública se debe exigir una fianza y si el contratista incumpliera se le aplican penalidades, haría que ver si se hizo efectiva la fianza si hubo incumplimiento del contratista, o que haya sido por una causa imputable a la Universidad” como falta de pagos ante cumplimiento del avance de obra.

Opacidad de Rectoría

Para el Observatorio Universitario Nicolaita (OUN), la repentina conversión del proyecto de la clínica en un centro de mediación se hace sin aludir de manera clara al presunto desvío de recursos federales aplicados al proyecto original.

Según el Observatorio, al inicio de la gestión de Ávila González, “se acusó, al menos ´en lo corto´, a la administración anterior de haber ´desviado´ 30 millones de pesos (10 millones más del presupuesto original) para esta obra. Desde hace tres años dijo que presentaría las denuncias correspondientes contra quienes resultaran responsables del mismo”.

Y cuestiona: “¿A qué universitarios consultó (la rectora),´caminando por los pasillos´, para cambiar un proyecto de salud vital por un centro de justicia? ¿Por qué no hay denuncias penales por esos 30 millones desviados que ella misma denunció? ¿Dónde está el aval del Consejo Universitario, los sindicatos y la comunidad universitaria en general, para este cambio radical si efectivamente tiene esa ´vocación democrática´?”,  aludiendo a los lemas de Ávila González expresados en su tercer informe de labores.

“Una Clínica Universitaria habría sido un beneficio invaluable para la comunidad nicolaita y un campo clínico esencial para nuestras facultades de salud (mismas que también han guardado un estruendoso silencio)”, destaca el OUN en un documento hecho circular con fecha 26 de enero.

“Priorizar un edificio para instancias cuyo actuar interno ha sido señalado por arbitrariedades, sobre un proyecto de beneficio social tangible, revela dónde están las verdaderas prioridades: no en el bienestar común, sino en otros intereses. Quizá haya sido un compromiso con el grupo que ha redactado los proyectos de nuevo Estatuto Universitario, nueva Ley Orgánica y el montón de reglamentos que han sido aprobados por un Consejo Universitario en el que el análisis y la crítica han brillado por su total ausencia. Como sea, será una factor más para mantener y profundizar el control absoluto que ha buscado desde que está al frente de la institución”, considera el OUN sobre las acciones de la rectora.

Imagen de portada: Consejo Universitario, hecho a un lado en el tema de la Clínica Universitaria | Fotografía: UMSNH