Regla de Tres

Comunidades bajo fuego en la Sierra Costa

Ante la indiferencia oficial, comunidades nahuas enfrentan desde hace una semana el ataque de grupos delincuenciales contra la población civil

Comunidades del municipio de Chinicuila en la Sierra Costa de Michoacán, enfrentan desde el 24 de diciembre el enfrentamiento directo de cárteles del narcotráfico donde solamente la guardia comunitaria ha logrado contener su avance, sin mayor intervención de autoridades federales y del estado en la zona.  

Pobladores refieren que desde la fecha hasta el momento se mantienen los enfrentamientos en las comunidades nahuas de El Pozo, Laguna de Calvillo, Ranchual, El Aguacate, La Ciénega y Estopila además de Coahuayula, lo que obliga a un cierre de acceso a las mismas, con la población obligada a refugiarse en sus casas y limitadas en sus movimientos por el sembrado de minas.

El asedio del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esta zona de la Sierra Costa es por los recursos naturales y mineros de la zona, aunque ha enfrentado la resistencia de los comuneros que por sus propios medios a través de la guardia comunal no han permitido el acceso a las comunidades, mismas que sin embargo reflejan el efecto de la amenaza criminal: pobladores desplazados, escuelas sin actividad constante, abandono de labores productivas por el sembrado de minas, desaparición de dirigentes sociales y ambientalistas, en una dinámica donde los llamados de auxilio no son atendidos.

“Desde el 24 de diciembre de 2025, empezaron los enfrentamientos violentos en contra de la población civil y la guardia comunal de Estopila, cerrando las terracerías de las comunidades, impidiendo la salida, dejándolos acorralados y sin poder salir, porque de hacerlo se encontrarían todas lasa minas terrestres que dejan a su paso violento, sin ningún tipo de seguridad por parte de las autoridades por más de una semana que llevan los ataques”, narran los pobladores en un comunicado enviado a los medios.

Demandan a las autoridades “el castigo a los responsables de los ataques” en las comunidades citadas,; “acciones reales y duraderas para la desarticulación de todos los carteles criminales”; “cese de la complicidad” entre delincuencia y autoridades; “respeto efectivo no solo en discursos de los derechos humanos de nuestros pueblos y comunidades y la garantía de una vida libre de violencia”, además del “pleno otorgamiento de garantías para el funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales”.

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