Matar en el espacio público

“….no importan las fuentes desde las cuales provenga, la calle está funcionando como una efectiva correa de transmisión para la violencia…”

Rogelio J. Ramos Torres
Desde un par de pedales

Uruapan, Michoacán. Un político camina rodeado de personas en una plaza pública en medio de una celebración popular, de repente aparece un joven que dispara. El político muere, el joven es a su vez abatido por el disparo de otras armas. La gente se dispersa pavorida, el suceso se mediatiza en segundos, la ciudad se inunda de soldados, el circo de los políticos inflama, las cuentas bancarias de las televisoras se abultan, las conspiraciones cobran vida y la especulación domina los ánimos. Nadie nota que, mientras tanto, los latidos silenciosos de otro cuerpo languidecen, el de una ciudad que yace agonizante debatiéndose entre la vida y la muerte. 

Fuera del ruido de los aparatos publicitarios del régimen y sus contrarios, la violencia queda en este drama como la protagonista central. Una violencia que ya se hizo costumbre en las primeras planas y a la que no interesan los velos ni el disimulo. Por el contrario, es una violencia desafiante, soberbia, estridente, no rehúye a los reflectores, como esos actores de primer reparto que se saben dueños de un escenario. Esa violencia se ha instalado en el espacio público de ciudades y pueblos como su gran teatro y ha tomado a su audiencia como rehén.

Lo pienso mientras pedaleo una avenida sumergida en ese concierto habitual de cláxones furiosos y mentadas de madre: que la vía pública en este país sea el lugar donde la brutalidad armada se despliega por excelencia, y que sea a la vez el espacio de decenas de muertes ocasionadas cotidianamente por siniestros viales no es coincidencia. Al final, no importan las fuentes desde las cuales provenga, la calle está funcionando como una efectiva correa de transmisión para la violencia.

Será por su descuido, por sus diseños hostiles y excluyentes, o será porque las prácticas y grupos de carácter mafioso que controlan las ciudades terminan por contagiarlo todo. Lo cierto es que existe una correlación de causalidad entre delitos y diseño espacial urbano a la que muy poca o ninguna atención se presta. Una omisión que no habla sino del desprecio por lo común por parte de los políticos, pero también por parte de las familias, asociaciones, líderes transportistas, inmobiliarias y corporaciones empresariales para los que la ciudad no es mucho más que un feudo explotable para obtener ganancias. Intereses que a menudo se ubican dentro del mismo amasijo del entramado criminal, y que en sus ansias irrefrenables de destruir construyendo a diestra y siniestra terminan también por pavimentarle el camino a la muerte.

Quienes pedaleamos a diario las calles sabemos que en estas la impunidad es la regla y matar es posible porque para los responsables las consecuencias son siempre sorteables. El espacio público es ducto de una cultura de la ilegalidad que en nada abona a promover valores útiles para pacificar a la sociedad. Lo sabían quienes diseñaron las estrategias de prevención social de la violencia en Colombia a finales del siglo pasado. Por eso la recuperación de las áreas públicas fue programada como un ingrediente indispensable para lograr la convivencia social basada en el respeto, la confianza y la armonía, construyendo así atmósferas que facilitaban a la vez el trabajo de las agencias responsables de procurar la seguridad.

La violencia que padecemos nos grita que, en nuestras ciudades, esa recuperación es urgente. Lo es porque no son pocos los barrios dominados por criminales. Pero lo es sobre todo porque, en su mayoría, el espacio urbano se encuentra en manos de intereses políticos y empresariales que se mueven con valores muy similares a los de la delincuencia. Unos y otros proceden de manera sectaria, buscando adueñarse de territorios para favorecer intereses personales. Ambos dictan las formas, los medios, los horarios y las cuotas a pagar para vivir y movernos en sus respectivos terrenos. No les interesa la construcción del bien compartido, sino levantar fronteras tras las cuales guarecerse para seguir medrando y construyendo ciudades, pero también ciudadanos, a modo.

La urbe y sus espacios son, en esa lógica, una caja de resonancia de relaciones sociales mediadas por el dinero, por el dominio de ciertas franjas sociales sobre otras y por la discriminación. Es en los nudos de esas relaciones donde las violencias echan raíces, y no, como a menudo se nos dice, en las periferias depauperadas, que son, en todo caso, su resultado. Márgenes tras los cuales las élites tienen reservorios a los que recurren solo en busca de mano de obra y el crimen organizado por carne de cañón. Es la ciudad funcionando como gueto, como jaula en la que el manejo del dinero y la miseria asegura la disciplina, el silencio y la obediencia.

Ese modelo de ciudad ni siquiera necesita de cuerpos armados para mantener a raya a las masas lejos de los privilegios de las élites. Basta sembrar en los habitantes mentalidades segregadoras y volcar sobre las calles, como sugiere el consejo nocturno (https://n9.cl/ytwviz), pequeños ejércitos de personas armadas con autos de lujo y bolsas de Zara para que la disección entre ciudadanos de primera y de segunda suceda, para que sean los residentes de la ciudad quienes construyan su propia prisión. Se descuida, en el camino, que ese proceder instaura lenguajes de violencia que se aprenden, se replican, se reinterpretan y se devuelven.

El ciclo se aceita mediante el consumo de seguridad al que nos conduce una ciudad que fragmenta su tejido social desde su propio trazo, que levanta barreras materiales y simbólicas para decirnos que detrás de ellas se encuentran nuestros enemigos. Enemigos que en realidad habitan las zonas más exclusivas, comen en restaurantes de lujo y visten con grandes marcas. Si algo ha enseñado la historia del último siglo y la que va de este es que son los ambientes del gran poder el nido de la gran violencia, esa que crea las condiciones para que cientos de otras formas de violencia ocurran.

Nos ofrecen la privacidad como sinónimo de seguridad porque lo público es su mayor temor. Porque una ciudad que propicia el encuentro y el fortalecimiento de lazos entre sus habitantes tiene el potencial de incubar el germen de la política, y la construcción y diseño de espacios públicos que separen en lugar de integrar funciona bien como anticonceptivo para que eso no suceda. Incluso cuando las calles se prestan a la manifestación popular lo hacen en calidad de planta carnívora, que se abre momentáneamente para crear la ilusión de la fusión social, para luego cerrarse nuevamente y reducir así las posibilidades de contacto, dejando a los movimientos diluirse en las volátiles abstracciones de las redes sociales.   

Matar en el espacio público tiene pues, como su prerrequisito, el matar todo lo que de público tiene el espacio. Y mientras las cámaras de los circuitos cerrados enfocan a los que jalan los gatillos, los artífices de este otro tipo de muerte rara vez son cuestionados. Hoy, ni ciudadanía ensombrerada ni aquella sin sombrero tienen como blanco de su crítica al estilo de vida basado en la mercantilización del espacio público. Esa que orilla a infancias y juventudes a satisfacer sus necesidades de diversión, de identidad y de empleo, en espacios residuales, en los basureros sociales a los que son arrojados en calidad de detritos, para después criminalizarlos porque regresan empuñando un arma.

Evidentemente, la ciudad y sus espacios no son ni por asomo la única causa de la violencia rampante que nos rodea, pero sí el principal de sus escenarios. Ese hecho debería de ser por sí solo razón suficiente para que las bases del poder que diseñan y ordenan nuestros espacios públicos se desplacen hacia lugares en donde sea la toma de decisiones democrática y no el capricho de intereses privados la norma imperante.

De otro modo lo público, visto como la esencia de toda ciudad, seguirá siendo la primera víctima en la línea de fuego. Y no, no es solamente con disparos que se le aniquila; hay ciudades que vienen muriendo desde hace un buen tiempo a fuerza de políticas públicas y decisiones que privilegian ciertos intereses en menoscabo de las mayorías. Un proceder que, a su vez, tiene también entre sus efectos el de producir ciudadanos que matan y a otros que mueren. Si lo sabremos quienes pedaleamos las calles …