Regla de Tres

¡Peligro! para defensores de derechos


De tierra, territorio y medio ambiente, los que encabezan la lista de defensores víctimas de asesinatos y agresiones en la región, reporta la CIDH

Quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente son quienes encabezan las cifras como víctimas de asesinatos y agresiones en la región. Son también quienes con mayor frecuencia enfrentan procesos judiciales injustificados como forma de obstáculo o amedrentamiento a su labor, reporta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Tercer informe sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas.

Ahí se consigna que los altos niveles de violencia se ven reflejados en distintos tipos de agresiones que van desde campañas de desprestigio y estigmatización, hasta amenazas, ataques contra su vida e integridad, asesinatos y desapariciones.

Respecto a México, se consigna que ONU Derechos Humanos pudo constatar que entre enero de 2019 y septiembre de 2023, al menos 91 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas con posible relación a su actividad de defensa. “De acuerdo con Front Line Defenders, para el 2022, México ocupaba el tercer lugar a nivel mundial en las cifras de asesinatos de personas defensoras. La sociedad civil ha registrado al menos 106 casos entre el 2018 y 2022 con una concentración del 67 por ciento de estas agresiones en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán”.

La Comisión consigna que las agresiones han sido perpetradas tanto por actores estatales como por actores no estatales. “La presencia de grupos armados ilegales y el crimen organizado ha exacerbado esta violencia, pues identifican a las personas defensoras como un obstáculo para la realización de sus actividades ilícitas. Además, las empresas, en particular las relacionadas con industrias extractivas, también estarían vinculadas con los riesgos que las personas defensoras enfrentan cuando se oponen a sus actividades”.

Agrega que la falta de respuesta estatal adecuada para prevenir y proteger a personas defensoras, y en algunos casos su complicidad o aquiescencia, ha propiciado que esta violencia se sostenga en el tiempo. Además, señala, este panorama se inscribe en un contexto en el que los asesinatos y desapariciones de personas defensoras, así como las amenazas y agresiones en su contra no son debidamente investigadas.

“La falta de investigaciones efectivas y sanciones para las personas responsables, en todos sus niveles, ha propiciado un ambiente de impunidad y permisibilidad que propicia la repetición de estos hechos”.

Los datos expuestos por la Comisión en su informe, colocan a México entre los cuatro principales países con asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en la región americana, la cual concentra el 85 por ciento de este tipo de delitos en el mundo. La CIDH se basa en los datos de 2023 de Global Witness. Las otras tres naciones son Brasil, Colombia y Honduras.

Asimismo, la CIDH refiere que ONU-Derechos Humanos conoció sobre, al menos, 46 casos de personas defensoras indígenas asesinadas o desaparecidas en México con un posible vínculo con su labor de defensa ocurridos entre el 2019 y 2023, lo que constituye casi el 30 por ciento de todos los casos de personas defensoras de derechos humanos asesinadas o desaparecidas registrados por esa oficina en este periodo. Según se indica, los estados con mayor recurrencia de casos registrados fueron Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Estas agresiones ocurrirían en su mayoría en zonas en donde se constatan distintos tipos de conflictos mineros, así como violencia tanto por abusos de empresas como por presencia de delincuencia organizada y grupos armados.

Consigna que en los últimos años, la Comisión ha recibido información preocupante sobre el elevado número de agresiones contra defensoras en varios países de la región. En nuestro país el informe alude a cifras de sociedad civil que reportan entre el 2012 y 2023, 73 mujeres defensoras asesinadas

“Además, han sido víctimas frecuentes de otro tipo de agresiones como desapariciones, amenazas, intimidación, hostigamiento, criminalización y estigmatización. La violencia sexual y de género en su contra sigue siendo una agresión y un temor constante”.

Durante el 2023, refiere que hubo un incremento del 41 por ciento de las agresiones digitales hacia las defensoras en comparación con el 2022.

“En Honduras, organizaciones relacionadas con la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos han sido blanco de campañas de odio y desprestigio online y por otros medios, a menudo instigadas, alentadas y consentidas por destacadas figuras políticas y religiosas. Discursos estigmatizantes y campañas de desprestigio también se han registrado en países como Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela”

También, con base en estadísticas de la sociedad civil, el informe consigna que en nuestro país, para el 2023, siete personas defensoras LGBTI fueron asesinadas, seis en el 2022 y tres en el 2021.

Por lo que toca a las personas buscadoras, el informe refiere que En México se han registrado varios casos de personas que se dedican a la búsqueda de personas que han sido asesinadas o desaparecidas. “Cifras de sociedad civil indican que entre el 2018 y mayo de 2023, al menos 10 personas fueron asesinadas por su labor de búsqueda. Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada señala que entre el 2010 y 2022, al menos 13 personas fueron asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda”. La Comisión advierte que esta cifra puede ser aún mayor.

Se agrega además que en México existe una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, que también ha afectado a quienes defienden derechos humanos.

“Cifras de sociedad civil indican que, entre enero de 2006 a mayo de 2022, 220 personas defensoras han sido víctimas de desaparición. En enero de 2023, en la zona limítrofe entre los estados de Colima y Michoacán, fueron desaparecidos el líder comunitario Antonio Díaz Valencia, miembro de la comunidad de Aquila en Michoacán, y el abogado y defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes. Hasta la fecha de publicación del presente informe, su paradero continúa siendo desconocido. Meses después, en esta misma zona del país, fue desaparecido Eustacio Alcalá, un defensor nahua del medio ambiente y de su territorio que se oponía a la explotación minera. Dos días después de su desaparición, su cuerpo fue localizado sin vida”.

La Comisión resalta que las cifras incluidas en este apartado no reflejan la totalidad de personas defensoras asesinadas o desaparecidas en la región, ya que el registro de casos varía en gran medida a la capacidad de sociedad civil para documentar casos, además de la inexistencia de cifras oficiales.

Subraya además que el asesinato o la desaparición de una persona defensora tiene un efecto amedrentador ante el temor causado sobre las otras personas que se dedican a esta labor causando un severo perjuicio para la comunidad en su conjunto. Ello, debido a que cuando se pretende silenciarlas o inhibirlas, además de vulnerarse sus garantías personales, se niega a la ciudadanía la posibilidad de obtener justicia por violaciones a derechos humanos, la verificación social de su cumplimiento, y el apoyo y acompañamiento de víctimas.

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