La interrupción legal del embarazo dista de ser una posibilidad en zonas rurales, purépechas y con mayor violencia en Michoacán, denuncian colectivas
Beatriz Rojas
Un año después, el gobierno estatal pareciera haber gastado más en lonas que anuncian que se despenalizó el aborto en Michoacán que en garantizar el acceso a esos abortos, estiman activistas que se pronunciaron este 10 de octubre para exigir políticas públicas concretas para la interrupción del embarazo.
Por un lado, integrantes de la Asamblea de Mujeres se manifestaron afuera de la Secretaría de Salud y por su parte, la colectiva Red Asaleas emitió un pronunciamiento en sus redes sociales. Ambas coincidieron en algo: no se están realizando interrupciones del embarazo en las clínicas y hospitales de la mayor parte de los municipios ni se brindan los medicamentos que permiten realizar el procedimiento en casa.
Para la Asamblea de Mujeres, “es una grosería” la actitud asumida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien en su informe presumió encabezar un “gobierno feminista”, cuando al mismo tiempo incumplió los acuerdos que había tomado con ellas y su administración no dio seguimiento a lo que, por iniciativa suya, aprobó el Congreso del Estado hace un año.
Una de las voceras de esta colectiva, que no dio su nombre, consideró que el gobierno bedollista está haciendo un uso político de las mujeres, pues gastó millones de pesos en un concierto de Carín León en el que se recaudaron productos de gestión menstrual, en vez de canalizar el recurso directamente:
“El evento que se hace de Jalo por las Mujeres también es una forma que evidencia de que es mejor organizar conciertos a hacer una ruta que asigne presupuesto, que asigne jornadas de educación, que asigne personal, que promueva el personal capacitado en todas las áreas”, señaló.
En el mismo sentido es que cuestionó la inversión en lonas antes que en medicamentos como el Misoprostol, que no se proporciona en las clínicas del interior del estado y de acuerdo con Red Asaleas, ni siquiera en el Hospital Civil.
“No sabemos cuántas lonas en total se hicieron de que el aborto era libre y al mismo tiempo estamos seguros que el presupuesto era mucho mayor porque se puede ver, ¿no? Era mucho mayor al que tiene asignado en los hospitales para cubrir el acceso al aborto”, estimó.
Las activistas se refirieron a casos en la meseta Purépecha, la región de Apatzingán, la de Lázaro Cárdenas y concretamente Taretan, en donde se les ha negado la atención y se les recomienda que hagan el procedimiento por su cuenta o que acudan a los hospitales públicos de Morelia.
Precisaron que en el caso de Taretan, remitieron a la persona a Uruapan, pero ahí le dijeron que no reunían las condiciones necesarias para practicarle la interrupción del embarazo.
En su pronunciamiento, Red Asaleas alertó que esta negativa es aun más grave que el impacto económico que pueda derivar del traslado, puesto que los caminos son inseguros en varios puntos de la entidad, en donde se han sembrado minas, hay drones que lanzan explosivos y existe desplazamiento forzado.
Cuestionadas acerca de si se ha invocado para ello la objeción de conciencia, las voceras de la Asamblea de Mujeres respondieron que no directamente, aunque sospechan que con el desabasto, es la causa de fondo, y recordaron que por ley, si bien el personal médico se puede excusar por motivos religiosos, los centros de salud deben contar con personal que no sea objetor de conciencia.
En términos generales, la evaluación de las colectivas es que a un año de que se despenalizó, todavía no existen políticas públicas concretas, no hay un acompañamiento real desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), no se brinda información completa y adecuada, hace falta mayor educación sexual y no se observa un involucramiento real de la Secretaría de Salud en el Estado, sino que se sigue manteniendo a la instancia de la mujer como interlocutora.
“Vemos prácticas misóginas, machistas, en la política que se realiza en el estado de Michoacán y al mismo tiempo sabemos que en política de salud pues le compete al secretario de salud”, expresó la vocera de la Asamblea.
Las dos colectivas coinciden en que hace falta una regulación y que se realicen inspecciones periódicas a las clínicas privadas que lleven a cabo este tipo de procedimientos para garantizar que lo hagan en las condiciones óptimas y no representen un riesgo a la salud o la vida de quienes acudan.
Red Asaleas puntualiza que además la perspectiva que se está aplicando es patriarcal, adultocentrista y orientada únicamente a las mujeres cisgénero, que no son las únicas personas con capacidad de gestar y no se informa que existen causales mediante las cuales no es penado abortar en cualquier etapa de la gestación, aunque la exigencia que hacen las integrantes de este grupo es que se despenalice por completo. Es decir, que desaparezca como un delito del Código Penal, independientemente del período del embarazo.
La atención de Seimujer, refieren, se limita a un número telefónico en donde se informa cuál es el procedimiento a seguir y se recomienda acudir a los centros médicos de la capital del estado.
“Un gobierno a favor de las mujeres no se construye sumando mujeres a sus fotografías ni a sus discursos”, recuerdan la activistas.
