Investigadores demandan una nueva Ley de Aguas Nacionales, saneamiento de afluentes y acceso público a las concesiones
Redacción
Intereses privados a través del extractivismo y otras prácticas son causantes principales de la crisis por el agua en México, cuya mayor consecuencia ya la padecen sectores de la población al ver limitado o anulado su derecho humano al recurso, señalaron integrantes de la Red de Investigadores Sociales sobre Agua al destacar que el Estado Mexicano Estado “ha sido capturado por el gran capital (nacional y transnacional)”.
Reunidos en el Campus Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México en el VIII Congreso de la Red, en su Declaratoria de Morelia los investigadores adscritos a más de 60 instituciones señalan que la crisis hídrica en todo el país, “es de origen antropogénico y eminentemente social: por la expansión de una economía capitalista basada en el extractivismo y depredación de bienes naturales como el agua; por anteponer el interés privado y la lógica de la ganancia por encima del bienestar colectivo y la salud de la población y ecosistemas; por el desvío de poder de un Estado que ha sido capturado por el gran capital (nacional y transnacional) y cuyas acciones en materia de política y legislación de agua favorecen los intereses económicos y privados”.
De acuerdo con su posicionamiento, la crisis del agua ya se expresa en el acaparamiento del agua “para favorecer inversiones económicas (mineras, industriales, agroindustriales e inmobiliarias), que afectan el acceso al agua a la población y conlleva al incumplimiento y violación del derecho humano al agua y derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos; la contaminación de nuestros ríos, humedales y acuíferos por la laxitud en la normatividad e inacción de la autoridad ambiental, que pone en riesgo la salud de la población; la devastación de ecosistemas hídricos y forestales por sobreexplotación de acuíferos y obras hidráulicas (trasvases, presas, canales y ollas de agua), que afectan al ciclo hidrosocial y la sustentabilidad de las cuencas a largo plazo; y la vulnerabilidad hídrica por el cambio climático, que se expresa en sequías, inundaciones y cambios en el patrón de precipitación y afecta a la población más pobre del campo y la ciudad, así como a agricultores y pescadores que contribuyen a garantizar la soberanía alimentaria”.
Pese a los compromisos político-electorales “de acabar con el neoliberalismo y la obligación del Estado mexicano de cumplir con la Constitución Política y en particular con el artículo cuarto párrafo sexto, relacionado con el derecho humano al agua y saneamiento, hasta la fecha no se ha reemplazado la Ley de Aguas Nacionales de 1992 (que se sustenta en el paradigma neoliberal) por una Ley General de Aguas, centrada en el acceso equitativo y sustentable al agua y saneamiento y la participación ciudadana y comunitaria”.
En paralelo, destacaron que ante este contexto de saqueo de recursos “en todo el país emerge y se fortalece una voz de los defensores y conocedores del agua como los pueblos indígenas y campesinos, la población de áreas periurbanas y barrios urbanos y la sociedad organizada (academia y organizaciones de la sociedad civil), a favor de proteger el agua como un bien común vital para las presentes y futuras generaciones, con el fin de garantizar su acceso equitativo, justo y sustentable, el saneamiento de sus aguas y la restauración de ríos, humedales y acuíferos, con propuestas ambientalmente sustentadas y socialmente consensuadas”.
En su extenso listado de demandas, plantean además de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, terminar con el exceso de concesionamientos otorgados por la Comisión Nacional del Agua “para favorecer el acaparamiento, la especulación, la mercantilización y la privatización del agua”; proteger los derechos constitucionales “de los núcleos agrarios y pueblos indígenas y el acceso al agua a la población urbana y rural”; acceso público a la información sobre las concesiones, las asignaciones y los permisos otorgados, “así como de la calidad del agua de las descargas, los derechos recaudados por concepto y los datos técnicos que se están utilizando para determinar la disponibilidad del agua en las cuencas y los acuíferos del país”; priorizar “protección y restauración de los ríos, lagos y humedales en general, por los amplios beneficios a la sociedad y los ecosistemas, así como conservar paisajes hídricos e infraestructuras que conlleva el cuidado del suelo, bosques y agua sustentados en sistemas de conocimiento locales y trabajo comunitario”, al igual que detener los procesos de contaminación industrial, agroindustrial, extractiva y urbana.
El VIII Congreso de la Red de Investigadores Sociales se realizó en la UNAM Campus Morelia, del 10 al 12 de septiembre del 2025, donde participaron más de 400 ponentes provenientes de más de 60 instituciones académicas.
Fotografía: ColiNOOB | Pixabay