A un lustro del feminicidio de Jessica González Villaseñor, los laberintos del sistema judicial mantienen sin sentencia firme al responsable, Diego Urik
Patricia Monreal
“Realmente la justicia no existe”, afirma Verónica Villaseñor Ferreyra, al cumplirse cinco años del feminicidio de su hija, la joven profesora Jessica González Villaseñor. Este caso, aunque ha sido icónico en Michoacán, aún no ha logrado un acceso pleno a la justicia.
Verónica, Martín, Cristo y Adrián, familia de Jessica y víctimas indirectas, han tenido que enfrentar un sistema de procuración e impartición de justicia mexicano que los ha revictimizado en múltiples ocasiones. A día de hoy, no existe una sentencia firme contra Diego Urick Mañón Melgoza, el feminicida.
En entrevista con Regla de Tres, Verónica Ferreyra hace un balance de estos cinco años y de la batalla legal que aún libra su familia para que se ratifique la pena máxima contra el asesino de su hija.
“Ha sido tortuoso, y aparte del dolor, está la indignación de ver cómo todos normalizan el tiempo”, comenta al reflexionar sobre el paso de los años mientras lucha por la justicia para su hija. No duda en señalar que la justicia pronta y expedita que mandata la Constitución no se materializa.
La huella de los años, la lucha y el dolor por la ausencia de Jessica se han hecho evidentes en la vida y el cuerpo de Verónica. En diciembre pasado, su negocio familiar fue incendiado, y por la mañana del día en que se realiza esta entrevista, mientras trabajaba, fue grabada en video desde la distancia por un desconocido.
“¿Por qué tendríamos que tener esta lucha por la justicia?”, se pregunta, recordando que el proceso debería haber sido expedito tras la investigación y el juicio para determinar la culpabilidad de Diego Urik.

El 27 de enero de 2023, el juez Ariel Montoya Romero dictaminó que Diego Urick era el feminicida de Jessica, y el 15 de febrero le impuso una pena de 50 años de prisión.
El feminicida apeló la decisión, y en noviembre de 2023, el magistrado Gilberto Alejandro Bibriesca Vázquez redujo la pena más de siete años. La familia de Jessica interpuso un amparo contra esta disminución, pero el Tribunal Colegiado en Materia Penal del XI Circuito lo rechazó.
Por ello, en junio de 2024, la familia de Jessica presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respaldado 15 meses después, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, que presentaron un escrito amicus curiae a la Corte el pasado 18 de septiembre.
“En el marco del Amparo Directo en Revisión 4872/2024, derivado del feminicidio de Jessica González Villaseñor, ambas instituciones apelaron a dicho instrumento jurídico conocido como Amigo de la Corte para aportar argumentos técnicos y de derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género y en la protección de las víctimas indirectas”, informaron la CEDH y la FGE en un comunicado.
“Después de tanto tiempo, entiendes que la justicia no es fácil, que la justicia no es pronta y expedita como lo establece la Constitución, y que tienes que analizar, investigar y utilizar todos los recursos disponibles para exigir justicia”, explica Verónica sobre las acciones legales emprendidas.
“Este fue un recurso más que consideramos importante para sentar un precedente y exigir que los derechos humanos de mi hija no se pierdan con su muerte; sus derechos humanos persisten y deben ser tomados en cuenta”.
Verónica cuestiona que, en la sentencia de Alejandro Bibriesca para reducir la pena de Diego Urick, solo se hayan considerado los derechos humanos de este último para su reinserción social, ignorando los derechos de Jessica como víctima y la brutalidad con la que fueron vulnerados por su feminicida.
“¿Cómo le explico yo, como madre, a Cristo (su hijo) que sus derechos humanos no existen si él muere? Que los derechos humanos de una persona a la que le arrebataron la vida de esta manera no existen, y que solo se toman en cuenta los derechos humanos de él (Diego)? ¿Cómo se explica eso?”.
Sobre la decisión del magistrado Bibriesca, Verónica cuestiona: “¿cómo tomas una decisión sin darte cuenta el daño que estás causando? ¿Cómo es posible que un magistrado pueda tener el derecho de causar daño? Porque eso fue lo que causó. Nos dañó al decir y plasmar en la decisión que tomó, que la vida de Jessi ni suma ni resta”.
Con el recurso de revisión promovido ante la Corte y el amicus curiae de la CEDH y la FGE, la intención es lograr que se impida la disminución de penas a feminicidas, reforzando así los derechos de las víctimas.
“Es dejar el precedente para que ningún magistrado tenga el derecho de hacer del lado los derechos humanos de las víctimas”, subraya Verónica al explicar que si el fallo de Bibriesca queda en firme, se dejaría el precedente de la validez de la valoración de los derechos de los feminicidas por encima de los de las víctimas.
Por ello considera fundamental la batalla que ahora libran en la Corte, porque no sólo atañe al caso de su hija, sino que impacta los casos de feminicidio que se resuelvan en el país.
“¡Claro que es importante!, debemos dejar el precedente de que los derechos humanos de las víctimas también cuentan. Entonces, el derecho que él (Diego) tiene a la reinserción, debe de ser con base al daño que causó, tomando en cuenta los derechos humanos de las víctimas. No es nada más de Jessy, son todas las víctimas más de feminicidio”, remata.
Consulta:
Caso Jessica González, el grito por justicia


