Comunidades lograron frenar el proyecto de sentencia que en la SCJN preveía suprimir a los municipios como responsables de otorgarles su presupuesto directo
Patricia Monreal
Las comunidades indígenas en Michoacán, han mantenido una lucha legal prolongada para el reconocimiento de sus derechos y autonomía. El episodio más reciente se registró el pasado 15 de julio, cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tenía previsto discutir un proyecto de sentencia para resolver la Controversia Constitucional promovida por el ayuntamiento de Zitácuaro porque la Ley Orgánica Municipal del Estado, le obliga la entrega de presupuesto directo a los pueblos originarios.
El proyecto de sentencia sobre la Controversia 17/2022 elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek, generó alerta en las comunidades indígenas por suprimir a los municipios como responsables en la entrega de recursos a éstas, vía presupuesto directo.
En entrevista Orlando Aragón Andrade, integrante del Colectivo Emancipaciones -que ha venido representando y dando asesoría legal a comunidades integrantes del Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas- explica los pormenores de lo acontecido, y la importancia que representa que Laynez haya determinado retirar su proyecto de sentencia.
En Michoacán, la lucha legal de las comunidades por el reconocimiento de sus autogobiernos data de 2011, cuando vía juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Cherán logró la cancelación de las elecciones municipales con partidos políticos y eligió vía usos y costumbres a su primer Concejo Mayor de Gobierno Comunal el 21 de enero de 2012.
Pero fue el caso Pichátaro, municipio de Tingambato, el que en 2016 marco el rumbo legal para las comunidades indígenas en Michoacán, al abrir la puerta -también vía el TEPJF- a un nuevo modelo de relación entre comunidades y ayuntamientos con el ejercicio directo de sus presupuestos a través de gobiernos comunales.
En 2021 en Michoacán se aprobó una nueva Ley Orgánica Municipal que previó el presupuesto directo a las comunidades que cumplieran previamente ciertos requisitos. Esta norma ha sido controvertida por ayuntamientos inconformes en diversas ocasiones.
La sentencia elaborada por Laynez, versaba sobre el contenido de la Ley Orgánica Municipal a partir de la controversia promovida en 2022 por el ayuntamiento de Zitácuaro, luego que –a través del procedimiento respectivo- estuviera obligado a entregar a la comunidad de Crescencio Morales su presupuesto directo.
Cabe apuntar que en abril de 2024, en la Corte se analizó un primer proyecto de sentencia elaborado por Laynez, en donde proponía invalidar los artículos controvertidos por no haber sido consultados de origen con las comunidades, planteamiento que fue rechazado por la mayoría de ministros que se inclinaron a favor del estudio de fondo. Para entonces en la discusión, se puso sobre la mesa la facultad constitucional de los municipios para administrar libremente su hacienda.
El nuevo proyecto de Laynez, explica Aragón, en realidad no iba por reconocerle al ayuntamiento la libertad de hacienda, “pero parecía que, para efectos, era casi lo mismo.
“A diferencia de otros momentos en la Corte, no se cuestionaba el derecho de las comunidades de administrar presupuesto directo. En realidad, los artículos que estaban siendo impugnados y las varias leyes que estaban siendo impugnadas no se declaraban inválidas, inconstitucionales, ni nada.
“Lo que estaba siendo cuestionado por el ministro Laynez eran dos cosas: una cuestión, vamos a decirlo así, medio procedimental-formal (no encuentro una palabra exacta, pero algo parecido); y había otra cuestión, más de fondo”.
Laynez proponía dejar la Ley Orgánica Municipal en sus términos, solamente suprimiendo cinco o seis palabras en dos temas distintos, refiere Aragón. Proponía que de los recursos que se asignan a las comunidades se quitara lo relacionado con el impuesto predial, argumentando que ese dinero sí corresponde a la hacienda municipal, porque es recurso que el propio municipio recauda para su administración. “Eso yo no lo termino de entender; no sé si es por lo que dicen siempre los presidentes municipales, acerca de que en las comunidades no se recauda predial porque es la propiedad social y no se cobran impuestos. Entonces, para muchos presidentes es injusto que les tengan que dar también lo del predial porque éste generalmente se recauda en las cabeceras municipales”.
Aragón agrega que otra palabra que Laynez planteaba suprimir era “municipio” entre los órdenes responsables de entregar el presupuesto a las comunidades. “La argumentación nos parecía tramposa, porque era como simular que se reconoce el derecho de las comunidades, pero en realidad se defiende a los municipios.
“Su argumentación era la siguiente: la Constitución ya dice que no nada más el municipio, sino que el estado y la federación entregan presupuesto a las comunidades. Entonces, que había que quitar al municipio, era algo raro por decirlo menos. Desde nuestra perspectiva, es una chicana legal porque estamos hablando de una Ley Orgánica Municipal, o sea, sí es cierto, tú podrías decir (y nosotros somos los primeros en decirlo), claro, la federación y el estado también tienen que dar el presupuesto, pero una Ley Orgánica Municipal no es el lugar para poner eso, y tampoco tiene sentido desde nuestra perspectiva que, porque digas que los otros dos niveles también tienen la responsabilidad, entonces mejor quitas al municipio, porque entonces eso más bien genera una laguna legal, lo dejan en limbo.
“Esta conclusión de decir que la responsabilidad la tienen los tres niveles y no solamente el municipio, por lo tanto hay que quitar al municipio, pues era algo que a nosotros nos parecía alucinante. Incluso en una carta que elaboramos decíamos ‘que aparezcan los tres’, o sea, no quites el municipio, que la ley diga: Municipio, Estado y Federación, porque eso a las comunidades les da certeza”.
Sostiene Aragón que si no aparece el municipio mencionado como responsable de dar el presupuesto, si no hay un sujeto obligado claramente, queda una laguna legal. “Y entonces, claro, un municipio diría: a mí no me obliga, y entonces demándame y volvemos a la misma dinámica de juicios otra vez. Entonces ese era el tema, no teníamos mucha claridad de cómo se iba a votar el proyecto”.
A diferencia del TEPJF, apunta que la Corte no es un tribunal abierto, por lo que los ministros no son personas que suelan recibir a la gente, y menos a las comunidades. “Y en este caso, pues nosotros teníamos todavía la desventaja que hemos tenido siempre en este ámbito: no somos parte”.
Explica que por ser la Controversia Constitucional un juicio entre órdenes de gobierno, el litigio central es entre el municipio, el Congreso y el Gobierno del Estado, porque lo que se está demandando (la invalidación o la declaración de inconstitucionalidad en su caso) son leyes, y quien emite la ley es el Congreso, y quien la publica es el Ejecutivo. “Entonces ahí es un litigio en el que realmente quien pierde más son las comunidades.
“Si le quitan eso del municipio, al gobierno le va a seguir llegando su dinero y al municipio le va a llegar, si se pierde o se gana van a estar más o menos igual. Las comunidades son las que no estarían igual: si se declara la inconstitucionalidad, pues bueno, obviamente vamos a tener un problema grande y quienes van a perder pues son las comunidades que, con toda su diversidad y con todos sus asegunes, ya han accedido a este recurso”.
Desde la perspectiva de Aragón, para efectos legales, lo que pasó el 15 de julio es casi lo mismo a que si se hubiera estudiado, tratado y votado en contra del proyecto de sentencia. “Lo digo en función de lo que (la ministra) Lenia (Batres) comentó: no es solo que ya no se vaya a discutir, sino que Laynez bajó el proyecto.
“Fue como una acción política similar a lo que hubiera sido el hecho de que se discutiera el proyecto de sentencia y lo hubieran votado en contra, porque sería justamente lo que hubiera pasado: se hubiera bajado el proyecto y retornado a otro ministro”.
Estima que en tiempos es poco probable que los actuales ministros discutan ya el tema, esto porque solo les quedan dos sesiones. “Sería una cosa muy sorpresiva que pasara lo contrario, pero no hay manera de saberlo”.
A decir de Aragón, el ministro Laynez no era una persona sensible al tema del artículo 2 de la Constitución Federal que se reformó el año pasado en materia indígena. Apunta que las comunidades aspiran que con la nueva integración de la Corte, a quien le vaya a tocar, tenga una lectura distinta.
“Obviamente si hay una expectativa de las comunidades, el próximo presidente de la Corte (Hugo Aguilar Ortiz) es un ministro indígena, que en principio es especialista en todos estos temas y que tiene la cuestión de ser uno de los promotores del tema de elecciones por usos y costumbres en Oaxaca, entonces, obviamente, hay más expectativa en él que en Laynez.
“Ahorita lo importante era sacar las castañas del fuego y no permitir que este proyecto avanzara, y para eso se hizo tanto la acción de lobby -como decimos los abogados- con algunos ministros; la más abiertamente a nuestro favor fue Lenia; se metieron algunos amicus curiae, y fueron las comunidades a hacer acto de presencia”.
Estima que al final salió lo que podía salir, pues reconoce que en la sesión del 15 de julio no iba a ocurrir que los ministros aceptaran que toda la Ley Orgánica Municipal está bien; por lo que lo mejor que podían esperar las comunidades, es que rechazaran el proyecto de Laynez y se volviera a turnar a otro ministro para un nuevo proyecto. “Básicamente fue lo mismo, solo que por una opción más política que legal”.
En cuanto al tiempo que podría prolongarse aún más este juicio, recuerda que hay un ámbito de discrecionalidad de la Corte de qué tanto quieran apresurarlo, o qué tanto lo quieren postergar.
“La vez pasada, por ejemplo, fue hace un año (abril de 2024) cuando este mismo asunto se discutió y en ese tiempo se estaba pretendiendo anular la Ley por falta de consulta, entonces esa votación la ganamos y se tardaron más de un año en volver a discutir el tema, estamos en julio. Podría tardar nuevamente un año, aunque creo que por el tema de la nueva presidencia de la Corte -esa es una suposición mía- estos temas van a salir más pronto, porque lo lógico sería que un ministro indígena tuviera interés en que estos asuntos salieran”, consideró.
Imagen portada: Comuneros de Crescencio Morales en las puertas de la Suprema Corte | Fotografía: Captura de video publicado en el Facebook del Concejo Indígena de Crescencio Morales, Jñati-Mazahua
Consulta:
Colisión de derechos indígenas en Michoacán
Más allá del discurso, violencia a indígenas
