El gobierno pretende usar Ley General en materia de personas desaparecidas, para vigilar masivamente a la población, denuncian familiares y organizaciones
Redacción
La iniciativa de Ley promovida por el Gobierno Federal en materia de desaparición, lejos de pretender atender el problema de fondo en México, es percibida por familiares de personas desaparecidas, colectivos, redes y plataformas como un pretexto para establecer un sistema de vigilancia masivo en el país.
A través de un posicionamiento dado a conocer este martes, reiteran su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de personas desaparecidas, presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ante el Congreso Federal.
En el documento, respaldado por más de trescientas firmas, se exige a la Cámara de Diputados y al Senado de la República que atiendan esta problemática con profesionalismo, humanismo y seriedad, y que convoquen a un Parlamento Abierto para discutir públicamente la iniciativa del Ejecutivo Federal. De no hacerlo, se advierte que se concretaría un proceso de simulación que resultaría en más impunidad y prolongaría el sufrimiento de las familias.
Se argumenta que la iniciativa en cuestión no aborda la crisis de desaparición de personas y busca imponer un sistema de vigilancia masiva que no contribuye a la búsqueda de los desaparecidos y que podría ser peligroso para la seguridad de todos los mexicanos.
De igual manera, se enfatiza que esta iniciativa no surgió de una consulta amplia y pública, por lo que se reitera que no cuenta con el respaldo de los familiares de personas desaparecidas, principalmente porque no responde a la gravedad de su situación.
Recuerdan que la Ley General en materia de desaparición de personas fue producto de la apertura de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, y se elaboró sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía hacia el dolor de las víctimas. Por ello, se subraya que la reforma a la ley debe seguir los mismos principios y no ser el resultado de decisiones arbitrarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En el escrito, los familiares de personas desaparecidas reiteran su disposición a participar en un Parlamento Abierto para construir una iniciativa que realmente atienda la tragedia que enfrentan, y subrayan la necesidad de un espacio público de cara al país, con una metodología clara, participativa y representativa, y sin prisas, ya que los errores del gobierno los pagan las víctimas y sus familias.
Finalmente, hacen un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que observe con responsabilidad el proceso de reforma a la Ley General, advirtiendo que, de no hacerlo, se perjudicaría su causa.
