A un año de la detención de la defensora de los bosques, la lucha por el territorio se ha visto afectada en la comunidad de Ocumicho
Patricia Monreal
Ha pasado poco más de un año desde que María Cruz Paz Zamora, defensora del territorio en Ocumicho, municipio de Charapan, fue detenida. Su ausencia la han resentido su familia, las y los comuneros, y también la lucha que por años han venido librando contra grupos delincuenciales.
El cinco de junio de 2024, personal de la Fiscalía General del Estado la detuvo acusándola de haber participado –el 2 de enero de ese año- en la desaparición de dos comuneros de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán: Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos.
Los ministeriales se llevaron a María Cruz el día en que se conmemora al medio ambiente en el mundo, mensaje claro para su comunidad de los motivos de su detención. Su ausencia no sólo generó temor entre los habitantes de Ocumicho, sino que también inhibió la lucha contra quienes buscan apropiarse de su territorio, lo que ha hecho que los cultivos de aguacate y berries se hayan reactivado mientras ella, desde la cárcel, lucha por su libertad.
Así lo consignan sus familiares, quienes en rueda de prensa junto con habitantes y autoridades de Ocumicho exigen que al menos, se permita a María de la Cruz llevar en libertad el proceso judicial que enfrenta.
“Me siento muy triste porque ella no está conmigo, porque esté detenida”, refiere María Natividad Zamora Zacarías, madre de la defensora, “mis nietos están conmigo y yo casi estoy en la edad en que no puedo trabajar para estarlos manteniendo, gracias a Dios me están ayudando con poquito y con eso le estoy dando a mis nietos”.
María Natividad acusa que la detención de su hija es injusta, y refiere que el día en que Israel y Oscar desaparecieron, María Cruz se encontraba en la población Romero de Torres, en el Hospital del Seguro Social, cuidando a su hermano Alejandro que tuvo un accidente.
“La están acusando nomás por nada, los malhechores, ellos están afuera, les están lavando las manos con ella”, señala y se duele por sus nietos, que estén sin su madre.
Juan –hermano mayor de María Cruz- reconoce las afectaciones que para la comunidad ha generado su ausencia: “Quedó en abandono la lucha de la defensa del territorio, se ha reducido bastante porque mi hermana sí le echaba ganas y estábamos muy apegados a la idea de la reforestación. Desde que la detuvieron, ya nadie le dio continuidad a eso”.
Un espacio comunal de saneamiento, de unas 200 hectáreas, quedó en el abandono tras la detención de la defensora, ella tenía el proyecto de trabajar para sanar los pinos que ahí se encuentran, “todo eso se nos plagó, se nos secó, quedamos en abandono porque pues hace falta Mari Cruz”, comenta Juan.
Habla del miedo que priva en la comunidad, la que no sólo padece la detención de su hermana, sino también ha sufrido los asesinatos de Prudencio Ortiz Alonso, secretario de Bienes Comunales (31 de mayo de 2020), y Pedro Pascual Cruz coordinador de la Ronda Comunal (10 de diciembre de 2020), así como la desaparición de Esteban Cruz Rosas, coordinador del Consejo de Gobierno Comunal (28 de abril de 2022), que fue localizado con vida tras la movilización que se realizó con apoyo de otras comunidades.
Ocumicho también ha sufrido ataques de grupos armados, uno de ellos el 11 de noviembre del 2022.
“Todos estos casos han sido denunciados en tiempo y en forma en la Fiscalía de Michoacán, sin embargo, en esta institución impera la paradoja de la impunidad, los culpables libres y los inocentes encarcelados”, refiere Pavel Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), organización que ha dado acompañamiento al caso de María Cruz y a la comunidad.
Juan señala que su hermana en la lucha se ha enfrentado con varias personas, “más en las asambleas, en donde un grupo de gentes la obstaculizaban para que ella llevara a cabo algunos trabajos de saneamiento principalmente, no le dejaban que hiciera ese trabajo”.
Pavel Guzmán acusa que el principal obstáculo para que María Cruz esté en libertad ha sido la Fiscalía del estado, la que –asegura- ha registrado diversas irregularidades a lo largo del proceso.
“A María Cruz en un primer requerimiento (6 de enero de 2024), la Fiscalía la citó para sacarle información y declaraciones sin que ella estuviera acompañada de algún abogado, ni tampoco de un traductor, se transgredió el debido proceso, no se le permitió la adecuada defensa”.
Un segundo momento fue cuando la Fiscalía echó mano como su principal testigo “para incriminar a María Cruz, a una persona vinculada al crimen organizado, a quien mantiene como testigo protegido. Están basando todo el caso en lo que él dice, dando más credibilidad a un criminal que a otras pruebas que han presentado los compañeros”.
Denuncia que no se ha permitido que a la defensora se le juzgue con perspectiva de género e interculturalidad, “el juez que ha tenido el caso no ha comprendido los usos y costumbres de la comunidad, el rol de la compañera en la comunidad, la falta que hace en su familia, sino únicamente ha sido a través del derecho positivista”.
La siguiente audiencia del proceso contra María Cruz será el próximo miércoles 11 de junio. El CSIM, con las comunidades que lo integran incluida Ocumicho, prevé movilizarse ese día para demandar la liberación de la defensora.
“Los compañeros abogados han presentado diversos amparos y se han estado ganando, pero han sido impugnados por la Fiscalía y ahorita están en revisión. El último que se presentó se ganó, fue para que se volviera a revisar todo el caso, pero lo impugnó la Fiscalía, por eso decimos que en la práctica están criminalizando a los compañeros, porque María Cruz, es una compañera defensora del medio ambiente de primera línea”, apunta Pavel Guzmán.
Consulta:
Libertad para María Cruz, demandan
Más allá del discurso, violencia a indígenas
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