Con valuaciones nimias, sin pagar los predios expropiados, echando mano de la fuerza pública, con deuda y opacidad, el Gobierno del Estado impulsa “el desarrollo” en Morelia
Patricia Monreal
Cuando Efigenia Ángeles se dio cuenta, el predio que cosechaba con su marido para sacar algo de dinero ya no era de ella. Las máquinas de la empresa que el Gobierno contrató habían llegado bajo la consigna del desarrollo para despojarla de su patrimonio.
La mujer no supera los cincuenta años de edad. La parte del rostro que no esconde el cubrebocas negro que porta, devela en su mirada la impotencia de no saber qué le depara el futuro: “aquí sembramos y de aquí nos mantenemos, el maíz, las calabazas, el frijol, todo de aquí, y ya ahorita con esto ¿qué vamos a hacer? y nomás no nos quieren pagar y dan esperanzas pero pues nomás se quedan sepultadas”.
De las tierras llenas de árboles, mezquites, huizaches, nopales, granjenos, sembradíos y fauna ya queda bien poco, el café rojizo de la tierra removida y aplanada inunda el panorama. El trazo para la construcción del primer segmento del segundo anillo periférico de Morelia ha transformado el paisaje y la vida de los habitantes de las localidades de San Nicolás Obispo, Tacícuaro, Cuanajillo, La Estancia, Joya de Buenavista y Joya de la Huerta.
La construcción forma parte de las obras multianuales emblemáticas del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán y con las que se le ha venido promocionando como un impulsor del desarrollo. La realidad, los números, la reserva de información y los testimonios de las personas afectadas, cuentan otra historia.
La tierra que con mucho trabajo compró hace años el abuelo de María Juana Luna Gaona, quedó justo en medio del lugar por donde pasará la nueva vía. Su mamá las heredó y luego pasaron a ella, a su hijo y a su hermana.
Aunque María Juana ya aceptó los 320 pesos que el Gobierno del Estado le ofreció por metro cuadrado, sabe que la tierra vale más, y que costará aún más cuando ya no sea de ella y quede en otras manos. Pese a todo, se siente afortunada de que no le hayan ofrecido seis o 20 pesos por metro cuadrado como a otros.
El sábado 12 de abril mientras el hijo de María Juana –Arturo- cuidaba que las obras no alcanzaran el ojo de agua que alimenta los abrevaderos del ganado de los habitantes de la zona, fue detenido por elementos de la Guardia Civil, quienes se lo llevaron entre jalones y con toletes en mano por hablarles feo y tomarles fotografías.
El día previo, el Gobierno del Estado había enviado elementos de seguridad para irrumpir en predios que pretende usar y aún no ha pagado a los propietarios tras la expropiación.
Segmentos y costos
La suerte de los habitantes de las seis localidades ubicadas al suroestre de Morelia, quedó echada cuando el 21 de diciembre de 2022 el Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos de 2023.
En él los diputados autorizaron al gobernador la creación del Programa de Obra Pública Multianual por un importe que inicialmente se previó por nueve mil millones de pesos y que para el año siguiente, se incrementó con otros dos mil 500 millones de pesos adicionales.
Con un esquema de financiamientos triangulados para evitar reconocerlos legalmente como deuda, la administración bedollista se ha posicionado como la que mayor monto de compromisos financieros ha contraído en Michoacán. Las autoridades aseguran que el total de lo gastado en las obras multianuales quedará pagado antes de que concluya su periodo.
“Hay que sumarnos al desarrollo de Michoacán técnicamente, sin politizar”, recalcaba en 2022 el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, quien sin mayores complicaciones logró que en 45 minutos los legisladores integrantes de su comisión y de la de Hacienda avalaran por unanimidad el dictamen. Para entonces trascendieron versiones de un pago de dos millones de pesos por cada diputado que “dictaminó” a favor de la propuesta del gobernador.
En el primer paquete de obras multianuales, quedó incluida la construcción del segundo anillo periférico de Morelia, con una inversión prevista para su primer segmento por mil 274 millones de pesos, el cual comprende 13.4 kilómetros para conectar las salidas Pátzcuaro y Quiroga en Morelia.
En conjunto la obra consta de seis segmentos: 1. La Estancia-Tacícuaro (13.4 kilómetros), 2. Tacícuaro-Tarímbaro (26.6 kilómetros), 3. Tarímbaro-Cuitzillo (6.2 kilómetros), 4. Cuitzillo-La Goleta (7.4 kilómetros), 5. La Goleta-Jaripeo (4.8 kilómetros), y 6. Jaripeo-La Estancia (29.5 kilómetros). En total son 87.9 kilómetros.
El Gobierno de Michoacán arrancó los trabajos sin tener asegurados los recursos para concluir la obra en su totalidad, pese a ello, Alfredo Ramírez Bedolla al inaugurar los trabajos para la construcción de la primera parte, aseguró que todos los segmentos quedarán terminados durante su administración.
Desde el 2022 el gobierno estatal ya tocaba las puertas del federal pidiendo lo apoyara con recursos para financiar segmentos de la obra. En 2023 no fue contemplado ni un peso dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, y en los años posteriores la llave federal se ha mantenido cerrada, tanto que, el bedollismo sigue promocionando la obra como una acción financiada sólo con recursos estatales.
En enero de 2023 el gobernador se reunió con el entonces secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, en donde el funcionario le dio respaldo moral al mandatario, pero de recursos nada, aunque en el boletín que emitió el Gobierno del Estado sobre ese encuentro, se consignó que la federación tenía intención de apoyar con dinero para la construcción de uno de los segmentos.
De inicio se anunció que en total la obra tendría un costo de cuatro mil 500 millones de pesos, sin embargo, tomando en cuenta los montos ya anunciados en cuatro de los seis segmentos, el gasto será mayor a lo proyectado.
Continuar endeudando a Michoacán ha sido la ruta, aunque las autoridades sostienen que son “financiamientos” y no “deuda”, pese a que el Estado compromete recursos a futuro para pagarlos.
En 12 de julio de 2024 el Congreso local autorizó al Ejecutivo contratar un financiamiento (deuda) por 1.7 mil millones de pesos como “adelanto” de las aportaciones federales correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para destinar una parte a la construcción del segundo segmento del segundo anillo periférico.
Por lo que toca al segmento cinco, la previsión económica es de 835 millones de pesos, mientras que para el seis -que es el más largo de todos- se contempla un costo de 3 mil 245 millones de pesos.
Para la construcción de los segmentos 3 y 4 (Tarímbaro-Cuitzillo y Cuitzillo-La Goleta), las autoridades tienen proyectado un mecanismo de coinversión vía concesiones según información dada a conocer por las autoridades en agosto de 2024. Esto implicará que quienes en su momento transiten por esa vía deban pagar cuota para hacerlo. Las previsiones iniciales eran para la concesión de cuatro segmentos incluyendo un séptimo (4, 5, 6 y 7), lo que representaría casi la mitad del segundo anillo periférico concesionado a particulares.
En 2023 el Gobierno ya estaba en pláticas con dos empresas interesadas, según lo dio a conocer en su momento el secretario de Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez.
Irregularidades y opacidad
“Ellos entraron derrumbando cercas, derrumbando árboles, a mí hasta la milpa me tumbaron en una parte”, narra Efraín Gaona de San Nicolás Obispo al recordar cómo las máquinas de Gammi Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., llegaron al lugar para construir la obra.
Efigenia Ángeles agrega que se trata de un robo. “Es que ellos nomás vinieron y se metieron y no trajeron ningún documento que digan, traemos el permiso, miren, aquí, para meternos porque vamos a hacer esto, no nada de eso, nomás llegaron y órale a tumbar todo, a derrumbar como ellos dicen”.
El desdén y la opacidad hacia los poseedores de los predios y los habitantes de las seis localidades que han sido afectados por la obra ha sido la constante por parte de las autoridades estatales. Pero la falta de transparencia va más allá y atañe a la sociedad en su conjunto, ya que al ser públicos los recursos que ahí se ejercen es de interés general saber cómo se gastan.
En una sexta sesión extraordinaria (presumiblemente en 2023 ya que no se consigna la fecha), el Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, determinó clasificar como reservada y confidencial toda la información referente a los contratos de obra pública multianual.
Debido a ello se desconocen montos, especificaciones, participantes en las licitaciones, actas sobre las juntas de aclaraciones, aperturas de propuestas, fallos y documentos sobre la disposición presupuestal de las multianuales que están en manos de la SCOP.
Incluso no es posible conocer el contenido del acta de esa sexta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia, ya que no se encuentra disponible en el portal de las obligaciones de transparencia de la dependencia.
La referencia se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los listados de las licitaciones de la SCOP de 2023. En ellos aparece consignada una licitación con el número SCOP/DCC-OPM/LP/008/2023 sobre la obra del primer segmento del segundo anillo periférico, pero no hay la posibilidad de consultar los documentos respectivos. En la información generalizada que aparece en cada consulta que se realiza dentro de la Plataforma, en este caso, al final se consigna la reserva de información que se hizo.
No obstante, los criterios aplicados para tal reserva pueden conocerse en el acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del cinco de agosto de 2024 del referido Comité. En los puntos tres y cuatro de la orden del día se abordó el asunto a partir de dos recursos de revisión promovidos ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) con los números de expediente IMAIP/PREVISIÓN/0555/2024/2024 e IMAIP/PREVISIÓN/0434/2024 ello debido a un par de solicitudes de información: la primera sobre la manifestación de impacto ambiental, el contrato de obra, y el fallo de la licitación, y la segunda, solicitando copia del derecho de vía, la manifestación de impacto ambiental y la clave cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ahí se consigna que la Dirección de Proyectos e Ingeniería, a través del oficio SCOP/DPI/0368/2024 remitió al Comité “la clasificación par de información como reservada respecto a la manifestación de impacto ambiental”, en tanto que la Dirección de Licitaciones de Obra y Servicios hizo lo propio con el oficio SCOP/DLOS/0718/2024 respecto “al contrato de obra y el fallo de la licitación”.
El Comité optó por ratificar la reserva bajo el argumento de que “entregar la información solicitada representa un gran riesgo tanto para el desarrollo en materia de infraestructura, seguridad y desarrollo del Estado; en este orden de ideas, el no entregar la información solicitada a un particular, representa el menor de los daños y perjuicios posibles.
“Por lo que, la divulgación de esta información puede llegar a causar especulación de costos entre la sociedad, lo que podría llegar a ocasionar un perjuicio para el Estado con respecto al presupuesto ya aprobado para la ejecución del proyecto en cita y con ello comprometiendo el objetivo económico que pretende alcanzar para Estado (sic)”.
Incluso se usa a los propietarios de predios que hoy se ven afectados por la obra, como argumento para la opacidad: “se debe considerar que la Manifestación de Impacto Ambiental contiene datos de ubicación, con los cuales se pueden hacer identificables a las personas afectadas por el proyecto carretero del que deriva esta manifestación, poniendo en riesgo su integridad toda vez que estos reciben el pago por la venta total o parcial de su propiedad y de igual manera proporciona información de los contratistas que en ella intervienen dejándoles en estado de indefensión en temas de seguridad…”.
Lo que se omite consignar en dicha acta, es que los estudios de impacto ambiental a los que alude no existen, de ahí la reticencia a entregar la información requerida al respecto.
De la información disponible sobre la licitación SCOP/DPI/LP/008/2023 en la Plataforma de Transparencia, se puede conocer que se firmó el contrato DCC/LPE/OPM-08/2023 con la empresa Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., que se le pagó con cheque, y que la fecha de vigencia es del 28 de septiembre de 2023 al siete de mayo de 2027.
En la fiscalización de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2023, la Auditoría Superior de Michoacán determinó presuntos incumplimientos de diversas disposiciones normativas, entre ellas a los términos de referencia de la licitación pública ya citada.
Otra información que se consigna en la Plataforma de Transparencia es que para la obra, a solicitud de la SCOP se exentó la elaboración de los estudios de evaluación del impacto y riesgo ambiental establecidos por Ley.
“De conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción V, artículo 36, artículo 37 fracciones II y VI de la Ley Ambiental Para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo; así como del artículo 52, 56 fracción I, inciso h) y II, del Reglamento de la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo se ha exentado consecutivamente de la elaboración de dichos estudios bajo previa solicitud de la Secretaría y posterior análisis de la autoridad correspondiente”.
Pese a ello, el gobierno estatal sí emitió concurso y signó al menos un contrato para Estudios y Proyectos Complementarios de Impacto Ambiental para los segmentos 2, 3 y 4 de la obra, fue a través de la licitación SCOP/DPI/LP/068/2023 otorgada a Dantón Mendoza Cervantes de Pruebas, Ensayos y Proyectos, S.A. de C.V. (PEPSA), por un monto de ocho millones 908 mil 995.98 pesos que se pagaron vía cheque, con un plazo de ejecución de tan sólo 29 días (del dos al 31 de diciembre de 2023). La información de esta licitación y su contrato (DPI/LPE/FGP-27/2023) también está reservada.
Debido a la exención solicitada por la SCOP para la elaboración de los estudios de evaluación del impacto y riesgo ambiental y a la reserva de información, se desconoce si se realizaron o no los estudios asignados a PEPSA y por los que se pagaron del erario más de ocho millones de pesos.
En una segunda licitación, la SCOP/DIE/LP/052/2024 para “Elaboración de Estudios, Proyecto del Segmento 5”, se volvió a contratar a PEPSA, ahora por seis millones 549 mil 611.13 pesos, que le pagaron vía cheque, con un plazo de realización que corrió entre el 22 de agosto y el 23 de diciembre de 2024.
El despojo
“Desde hace un año que iniciaron la obra, nos han estado prometiendo sobre los pagos, sobre lo de respetar nuestros caminos, las bajadas de agua y todo, y hasta ahorita no se ha visto que han cumplido nada”, apunta Efraín Gaona de San Nicolás de Obispo, afectado en sus predios sin aviso previo de por medio.
Cansados por la falta de respuesta, propietarios y habitantes de las seis localidades realizaron el pasado 5 de marzo una clausura simbólica a la obra para exigir atención de las autoridades, las cuales, hicieron caso omiso de la movilización.
El 24 y 25 de marzo los habitantes retomaron las acciones parando los trabajos de la obra, y realizando un bloqueo intermitente en la carretera que comunica a San Nicolás Obispo con Cuanajillo.
La molestia por las valuaciones hechas por las autoridades a los predios, las afectaciones a los suministros de agua de las localidades, el corte de los accesos a los terrenos en que siembran y al cerro de donde se proveen del material para producir molcajetes y artesanías, propició la organización de los habitantes para presionar respuesta del Gobierno.
“En las valuaciones que ellos están sacando por metro cuadrado hay algunas hasta de 6 pesos o 20 pesos, las más altas son de 320 a 400, pero en realidad no son precios justos para nosotros”, apunta Efraín Gaona.
Porfirio Vargas y Juan Pérez Hernández de La Joya de Buenavista, tienen predios vecinos, y refieren que la construcción de un puente en la carretera que va de la autopista de Pátzcuaro hacia su localidad, partió su propiedad a la mitad y les cerró todo paso a la parte que permanecerá siendo de ellos.
En su caso, Porfirio contrató a un perito particular que valuó el costo de su propiedad en 950 pesos por metro cuadrado, monto diametralmente opuesto a los 39 pesos que le ofreció el Gobierno del Estado.
“Ahí tengo una propiedad de tres hectáreas, están afectando el 50 por ciento y el resto que me queda no tiene acceso ya para entrar porque con el puente que hicieron ahí, están tapando con todo lo que es la caída del puente el acceso a mi propiedad y a la de mi vecino que es también afectado al 50 por ciento más o menos de su propiedad”.
Su vecino, Juan, señala además que la obra va a trozar la presa de donde abastecen de agua al ganado, “no está muy grande pero de ahí nos da para estar todo el año con agua”. Coincide también en que nadie les avisó de la obra, “nosotros nomás miramos que estaban construyendo, pero ya miramos que dijeron no, pues aquí va a pasar”.
Efraín Gaona lo señala con todas sus letras: “En realidad aquí este tipo de proyecto a San Nicolás no lo beneficia nada. Aquí no hay bajada ni subida de automóviles, la única está en La Estancia, otra es en Tacícuaro, aquí San Nicolás es un cruce nada más y eso no favorece a nada al pueblo, además están cerrando todas las bajadas de agua”.
En el caso de Cuanajillo, Felipe de Jesús Ortiz Ortiz alerta que con los trabajos que se están realizando, incluido el uso de dinamita, ponen en riesgo el tubo que abastece de agua potable a la localidad, así como la fuerza que precisa el líquido para llegar a los hogares.
“Es agua potable para Cuanajillo Grande, para la comunidad, viene de aquí del pozo virgen propio, va a pasar ahorita aquí el libramiento según, bueno ya está pasando verdad, y están tronando barrenos y puede que nos afecten el agua, se nos va a ir para abajo, ya no va a salir”, “ya no agarra la misma fuerza, necesitaríamos comprar otra máquina, otra bomba más grande y sería gasto para uno, porque ese pozo es propio, no es del OOAPAS”.
Durante la toma y bloqueo parcial que realizaron los afectados, se hicieron presentes elementos de la Guardia Civil, quienes se mantuvieron a distancia sin intervenir debido a la presencia de medios de comunicación. Su inacción fue sólo en esos dos días.
El 26 de marzo, los habitantes afectados acudieron al Congreso del Estado exigiendo ser escuchados, ahí Juan Carlos Barragán Vélez que es diputado de Morena por el Distrito 16 de Morelia del que forman parte los poblados afectados –y que ha dado acompañamiento al caso- durante la sesión del Pleno Legislativo habló sobre el asunto acusando al Gobierno del Estado de despojar de su patrimonio a los habitantes.
“Están siendo víctimas de un atropello que no debe permitirse, están siendo despojados de sus tierras con pagos miserables para la construcción del segundo anillo periférico”, “en 2015 se reformó la Ley de Expropiación del Estado en Michoacán para garantizar que la indemnización a quienes se les afectara con una expropiación se pagara a valor comercial, no a precio de miseria”.
Como respuesta el diputado Juan Palo Celis Silva de Morena, sin dialogar previamente con los inconformes, los señaló de ser manipulados, les dijo que eran engañados, y aseguró que era falso que se estuviera pagando a seis pesos el metro cuadrado, “los avalúos van desde los 30 hasta los 400 pesos por metro cuadrado, dependiendo si es agrícola, estos avalúos los hace la Dirección de Patrimonio”, y aseguró que ya se habían realizado 154 pagos y convenios y que 53 estaban en curso. Como respuesta los afectados presentes en la sesión gritaban: “¡es un robo lo que están haciendo!”.
El 27 de marzo los inconformes fueron recibidos por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, acordando reuniones personalizadas la siguiente semana para analizar cada caso. En ellas las autoridades operaron para desarticular la organización lograda por los afectados, condicionándolos al silencio entre sí sobre los acuerdos tomados de manera particular.
Alfredo Ramírez Bedolla dio el banderazo de arranque de la construcción el 22 de febrero de 2024, esto es, diez meses antes de que se publicaran los primeros decretos de expropiación de los predios.
En total son 144 los decretos de expropiación –para igual número de predios- emitidos por el Ejecutivo para la obra de la primera fase del segundo anillo periférico: en diciembre de 2024 se emitieron 26, el día seis; 28 el día 27, y 37 el día 30; mientras que el 13 de enero de 2025, fueron 53.
Del total de predios, 81 cuentan con propietarios identificados y 63 están catalogados como “predio ignorado”, es decir, no se cuenta con el nombre y domicilio del dueño ya que no están habitados, y en la búsqueda documental a los archivos de la Administración de Rentas del Estado, la Tesorería Municipal, la Administración de Rentas Municipal de Morelia, y en la Dirección del Registro Público de la Propiedad, no se encontraron constancias o información que permita determinar donde pueda localizarse ni cuál es su nombre.
Pese a que en la reserva de información que realizó la SCOP argumentaba un criterio de protección a la seguridad de los poseedores de los predios, en los decretos de expropiación publicados en el Periódico Oficial del Estado aparecen a detalle nombres, montos y ubicación de sus propiedades, no sólo de las porciones que son motivo de afectación.
En los 81 predios en los que sí se tienen identificados los dueños, en total existen 55 propietarios, algunos comparten la posesión por ser familiares o bien son dueños de más de un predio.
Para los 13.4 kilómetros a construir en el primer segmento, el Gobierno ha expropiado 646 mil 171.64 metros cuadrados en predios ubicados en Cuanajillo (40 predios), San Nicolás Obispo (38), La Estancia (32), Joya de Buenavista (23), Tacíacuaro (6), Joya de la Huerta (4), y Capula (1).
Es Joya de Buenavista y San Nicolás Obispo, en donde se ha expropiado mayor extensión de terreno, el primero con 160.6 mil metros cuadrados, y el segundo con 160.3 mil metros cuadrados.
De los 144 predios expropiados en total, en seis de ellos el monto establecido por el gobernador en sus decretos, es de 20 pesos por metro cuadrado; y en 80 predios, de 36 pesos.
En 58 predios se pagará a los propietarios 320 pesos por metro cuadrado, sin embargo en 23 casos estos terrenos están bajo la categoría de “predio ignorado”, es decir, sin información sobre sus dueños.
Los decretos de expropiación establecen un plazo de seis meses para que los propietarios reclamen el pago a partir de que fueron emitidos.
El negocio
Mientras al 59.7 por ciento de los propietarios se decretó pagarles sus predios a 20 o 36 pesos el metro cuadrado, en las inmediaciones de la obra ya se ofertan terrenos a cinco mil pesos el metro cuadrado.
Pese a que en los acuerdos de reserva de información realizados por la SCOP se argumentó la secrecía para evitar la especulación, ha sido el propio gobernador Alfredo Ramírez quien con sus declaraciones la ha venido alentando.
“Segundo anillo periférico de Morelia aumentará 1100% plusvalía de predios”, consignó un boletín emitido el pasado 21 de abril por el Gobierno del Estado a partir de declaraciones hechas por el mandatario en la rueda de prensa que realiza cada lunes.
Las cifras que públicamente maneja Alfredo Ramírez Bedolla no cuadran con los documentos oficiales que existen y son públicos. En su comunicado de prensa el gobernador consigna una superficie mayor de tierra expropiada así como del número de predios: un millón 146 mil 418 metros cuadrados de superficie total, y 269 predios implicados en el proyecto, “de los cuales se realizaron convenios directos con 154”, señala.
“Imagina construir tu hogar en un lote de 8×20 metros, rodeado de vistas espectaculares a la presa y a Morelia, con fácil acceso al 2do Anillo Periférico a solo 500 metros de distancia”, reza la publicidad en la web de Inmuebles Hahn, cotizando el valor del metro cuadrado a cinco mil pesos.
Desarrollo Diamante oferta en Facebook terrenos ubicados en Joya de la Huerta, “a unos metros del 2do anillo periférico”, por diez mil pesos de enganche y mensualidades de tres mil pesos.
En la página “Terrenos Morelia” de Facebook, ilustrada con una fotografía de las obras del primer segmento se oferta: “Venta de terrenos ubicados en los límites del nuevo anillo periférico de Morelia Michoacán ESCRITURA PAREJO PANORÁMICOS FACILIDADES DE PAGO”.
Alfa Inmobiliaria también ha puesto en venta terrenos promocionándolos “muy próximos” al proyecto del segundo anillo periférico. Se han vendido como pan caliente.
La represión
Frente a la organización de los habitantes y al bloqueo de la obra que realizaron, la reacción del Gobierno del Estado no se hizo esperar: el once de abril envió a la Guardia Civil para concretar por la fuerza el despojo denunciado por los inconformes.
Angelita Hernández Ortiz narra: “Llegaron con la fuerza pública para ingresar a los predios que son míos y de mis hermanos, según ellos para liberar el derecho de vía, ahorita ya van a llegar a la presa que es la que he estado yo luchando porque la respeten porque ahí hay ganado y es desde donde toma agua”.
Cuenta que primero el Gobierno le ofreció 12.50 pesos por metro cuadrado sobre sus predios, luego -como para impresionarla- le aumentó la oferta hasta 200 pesos, pero ella ya había realizado un avalúo particular que reporta un valor de 950 pesos el metro cuadrado en su propiedad.
La impotencia la inunda y lamenta: “ver que se roban lo mío, no puedo hacer nada, hacer una revolución yo quisiera pero no se puede”, “¿qué hacemos contra el gobierno?, quisiera hacer una Carlota, aventarles balazos, pero pues no puedo, no está en mis manos”.
El sábado 12 de abril, luego de la irrupción de la Guardia Civil en los predios, Arturo Luna Gaona se paró temprano para ir a cuidar el ojo de agua ubicado en uno de ellos. Una vez más los uniformados llegaron y frente a la negativa de Arturo por retirarse del lugar arremetieron en su contra.
Angelita veía impotente la represión mientras con su celular grababa video para tener registro de lo sucedido. Arturo tomaba fotos y eso molestó a los uniformados quienes entre jalones se lo llevaron detenido mientras él les reclamaba. Para ponerle un alto se presentaron cargos en su contra por mentarle la madre a los uniformados y por presuntas amenazas en contra de un ingeniero.
Dos días después Alfredo Ramírez Bedolla en rueda de prensa dio juego a la narrativa de “las amenazas” en contra de funcionarios y personal de la constructora, e incluso dejó en clara su intervención en la Fiscalía General del Estado para dar continuidad a la denuncia, al referir que ya había hablado con su titular.
Y advirtió: “No vamos a pagar un metro cuadrado superior al precio que nos marcan los avalúos”; luego prácticamente acusó de especuladores a los propietarios afectados al referir que pretenden elevar los precios de sus predios, “se está construyendo el segundo anillo periférico sobre terrenos rurales, sobre terrenos agrícolas, es más, sobre terrenos que no tienen uso agrícola ni pueden tener uso porque son barrancas, son pedregales”.
La revictimización de quienes han sido víctimas del despojo de su propiedad por una obra operada en la opacidad, violentando la norma, endeudando al estado y sin cuidado al medio ambiente, es la tónica.
“Ojalá y esta entrevista llegue a la presidenta para que vea la presidenta el cambio, el segundo piso de la transformación como dice ella y lo que están haciendo con la gente pobre, atropellando a la gente, esa es la palabra”, suelta impotente Angelita Hernández.
