Activistas y organizaciones de 18 estados fijaron postura durante el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia
Redacción
El reconocimiento de la profunda situación de injusticia socio ambiental que ya prevalece en la mayor parte del país, mediante acciones concretas que hagan efectivos los escasos instrumentos de defensa de derechos con los que cuenta el pueblo de México, es parte de las exigencias formuladas durante el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia.
Celebrado el pasado fin de semana en la Basílica de Ocotlán, en el estado de Tlaxcala, el encuentro congregó a integrantes de comunidades, colectivos, organizaciones y la academia de 18 estados de la República, quienes emitieron un posicionamiento en torno a la gravedad de la situación ambiental que prevalece en México.
El esfuerzo pretende “generar una fuerza social amplia, diversa y heterogénea, pero unificada y orientada al bien común, para que en nuestro país estos problemas no se minimicen ni banalicen y se empiece a poner un verdadero freno a la devastación socio-ambiental que nos está matando como condición indispensable para la recuperación de nuestros entornos vitales”.
El pronunciamiento es amplio con exigencias específicas en lo nacional y regiones en lo particular.
“En nuestras regiones proliferan enfermedades crónico-degenerativas provocadas por nuestra exposición permanente a sustancias tóxicas y peligrosas, cuya acumulación en nuestros territorios ha sido provocada por tecnologías nocivas, concentración urbana y actividades extractivas nocivas, a la vez que permitida, tolerada y hasta encubierta por las autoridades de todos los signos políticos, incluso las que actualmente gobiernan nuestro país”, señala el documento leído en rueda de prensa.
Ahí se consigna que México, por la forma en que está firmemente subordinado económica, política y jurídicamente a las necesidades de abasto, comercio y despilfarro de Estados Unidos, ha sido empujado a tener que aceptar múltiples formas de un envenenamiento sistemático que deriva de la multiplicación, combinación y acumulación de procesos de producción, comercio, distribución y consumo de sustancias tóxicas y peligrosas en todos los sectores económicos y en todos los territorios del país.
La exposición a esas sustancias y procesos contaminantes –abunda el documento- nos ha privado del ejercicio pleno de nuestros derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, a la biodiversidad, al agua, a la alimentación, a la cultura, a un trabajo, vivienda y hábitat dignos, sustentables y en paz, así como a la información verdadera (colectiva y científica), a la justicia, a la petición y todos los derechos asociados a aquellos.
Refieren que durante las últimas cuatro décadas se atrajo inversión extranjera, facilitando el acceso a la fuerza de trabajo y desregulando el sobre uso de la naturaleza y espacio, implementando una sofisticada ingeniería jurídico-institucional para desmantelar, distorsionar y desvirtuar todas y cada una de las capacidades gubernamentales de inspección, vigilancia, análisis y sanción frente al despojo y destrucción del medio ambiente y la salud.
Enlistan múltiples afectaciones ambientales por el arribo indiscriminado de inversiones extranjeras, lo que ha derivado a la “proliferación de regiones y sitios de emergencia sanitaria y ambiental, a la degradación de las zonas aledañas a las industrias extractivas mineras y petroleras, al crecimiento exponencial de los accidentes industriales, los derrames y fugas de sustancias tóxicas y cancerígenas, al empleo irrestricto de plaguicidas altamente peligrosos (en ocasiones prohibidos en otros países), así como el ingreso de insumos químico industriales altamente peligrosos, alimentos altamente procesados con sustancias nocivas a la salud, la siembra y la importación masiva de transgénicos que contaminan nuestras semillas, la concentración de megagranjas industriales expulsadas de Estados Unidos, la propagación del monocultivo de plantaciones de aguacates, berries y otros cultivos de exportación”.
Entre las exigencias que formulan en lo nacional está la defensa de la soberanía nacional frente a cualquier acto de injerencia sobre políticas internas de México en materia ambiental, laboral y sanitaria, así como ante actos de agresión en contra de su población, ya sea en nuestro propio territorio o en el extranjero
También precisan la revisión crítica de los marcos regulatorios en materia de agroquímica, salud laboral, asbesto, contaminación de aguas, aires y suelos, acceso popular y gestión de recursos vitales, bioseguridad, etcétera, así como en cuanto a la regulación de riesgos y la responsabilidad por daños ambientales y sanitarios, además de los procedimientos de creación de normas técnicas relativas.
Demandamos poder intervenir en la revisión del Plan México y otros programas de promoción del nearshoring en México, así como el reconocimiento de contralorías ciudadanas de agua, aire y suelos, así como ampliación de los mecanismos de participación ciudadana y de los procesos de democratización de las instituciones públicas, entre otros.