“…¿será que esta crisis se detonó tras la llegada de López Obrador al poder, como muchos de sus detractores insinúan…?”
Francisco Viveros Dávalos
Vivero de Ideas
Para nadie es un secreto el auténtico estado de barbarie que vive nuestro país a causa de disputas territoriales entre los cárteles de narcotraficantes que operan en todo el territorio nacional. Es también evidente que el Estado mexicano se ha visto rebasado en la tarea de garantizar la seguridad para su población.
Pero, ¿será que esta crisis se detonó tras la llegada de López Obrador al poder, como muchos de sus detractores insinúan, o tal vez es un problema más añejo del que una parte de la comentocracia no se quiso dar cuenta hasta hace seis años? El presente Vivero de ideas hace un breve recuento de los últimos tres sexenios en la materia.
En el año 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia y decidió “declararle la guerra al narco”, se reportaban alrededor de 10 mil homicidios y al año siguiente, la cifra había descendido a cerca de 8 mil. Sin embargo, al final de su sexenio, se habla de entre 60 y 70 mil homicidios. La cifra de cárteles de la droga, por su parte, era de apenas una decena al iniciar el sexenio, ya para 2012 se registraban entre sesenta y ochenta.
Durante esta administración en Michoacán, se registraron algunos hechos como el ataque a civiles durante la conmemoración de las fiestas patrias en el centro histórico de Morelia en septiembre de 2008, dejando un resultado de ocho personas sin vida. El semanario Proceso registró que la entonces Procuraduría General de la República fabricó culpables en las investigaciones, violando los derechos humanos de los presentados como presuntos responsables.
En 2012, Enrique Peña Nieto no tuvo mejor idea que desparecer la Secretaría de Seguridad Pública y endilgarle la cartera a Miguel Ángel Osorio Chong (¿acaso por ser del Grupo Hidalgo, competencia del Grupo Atlacomulco?). El mexiquense cerró su sexenio con cerca de 150 grupos delictivos operando y ceca de 150 mil homicidios.
En Michoacán se registró el levantamiento armado de grupos denominados de autodefensas en la región de Tierra Caliente. Ante ello, el mandatario envió a un hombre de todas sus confianzas, Alfredo Castillo Cervantes, quien entre otras hazañas logró: armar a la población civil fuera de la ley, complicidad con grupos de sicarios que controlaban la extracción minera en la región de la Sierra-Costa, y el gobierno de facto bajo una figura meta-constitucional, gracias a la cual adquirió el título de virrey en el argot político, y que causó una auténtica crisis de gobernabilidad en la entidad.
En la política doméstica, se recuerda la Tutoteca, conjunto de videos que muestran la colusión de figuras como el hijo del entonces gobernador constitucional, Fausto Vallejo Figueroa, o el sucedáneo gobernador interino, Jesús Reyna García, con el fundador del cártel La Familia Michoacana, Servando Gómez La Tuta.
La administración más sombría para el estado y las autoridades de los tres niveles de gobierno que demostraron mayor inutilidad para afrontar el problema.
Finalmente, el sexenio de los abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador cerró con una cifra que raya en los 200 mil homicidios, presencia de cárteles en municipios del 60 por ciento y el surgimiento de 20 nuevas organizaciones criminales.
En municipios de Michoacán, se aprecia ya un paisaje cercano a los conflictos armados en oriente próximo: desplazamiento de la población local, destrucción total de inmuebles, bloqueos a carreteras federales, asesinatos de candidatos a puestos de elección popular y funcionarios públicos, aumento en delitos de extorsión; fenómenos que se replican en varios municipios de otras entidades federativas.
También destaca una escandalosa sumisión de la administración pública a las fuerzas armadas, agravando la violación a los derechos humanos de la población civil y el debilitamiento de funciones básicas del Estado.
Sin duda, son muchas las preguntas que se pueden formular y la lista de responsables es numerosa. También es cierto que el problema del crimen organizado en nuestro país es de carácter complejo y gran parte de su explicación se encuentra cruzando el Río Bravo, por lo que en ocasiones resulta inútil responsabilizar a gobernadores y presidentes municipales.
Lo cierto es que llevamos tres sexenios consecutivos (Calderón, Peña y AMLO) cuyas estrategias o ausencia de las mismas han resultado un rotundo fracaso y que han convertido a nuestro país en un genuino campo de batalla.
Se espera que la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al electo presidente estadunidense Donald Trump, acerca del comercio de armas, logren marcar aunque sea una leve diferencia con respecto de las administraciones anteriores.
Ilustración portada: Reco
