Alfredo Ramírez se publicita aliado de las comunidades, mientras ellas pagan con vidas, desapariciones, acoso y desplazamientos el tener a un “gobernador amigo”
Patricia Monreal
Asesinatos, desapariciones, ataques, despojo y detenciones forman parte del panorama que en Michoacán enfrentan día a día pueblos indígenas, en el que las autoridades estatales han optado por una política de simulación mientras abdican de su responsabilidad para garantizar la seguridad como les mandata la Ley.
Este año ha sido pública la desaparición de 17 integrantes de comunidades indígenas, además, éstas han dado cuenta de al menos dos de sus integrantes asesinados y otra más –defensora ambiental- encarcelada, mientras que los ataques de grupos delincuenciales contra ellas han sido la constante.
El Gobierno del Estado se ha visto rebasado y ha debido reaccionar frente a las continuas movilizaciones y acciones de las comunidades indígenas, aunque no en todos los casos, en los que lo ha hecho generalmente no da resultados.
Mientras las comunidades sufren el acoso de la delincuencia, el mandatario michoacano se presume y publicita aliado de los pueblos indígenas, esos que han venido pagando con vidas, desapariciones y desplazamientos el tener un “gobernador amigo” en Michoacán.
La simulación
En el territorio michoacano existen indígenas de 35 pueblos originarios, pero los que tienen mayor presencia son los purépechas, los nahuas, los otomíes y los mazahuas. Los tres primeros han sido motivo de atención pública a lo largo de 2024 debido a la violencia que han enfrentado y a las acciones que han realizado para combatirla y visibilizarla.
Como gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla ha continuado la ruta que siguió como diputado en la LXXIV Legislatura local (2018-2021), utilizando políticamente a las comunidades y simulando en su beneficio acciones que -de hecho- no sólo han vulnerado los derechos indígenas, sino incluso han puesto a los pueblos en situación de constante riesgo.
Ramírez Bedolla promovió como legislador incorporar a la Ley Orgánica Municipal disposiciones para el acceso al presupuesto directo a las comunidades indígenas, lo hizo sin que se consultara debidamente a las comunidades indígenas, por lo que si alguna de ellas promoviera juicio ante la Corte sobre tal ordenamiento, éste corre el riesgo de venirse abajo.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa en revisión una controversia constitucional promovida por el ayuntamiento de Zitácuaro contra la Ley Orgánica Municipal del Estado en lo concerniente a los autogobiernos, sobre la que los ministros han determinado una revisión a fondo para determinar si existe una colisión del derecho de los ayuntamientos sobre la hacienda municipal, y el de las comunidades para el acceso directo a presupuesto.
Ataviado con discurso indigenista, Alfredo Ramírez optó como gobernador abdicar de la responsabilidad para garantizar a las comunidades seguridad, promoviendo reformas a la norma para que sean éstas las que asuman ese peso que constitucionalmente está conferido al Estado.
A partir de una iniciativa promovida por el mandatario, el siete de julio de 2022 el Congreso del Estado, aprobó el reconocimiento de las kuarichas, rondas y rondines comunales dentro del rango de la Policía Municipal, esto al reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Con ello se formalizaba legalmente la posibilidad de la autoprotección de las comunidades, sin embargo la aplicación del mandato mostraría serias deficiencias.
El noviembre de 2023 el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) anunció su decisión de impugnar el reglamento emitido por el Gobierno del Estado sobre las Kuarichas por considerarlo una violación de los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
Hoy día de las 40 comunidades reconocidas por el Gobierno del Estado con autogobierno –no reconoce ni a Ostula ni a Nurio- sólo siete cuentan con armamento autorizado para dos años conforme a los datos del CSIM.
Tras las movilizaciones protagonizadas este 2024 por las comunidades debido a la inseguridad, las autoridades estatales les entregaron 27 patrullas, una por comunidad dejando fuera a 13 de ellas.
En tanto, los guardias comunales para ser reconocidos deben someterse a una capacitación que dura entre ocho meses y un año, prácticamente una tercera parte del tiempo por el que son nombrados.
“Cuando ya quedan reconocidas las rondas, el Gobierno deja solas a las comunidades, no hay ni siquiera rondines. Nosotros hemos estado insistiendo mucho en que haya rondines del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil pero no los han cumplido”, refiere Pavel Guzmán, vocero del CSIM.
Agrega que han solicitado bases de fuerzas de seguridad en algunos puntos, “las autoridades firmaron y está en minutas que iba a haber una en Santa Fe de la Laguna y no han cumplido, también en la Cañada de los 11 Pueblos, otra en la Meseta y otra en la Ciénega, una en cada región purépecha pero no han cumplido.
“El gobernador se comprometió hace un año que iba a haber un cuartel general para todas las cuadrillas pero tampoco ha cumplido, hace muchas declaraciones mediáticas, pero no las cumple”, refiere.
La realidad
No bien arrancó este año cuando se conoció la noticia de la desaparición de José Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos, comuneros de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán. El primero fue integrante del Concejo de Administración de su comunidad la cual, se rige por el sistema de usos y costumbres.
Ambos se dirigían el dos de enero a la comunidad de Ocumicho, en el municipio de Charapan cuando desaparecieron. Días después -el 12- ante la falta de resultados de las autoridades para dar con su paradero, comuneros de Ocumicho se movilizarían para exigir su localización.
La acción comunal encontró reacción meses después cuando el cinco de junio -Día Mundial del Medio Ambiente- María Cruz Paz Zamora, defensora de los bosques y consejera de ecología y medio ambiente de Ocumicho, fue detenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado responsabilizándola de la desaparición de Israel y Oscar Vargas.
Frente a la situación, comunidades indígenas condenaron la decisión exigiendo su liberación, lo mismo hicieron el Consejo Nacional Indígena (CNI) y el CSIM.
Los dos comuneros permanecen desaparecidos y María Cruz Paz detenida, ésta última a la espera que se resuelva un amparo promovido por el CSIM para que sea puesta en libertad.
Las comunidades de Carapan, San Juan Tumbio, Caltzontzin y Santa Fe de la Laguna al arrancar el año determinaron la toma de carreteras, fue el diez de enero cuando salieron para condenar la inseguridad y la inacción del estado para poner freno a ésta.
Pasaron sólo cuatro días para que se ratificara el porqué de la exigencia indígena. El 14 de enero Abraham Maravilla Govea, Luis Rivera Santos, Aldo Marcos y Armando Lázaro Trujillo comuneros de La Cantera, del municipio de Tangamandapio, fueron desaparecidos cuando salieron rumbo a Tinaja de Vargas, en Tanhuato, para vender tacos. Lo ocurrido derivaría en la movilización comunal para exigir a las autoridades su localización. Los cuatro siguen desaparecidos hasta hoy día.
La defensa del territorio ha sido también constante en el accionar indígena, el 16 de enero las comunidades de Santa Ana Chapitiro y San Pedro Pareo en el municipio de Pátzcuaro, protestaron contra la instalación de una fábrica de cosméticos en las inmediaciones de su territorio.
Arrancando febrero –el día primero- un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compuesto por al menos 50 sicarios, se internó en territorio comunal de Ostula y atacó la encargatura de La Cofradía que en ese momento se encontraba vacía y le prendió fuego.
En su incursión los delincuentes hirieron a un comunero, mientras que la Guardia Comunal repelió el ataque logrando que el comando abandonara el territorio. Tras lo sucedido fueron suspendidas las clases y las actividades laborales por varias semanas en la comunidad.
Frente a los ataques a Ostula, 220 organizaciones y personas defensoras de derechos humanos de al menos 16 estados de la República, a través de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”, emitirían un posicionamiento exigiendo al gobierno federal generar un diálogo para la construcción de estrategias conjuntas a fin de enfrentar las embestidas y que coadyuvara al ejercicio pleno de la libre determinación de la comunidad.
El 19 de marzo, el profesor y ambientalista José Gabriel Pelayo Zalgado, fundador del Consejo Popular de Chinicuila y defensor del medio ambiente en Coahuayana, fue desaparecido, su esposa se despidió de él ese día cuando salía rumbo a Coalcomán. Las autoridades no han mostrado interés alguno por dar con su paradero.
Al día siguiente, comunidades integrantes del CSIM realizarían tomas de carreteras en diferentes puntos del territorio michoacano como parte de su segunda movilización nacional en defensa de las autonomías.
La resistencia de autoridades municipales para comunidades con autogobiernos y el ejercicio directo de su presupuesto ha persistido. La Sindica de Erongarícuaro, Engracia Ramos, promovería una controversia constitucional buscado evitar que la comunidad de Jarácuaro –de la que es originaria- alcance su autonomía, ello derivó a que el cuatro de abril la comunidad saliera a las calles para manifestarse contra tal acción.
La comunidad otomí de San Matías el Grande, en el municipio de Hidalgo, enfrentaría las resistencias hasta el último momento del alcalde José Luis Téllez Marín, y pese a contar con fallos a favor para que se entregara el presupuesto para su ejercicio directo, el tiempo que él presidió el ayuntamiento la comunidad no pudo ejercer su derecho.
Pese a las movilizaciones y exigencias indígenas para impedir que violentadores de sus derechos fueran reelectos, la autodenominada Cuarta Transformación premió a Téllez Marín postulándolo a una diputación federal, la cual finalmente ganó.
El cinco de abril en la capital del estado se movilizarían comuneros de Arantepacua, del municipio de Nahuatzen, para recordar la masacre de la que fueron objeto en 2017 por parte de las fuerzas de seguridad. Como respuesta, el gobierno de Alfredo Ramírez reaccionaría con la misma mano dura que el de Silvano Aureoles siete años atrás.
A punta de gases lacrimógeno y chorros de agua, los comuneros y manifestantes fueron recibidos en Palacio de Gobierno por las fuerzas de seguridad, sin importar que hubiera familias y niños pequeños.
Ese mismo mes –el día 30- José Cruz Ruiz, encargado del orden y de la brigada contra incendios de Patamban, municipio de Tangancícuaro, fue asesinado de tres balazos. Su cuerpo fue localizado en una parcela, a un costado de la carretera Patamban-La Cantera.
Dos semanas después, el viernes 17 de mayo, en el tramo de la brecha que corre de la cabecera municipal de Aquila a la encargatura de la Mina de Providencia -a la altura de La Estanzuela- el comunero de Ostula, Antonio Regis Nicolás, junto con su esposa e hijo de dos años, es interceptado por un comando vestido con trajes militares portando las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí frente a su familia es asesinado.
Luego de ello, la comunidad de Coahuayula en el municipio de Chinicuila, fue rodeada a las seis de la mañana del 29 de mayo por hombres fuertemente armados, reportándose detonaciones de armas de grueso calibre y el uso de explosivos contra las casas.
Al día siguiente en Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, un comando ingresó a la comunidad y realizó disparos en la Plaza Principal, desarmó y agredió a la Ronda Comunal, amenazándolos de muerte e hiriendo a un guardia comunal.
Por la noche los habitantes de la comunidad tomarían la carretera federal Morelia-Zacapu, para exigir al gobierno Federal y al Estatal que cumplan con su obligación constitucional y otorguen seguridad en la región, así como para demandar se establezca un destacamento de la Guardia Nacional.
En Aquila, los ataques contra Ostula se incrementarían, el 13 de junio mientras arreaba su ganado un comunero fue atacado por un grupo de 30 sujetos armados; el primero de julio hubo ataques contra los puntos de seguridad que la Guardia Comunal estableció para vigilar y evitar el avance de la CJNG en su territorio; dos días después, desde temprana hora en la comunidad se escucharían explosiones ocasionadas por drones así como detonaciones de armas de grueso calibre, esto en los cerros que rodean la encargatura de La Cofradía, y para las cinco de la tarde se daría aviso a toda la población sobre la presencia de miembros del CJNG acercándose a las casas, escuelas e iglesia.
Ese día, conforme a los protocolos de seguridad se resguardó a la población y la Guardia Comunal ejerció labores de defensa, alrededor de las seis de la tarde comenzaron a escucharse nuevamente detonaciones y explosiones, una de ellas en la cancha central, las agresiones se repitieron cada 40 minutos.
La lucha de Ostula no sólo sería contra la incursión delincuencial en su territorio, sino también contra los intereses privados para hacerse de él.
El nueve de agosto habitantes de la comunidad se apersonaron en Morelia, frente al edificio del Poder Judicial Federal, para exigir un fallo a favor del amparo que promovieron para no ser despojados de Xayacalan, tierra sagrada que es disputada por delincuentes y empresarios mineros y turísticos.
En tanto el día 14 de ese mismo mes, habitantes de Nuevo Zirosto, municipio de Uruapan, tomarían las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua en Morelia para exigir que no se les quite el agua del manantial de Tzipicha ubicado en su comunidad para ser entregado a particulares, y solicitaron a la dependencia retirar la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República en su contra criminalizándolos.
El tema del agua ha sido motivo de movilización y exigencia por parte de comunidades, éstas han asumido la vigilancia para evitar la sustracción del líquido en los lagos frente a la inacción gubernamental. En abril el Consejo Supremo Indígena deshabilitaría bombas para el huachicol en el lago de Zirahuén, en el municipio de Salvador Escalante.
La crisis de inseguridad que se cierne sobre las comunidades indígenas en Michoacán colapsaría para las autoridades estatales en agosto, cuando el día 20 siete integrantes de la Kuaricha de La Cantera, fueron desparecidos luego de acudir a un llamado de auxilio de un comunero. Además en San Lorenzo se reportó el intento de secuestro de un habitante del lugar.
La reacción no se hizo esperar con movilizaciones de diferentes comunidades que bloquearon carreteras, en tanto que en La Cantera, fue incendiado un autobús de la línea de Occidente.
En San Lorenzo previo al intento de secuestro del comunero, otros dos sí habían sido “levantados” y se tuvo que pagar rescate para su liberación. Frente a ello la comunidad determinó cerrar la carretera Carapan-Los Reyes exigiendo presencia permanente de la Guardia Nacional.
Tres días después de ser desaparecidos, los kuarichas de La Cantera fueron localizados en el municipio de Ecuandureo, poco después, todos los integrantes de la Guardia Comunal determinarían renunciar, se emitieron convocatorias para ocupar esos espacios, pero la respuesta de participación fue nula.
A la par que los kuarichas aparecían, la comunidad de San Ángel Zurumucapio del municipio de Ziracuaretiro anunció -el día 23- que se levantaba en armas para defenderse contra la delincuencia que azota la región, por lo que sus habitantes procedieron a armarse e instalar barricadas en los accesos del pueblo.
La acción obligó al Gobierno del Estado a reaccionar y sentarse a dialogar, por lo que en una Asamblea Comunal determinaron aceptar la presencia de elementos de la Guardia Civil estatal.
Tocó luego a una familia de Carapan, en el municipio de Chilchota, ser víctima de desaparición, madre y padre de 25 años y su hijo de ocho salieron de su casa para visitar a unos parientes pero no llegaron. La movilización comunal no se hizo esperar: la carretera Zamora- Zacapu a la altura del crucero Uruapan-Carapan fue bloqueada.
Una nueva desaparición se suscitó el 21 de septiembre, se trató de Juan Guzmán Roque exjefe de tenencia de la comunidad de Aranza, municipio de Paracho. Una vez más, la falta de resultados de las autoridades para su localización propició el bloqueo de carreteras, en este caso la de Cheran-Paracho.
Para el primero de octubre hubo otra desaparición, ahora en la comunidad de Jesús Díaz Tsirio, en el municipio de Los Reyes, se trató del jornalero José Luis Martínez Tello a quien se lo llevaron cuando se dirigía a trabajar en una huerta de aguacate en Cotija. La acción comunal con el cierre carretero en el crucero de Tingüindin y la quema de un vehículo, logró que en este caso las autoridades localizaran con prontitud a la víctima.
La comunidad de Coahuayula, volvería a ser objeto de ataque por grupos de la delincuencia el viernes once de octubre, Yulissa Pelayo hija de Gabriel Pelayo –defensor ambiental desaparecido- daría cuenta del hecho a través de sus redes sociales.
“Aun no salía el sol y el sonido de las balas de grueso calibre y detonaciones de bombas ya se hacían presentes en la comunidad. Esta publicación no es para que manden refuerzos porque sabemos que los 3 niveles de gobierno y las autoridades correspondientes no hacen caso a la situación, llevamos más de un año en situación de violencia, esta publicación es para que la sociedad en general se dé cuenta del abandono que el gobierno le da a sus comunidades marginadas pues cuando no hay de donde llenar sus bolsillos no existen las personas vulnerables. Al final del día es la comunidad la que hace frente a proteger a los suyos…”, referiría la defensora.
Imagen portada: 2024, movilización indígena en el marco del 12 de octubre | Fotografía: CSIM
