Su caso sienta precedente en Michoacán al convertirse en el primero de amenazas juzgado con perspectiva de género, que logra un fallo condenatorio contra el responsable
Patricia Monreal
Cuando en 2020 Nayeli acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar denuncia por amenazas contra el padre de sus hijos, el Ministerio Público que la atendió, fastidiado le advirtió que ese tipo de casos nunca se judicializan, es decir, no llegan ante un juez para ser resueltos.
Tres años después, el caso de Nayeli Ocampo Tapia sienta precedente en Michoacán al convertirse en el primero por amenazas, juzgado con perspectiva de género, que logra un fallo condenatorio contra el responsable.
El pasado seis de julio, el juez Manuel Padilla Téllez determinó la culpabilidad de Rafael Romero Martínez por el delito de amenazas, y será el próximo 13 de julio cuando se realice la audiencia de individualización de la sentencia para determinar la pena que será impuesta.
“Después de tres años, dos meses y 23 días se llega al fallo condenatorio, lo que quiere decir que la Fiscalía y mi asesora jurídica lograron probar la comisión del delito”, apunta Nayeli luego de años de batalla en busca de justicia.
Aunque la causa penal 634/2021 por la que fue declarado culpable Rafael le llevó tres años de lucha a Nayeli, la historia de violencia y amenazas que vivió y su peregrinar buscando ser atendida se remonta años atrás.
A más de un lustro de distancia, lo vivido rompió a su familia, la hizo mudarse de su casa con sus dos hijas buscando protección, y romper la relación con su hijo mayor en un caso de alienación parental y violencia vicaria.
La travesía
En 2018 Nayeli tocó las puertas del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), buscando denunciar a Rafael por violencia familiar. Ellos se habían separado tiempo atrás luego que él intentó golpear a su hijo por tener bajas calificaciones y ella se interpuso para evitar la agresión.
Para Rafael resultó intolerable enterarse que Nayeli había iniciado una nueva relación y en 2018 comenzó a enviarle mensajes para amenazarla. Asustada acudió al CJIM por ayuda y para denunciar a su agresor, pero no encontró respuesta pese a existir antecedentes de violencia familiar, ahí se le indicó que su caso debía ser atendido en el área de Delitos Cibernéticos pues los mensajes amenazantes fueron vía whatsapp.
“Lo vas a pagar”, “mil veces te maldigo”, “no usaré toda mi sucia inteligencia para desfogar ya no mi amor, sino mi odio, contra ti y contra todo lo que esté contigo, sin importarme nuestros hijos, ni las leyes, ni nada”, “devolverte todo el dolor que me estás causando será mi maldito y sucio objetivo”, rezaban los mensajes que Rafael envió a su víctima.
Pese a las amenazas, la Fiscalía optó por la vía de la conciliación, en donde se llegó a un acuerdo de pensión alimenticia -que Rafael incumplió- y la tutela de Nayeli sobre sus hijos. La denuncia de 2018 se dio por finalizada en 2019.
No pasó ni un año cuando en marzo de 2020 ella recibió nuevos mensajes de amenaza, lo que coincidió con el inicio de la crisis sanitaria y las restricciones por el confinamiento, por lo que su querella tuvo que esperar a ser presentada en mayo.
La violencia en los mensajes era evidente: “Una pared con púas atravesará los rosados labios de tu sexo, atravesará tu vientre y tu garganta, y yo, llegaré para mirar tu última mirada, y te seguiré con amor a tu camino hacia el averno”; “se habla de un sacrificio al sol que cure las heridas y el dolor, se habla que el viento arrojará una lluvia de metales filosos, metales que derramarán un río de sangre para equilibrar el odio y la angustia de mi humillado ego, tan destruido y tan atormentado”.
El 25 de octubre de 2021, cuando Rafael fue vinculado a proceso por una nueva denuncia promovida por Nayeli, al reconocer durante la audiencia su autoría sobre los mensajes, aseguró que no se trataba de amenazas sino de “poemas”.
Esos nuevos mensajes hicieron que Nayeli acudiera una vez más al CJIM, en donde una vez más se negaron a aceptar su denuncia, sólo lo hicieron por la advertencia de ella para permanecer en el lugar hasta que se la recibieran.
Tuvieron que pasar 17 meses para que su caso fuera judicializado. Eso no detuvo a Rafael quien, ya vinculado a proceso y con las medidas de protección proveídas a Nayeli, retomó el envío de mensajes.
“Me enteré que ya te cambiaste de casa, te he estado vigilando y ya sé dónde vives. No te sientas tan segura, ni las leyes, ni ningún tipo de juez, ni nadie impedirá que yo acabe contigo violentamente. Y yo estaré ahí para mirar y deleitarme con tu último aliento”, “Seré cruel contigo. Observa bien a tu alrededor, estaré listo para apretar tu cuello y entregarte yo mismo a los brazos de la muerte”, escribió Rafael
Nayeeli notificó a la Fiscalía sobre los mensajes, por lo que se levantó un acta circunstanciada que derivó en una audiencia solicitada por el Ministerio Público para que se revisaran las medidas cautelares contra Rafael. La intención era que se autorizara su prisión preventiva, lo que no ocurrió debido a fallas ministeriales para formular la petición y para dar con el paradero del agresor.
Con traspiés el juicio logró desarrollarse y finalmente, arribar a una sentencia condenatoria.
Vivir sin violencia
“Es una cuestión de dignidad, de reivindicar esto que tanto se dice de mi derecho a vivir una vida libre de violencia, mi derecho a vivir sin miedo”, señala Nayeli a propósito del fallo condenatorio contra Rafael.
Ella considera que en casos como el suyo también tendría que pensarse en las víctimas indirectas, “si bien las amenazas iban directamente en contra de mi persona, pues también han tocado la vida de mis hijas, tuvimos que cambiar de casa para estar más seguras; esto generó un quebranto en la conformación de mi familia, está el asunto de mi hijo Pablo, del quebrantamiento que hay de esa relación filial”.
Pese a lo vivido estos años con la Fiscalía General del Estado, Nayeli considera que el fiscal que llevó su caso, Raúl Robles, se mostró convencido del tema: “fue muy exhaustivo en el juicio oral para echar abajo la presunción de inocencia del hoy culpable aplicando una perspectiva de género”.
Apunta que tanto él como su asesora jurídica, Juana Heredia, a lo largo del juicio trabajaron para que se tomara en cuenta que el delito de amenazas no fue un asunto que se haya hecho entre pares, “aquí se comprueba una relación de poder que este sujeto quiso ejercer en agravio de mi persona en un marco de violencia de género; esa era la petición tanto del fiscal como la de la asesora victimal para que el juez ponderará y juzgara con perspectiva de género”.
-Tu caso genera precedente en Michoacán…
“Si, en su exposición el juez comentó que estuvo buscando jurisprudencia en Michoacán de algún caso de amenazas juzgado con perspectiva de género y que no encontró, no existía hasta ese momento”.
El Código Penal del Estado establece una pena de seis meses a dos años de prisión a quien cometa delito de amenazas, Nayeli espera que el juez le imponga una pena ejemplar a Rafael, es decir la máxima, aunque todo ello dependerá de las pruebas y elementos que aporte la Fiscalía y la asesoría victimal en la audiencia para la individualización de la pena el próximo 13 de julio.
“Creo que lo que más lastima a las víctimas es que pueda existir impunidad, por eso en mi caso este fallo condenatorio muestra que no se puede seguir amenazando a las mujeres, y que si se hace va a existir una consecuencia”, concluye Nayeli.
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