A más de una década de las primeras discusiones en la materia en el Congreso de Michoacán, este jueves se aprobará una reforma que no deja satisfechas a feministas y colectivas
Patricia Monreal | Beatriz Rojas
En Michoacán, la agenda política federal finalmente marca la ruta para la despenalización parcial del aborto en Michoacán, estado en el que por 16 años colectivas y feministas independientes han librado batalla con el Congreso del Estado para el reconocimiento del derecho a las mujeres para elegir sobre su propio cuerpo.
Este jueves 10 de octubre el Poder Legislativo habrá de aprobar con la mayoría oficialista una reforma al Código Penal del Estado para la despenalización parcial del aborto, a través de una iniciativa con carácter de dictamen que presenta la Comisión de Justicia.
Además, hay tres iniciativas adicionales en la materia que presentan los diputados Fabiola Alanís Sámano, Juan Carlos Barragán Vélez y Nalleli Pedraza Huerta. La primera, se prevé que quede sin efectos luego de aprobada la despenalización parcial este jueves; las otras dos, por incluir reformas a la Constitución y a la Ley de Salud del Estado podrían lograr a futuro ser dictaminadas.
Proceso desaseado
La elaboración de la iniciativa con carácter de dictamen que se prevé aprobar ha generado más dudas que certeza, aunque está fechada el siete de octubre de 2024, las fuerzas políticas que no forman parte de la Comisión de Justicia no tienen claridad sobre si realmente ésta sesionó, tanto que la bancada panista, a través de su coordinadora, Teresita Herrera Maldonado, ha solicitado ya el acta respectiva, pues considera que se violentó el proceso y ha anunciado que lo recurrirán legalmente.
La hipótesis de que el documento habría sido elaborado en Palacio de Gobierno por el área jurídica del Ejecutivo cobra fuerza con las versiones encontradas de los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, Juan Antonio Magaña de la Mora y Fabiola Alanís Sámano respectivamente sobre la iniciativa que originó el dictamen que se votará.
Por un lado, Magaña de la Mora declaró que se trata de dos iniciativas que él mismo turnó directamente a comisiones, sin pasar por una sesión del pleno en que se leyeran y se turnaran, pues es una facultad de la Mesa Directiva para darle celeridad a los trabajos legislativos; sin embargo, no supo -o no quiso- precisar quiénes presentaron estas iniciativas, arguyendo que no había visto más que el dictamen, aunque señaló que una de las dos fue presentada por el Gobierno del Estado.
La presidenta de la Jucopo, por su parte, asegura que el Ejecutivo no ha presentado ninguna iniciativa y que las que se dictaminaron vienen de la legislatura pasada.
Las iniciativas que presentaron los morenistas Fabiola Alanís, Nalleli Pedraza y Juan Carlos Barragán, apenas se turnarán a comisiones el propio jueves 10, cuando se votará el dictamen elaborado por la comisión de Justicia y según la propia Fabiola Alanís, contiene elementos de estas mismas iniciativas (que apenas se le turnarán).
«Yo ya revisé el dictamen, estuve haciendo algunas observaciones, se incorporan algunas propuestas de la iniciativa que presentó Barragán la que presentó Nalleli, la que yo misma presenté y otras cinco que se habían presentado en legislaturas anteriores», detalló.
Esto da a entender que la comisión de Justicia, que por cierto, apenas se instaló oficialmente el miércoles, o bien viajó al futuro para dictaminar iniciativas que se le turnarán tres días después de haber firmado el dictamen (que de acuerdo con Magaña de la Mora se entregó el lunes a la Mesa Directiva), o por gracia de la magia cuatrotransformadora, lograron obtenerlas antes de que se les turnaran.
“Es una agenda muy amplia que está caminando de manera muy acelerada, tenemos que tomarlo con muchas responsabilidad, cuidando los procedimientos, pero no se puede paralizar el trabajo legislativo”, argumentó Fabiola Alanís.
Por otro lado, el borrador de la iniciativa que presentaría el Ejecutivo contenía reformas a Ley de Salud y a la Constitución, pero el dictamen reforma únicamente el Código Penal. Esto hace pensar que se buscó evitar involucrar a las comisiones de Salud y de Puntos Constitucionales para darle celeridad al tema, ya que la de Salud cuenta únicamente con dos integrantes: Abraham Espinoza del PVEM y Teresita de Jesús Hernández, del PAN, quien podría o bien votar en contra el dictamen o bien no presentarse a la reunión de comisiones unidas.
El Contenido
Una despenalización parcial del aborto es la que prevé la iniciativa con carácter de dictamen elaborado por la Comisión de Justicia para aprobarse por el Pleno, el periodo que abarca es para no criminalizar las primeras 12 semanas de gestación, y -en el artículo 142- proyecta penas de seis meses de trabajo comunitario a las mujeres que voluntariamente se lo realicen luego del periodo referido, salvo las excepciones que se prevén en el artículo 146.
Serán derogados del Código Penal los artículos 144 sobre aborto específico y 145 sobre aborto voluntario, además se reforma el artículo 118 para que éste establezca que no se perseguirá ni juzgará como homicidio en razón de parentesco o relación cuando el sujeto pasivo sea el producto en gestación en cualquier momento del embarazo y el sujeto activo sea la mujer embarazada o persona gestante.
La definición de aborto queda establecida en el artículo 141 como la interrupción del embarazo posterior a las doce semanas de gestación.
En el artículo 143, referente al delito de aborto sin consentimiento, se determina que quien interrumpa el embarazo de una mujer, adolescente, niña o persona gestante, sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional, se le impondrá de diez a 20 años de prisión.
Agrega una agravante: “Si mediare violencia física o psicológica se impondrá de 20 a 50 años de prisión. Si en cualquiera de los supuestos de este artículo, el sujeto activo origina una o más lesiones a la mujer, adolescente, niña o persona gestante, en virtud del aborto que le causó dolosamente, se aumentarán las penas, hasta en una mitad de la máxima.
“Si la interrupción del embarazo sin consentimiento lo lleva a cabo un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, o cualquier otro profesional de la salud, además de las consecuencias jurídicas que le correspondan conforme a este capítulo, se le suspenderá por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio”.
Por lo que toca a las exclusiones de delito, el artículo 146 determina que no será punible la interrupción del embarazo, sin limitante de la etapa gestacional, cuando este: sea producto de violación; se realice por razones médicas; sea producto de un procedimiento de fecundación asistida sin consentimiento de la mujer, adolescente, niña o persona gestante; la mujer, adolescente, niña o persona gestante se encuentre en una situación económica precaria; se demuestre que la mujer, adolescente, niña o persona gestante, solicitó la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y que el acceso a dicho servicio fue negado o prorrogado por personal de atención a la salud; y sea por causa de accidente o conducta imprudencial.
Feministas, decepcionadas
Desde las distintas corrientes del feminismo que existen en Michoacán, algunas de sus representantes externaron a Regla de Tres que observan un dictamen muy pobre, que contrario a lo que asegura la coordinadora parlamentaria de Morena, no es integral y no contempla garantías de que el aborto sea gratuito y seguro, además de no tratarse de una despenalización total, pues establece un tope gestacional para interrumpir un embarazo.
“Al chile, no me decepcionan quienes nos representan porque no espero nada en particular de su responsabilidad, pero si me desesperanza que aún sigamos luchando para componer lo que siempre dejan a medias”, sintetizó Circe López Riofrío, presidenta de Humanas sin Violencia.
La activista lamentó que esté priorizando el costo político que pudiera tener el tema, de modo que se apuesta a los mínimos y no a los máximos. Es decir, el aborto sigue estando penalizado.
“Sigue siendo un espacio, en este caso el Congreso, donde se dirime eso que llaman política, que es y sigue siendo tan patriarcal, heteronormativa, clasista, extractivista y colonialista, inclusive profundamente individualista, con ganancias que aparentan ser colectivas, pero que si pone en riesgo ‘el proyecto político’ pues entonces va para atrás toda una lucha una agenda una democracia, por los costos”.
Lamentó que se estén dejando de lado las circunstancias que enfrentan muchas mujeres que no pueden acceder de manera inmediata a los servicios de salud, de procuración y administración de justicia ni trasladarse a una presidencia municipal, lo que en ocasiones les obstaculiza acceder a un aborto antes de las 12 semanas de gestación.
Red Asaleas trabajó una iniciativa con Conavim y la Secretaría de Mujeres de Morena; sin embargo, las activistas observaron con sorpresa y a decir de ellas, desilusión, que no es la misma que presentó la extitular de esta instancia, Fabiola Alanís.; sin embargo, sí detectaron algunos elementos en el dictamen final de la iniciativa que trabajaron en conjunto con la Asamblea de Mujeres y la entonces diputada por el PT Gabriela Cázares.
«En concreto retoma puntos de las propuestas de reforma al Código Penal, pero dejan fuera las propuestas para reformar Ley de Salud, las cuales también son imprescindibles para que los cambios en las normas jurídicas se vayan materializando en acceso real a los abortos seguros», expuso Yannick Castro, integrante de esta colectiva.
Argumentó que en otras entidades en donde ya se despenalizó el aborto, ésto no se ha convertido en una realidad, pues las instituciones públicas siguen negando el servicio y permanece el estigma, razón por la que considera necesario modificar también la Ley de Salud contemplando la salud sexual y reproductiva, regular la objeción de consciencia sanitaria para amparar tanto a objetores como a personas gestantes y destinar recursos que no se resten del presupuesto para atender a las mujeres, para así generar programas y políticas públicas.
La activista abundó que ellas proponían un plazo máximo de gestación de 24 semanas, aunque con la advertencia de que la OMS recomienda una despenalización total, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que no debe criminalizarse al personal de salud que asiste un aborto voluntario.
Expuso que tampoco están de acuerdo con incrementar las penas para quien cause abortos involuntarios pues eso no resolverá el problema de la violencia contra las mujeres, que debe atacarse desde varios frentes.
Ellas proponían también una ampliación y precisión en las causas de exclusión, pues observan confusión en las razones medicas y las de salud. Incluirían además como causal de exclusión cuando está en riesgo la salud mental de la persona gestante y cuando se trata de un embarazo infantil.
«La legislatura 76 se limitó bastante al no tomar en cuenta de manera integral y suficientemente informada las propuestas y trabajo previo que está basado en evidencia científica y criterios de laicidad. Creo que también hay que seguir trabajando en pro de que las reformas que se lleven cabo sean construidas de formas más integrales, más actualizadas y de acuerdo a estándares altos de los derechos humanos y de las democracias de Estados laicos», concluyó.
«Celebramos que ya estén en el debate; sin embargo nos preocupan las formas, que no se estén considerando los procedimientos adecuados y esto vaya a generar impugnaciones de los grupos provida», opinó por su parte Maricela Montero.
La activista, integrante de la colectiva Incendiarias, lamentó que no se les haya invitado para elaborar el dictamen y consideró que no hubo una asesoría por parte de expertos.
Coincidió en que hace falta garantizar no solo la despenalización, sino también la legalización, pues modificando únicamente el Código Penal no hay garantías de que todas las mujeres puedan acceder al procedimiento y consideró que es probable que una vez aprobada esta iniciativa, ya no se vuelva a discutir el tema en mucho tiempo y queden estos vacíos legales, además de que no se está destinando un presupuesto específico para este tema.
También criticó que de la misma bancada de Morena hayan surgido varias iniciativas, lo que denota a su parecer un trabajo individualista y concluyó que parece más bien «atole con el dedo» y una intención de los diputados de este partido y el gobernador de «colgarse» de un tema que han trabajado las feministas desde hace años.
La historia
Los jaloneos en el Congreso michoacano por el tema del aborto tienen más de una década. Antaño era un asunto que no estaba en la agenda legislativa y no había propuestas específicas ni para penalizarlo más, ni para despenalizarlo.
Fue en 2008 cuando el entonces diputado panista Francisco Morelos Borja, arrancó la ruta de discusión en la Cámara al proponer una reforma a la Constitución del Estado para tutelar el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Para entonces, la acción de organizaciones feministas fue fundamental en la decisión final tomada por el Congreso, ya que de inicio la bancada del PRI se inclinaba por la propuesta para lograr mayoría, pero al final, tras la presión de las feministas, acabó por rechazarla en una sesión celebrada en la Casa de la Cultura como sede alterna.
Es así como el 16 de marzo de 2010, Michoacán se convirtió en el primer estado de la República que declaraba el “no ha lugar” a la propuesta de elevar a rango constitucional la tutela del derecho a la vida desde el momento de la concepción. En ese entonces, Acción Nacional y el calderonismo promovían en todos los estados de la República reformas constitucionales similares a la de Morelos Borja.
En 2013 fue un diputado priista, Antonio Sosa López, el que se sumó a la causa panista y reviviría el tema, al proponer nuevamente tutelar el derecho a la vida desde la concepción. Dicha propuesta jamás prosperó.
Para el 2014, en el marco de la aprobación del paquete de leyes para dar vida al Nuevo Sistema de Justicia Oral, durante la LXXII Legislatura, la Comisión de Justicia encabezada entonces por la entonces perredista Selene Vázquez Alatorre, incorporó en el Código Penal que el aborto en Michoacán fuera legal por razones de pobreza.
Al año siguiente, la priista Nayeli Ávila Madriz planteó reformas a la Constitución del Estado para proteger y garantizar “el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación natural o artificial”.
La diputada perredista Nalleli Pedraza Huerta –hoy de Morena-, presentó en la LXXIII Legislatura –en 2016- una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y despenalizar el aborto durante las 12 primeras semanas de gestación.
Bajo el argumento de la minoría de edad de los michoacanos, los diputados aseguraban que Michoacán no estaba preparado para discutir el tema, por lo que la iniciativa de Pedraza no prosperó y fue desechada.
En 2017, la hoy morenista –para entonces perredista- Belinda Iturbide Díaz propuso dentro el Código Penal, en el artículo sobre las excluyentes en el delito de aborto, la obligación de los médicos de aplicar los criterios especificados por la Norma Oficial Mexicana correspondiente y el principio de buena fe reconocido por la Ley General de Víctimas.
Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde, presentó en 2018 una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado en materia de objeción de conciencia, a fin de que los médicos pudieran negarse a practicar procedimientos que no desearan, dirigido al tema del aborto. Al año siguiente, la panista Refugio Cabrera presentó una iniciativa similar y su compañero de bancada Hugo Anaya, una reforma a la Constitución para garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Ese mismo año, el perredista Norberto Martínez Soto presentó una iniciativa construida con Humanas Sin Violencia para la despenalización del aborto y poco después de manera personal, planteó una reforma a la Ley de Salud para incorporar en ella la objeción de conciencia.
Como gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo se pronunció en octubre de ese año a favor de legislar sobre el aborto, y calificó como un “falso debate” el que se daba en torno a éste, refiriendo que debía verse como un derecho de las mujeres a decidir qué hacen con su cuerpo; sin embargo, el de Aureoles sólo quedó a nivel de dicho, ya que jamás realizó acción alguna para cristalizar ese derecho en Michoacán.
La hoy rectora de la Universidad Michoacana, Yarabi Ávila, presentó como diputada priista una reforma a la Ley de Adopción del Estado, para garantizar el derecho a familia desde la concepción.
Con dedicatoria a colectivas y feministas, en 2020 el petista Baltazar Gaona buscó criminalizar a quienes ayudaran a mujeres a abortar, planteando reformas en la materia al Código Penal. También propuso garantizar constitucionalmente el derecho a la vida desde la concepción, así como la instauración del Día del derecho a la vida desde la concepción.
En contrapartida, los diputados de Morena Osiel Equihua y Antonio Madriz propusieron despenalizar el aborto y garantizarlo, con reformas al Código Penal, la Ley de Salud y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
Luego de que en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inconstitucional la criminalización del aborto, pronunciándose a favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en el Congreso local se intensificó la tensión frente a la posibilidad de su despenalización. Ese año, aunque por vez primera una Legislatura local –la LXXV-, se integró mayoritariamente por mujeres, la postura contra el aborto fue manifiesta por gran parte de las legisladoras.
La entonces perredista Fanny Arreola Pichardo –hoy de Morena-, presentó en 2021 una iniciativa para reformar el Código Penal y despenalizar el aborto.
Posteriormente, las 22 colectivas feministas agrupadas en ILEMich (Interrupción Legal del Embarazo Michoacán), presentaron un paquete de reformas para derogar el delito de aborto dentro del Código Penal, y que en la Ley de Salud se estableciera que el derecho de las niñas y las mujeres a decidir sobre su cuerpo y maternidad incluyera la interrupción legal y voluntaria del embarazo.
Para junio de 2022, los diputados Juan Carlos Barragán y Julieta García Zepeda presentaron de manera conjunta sus propias propuestas en la materia, tanto al Código Penal como a la Ley de Salud. Además propusieron reformas para acotar la objeción de conciencia. Como respuesta, la diputada del PES Luz María García García propuso garantizar en la Ley de Salud la objeción de conciencia.
Baltazar Gaona planteó garantizar en la Ley de Desarrollo Social los derechos sociales de embriones, reforma que fue aprobada por el Congreso pero observada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por lo que finalmente no fue promulgada.
La priista Adriana Hernández Íñiguez, a su vez, promovió reformar al Código Penal para la despenalización del aborto; luego tocó el turno a la diputada petista Gabriela Cázares Blanco, que presentó una iniciativa construida por colectivas feministas integrantes de Marea Verde y Red ASALEAS para reformar tanto la Ley de Salud como el Código Penal del Estado.
Otra iniciativa más fue la de la morenista María de la Luz Núñez, con reformas al Código Penal y a la Ley de Salud. Mayela Salas del PT, propuso reformar la Ley de Salud para garantizar la interrupción del embarazo en los casos previstos en el Código Penal del Estado.
Ernesto Núñez, del Partido Verde, presentó un acuerdo para realizar una consulta pública sobre interrupción anticipada del embarazo, la cual jamás se realizó.
En octubre de 2022, desde el Ejecutivo estatal, se construyó un consenso buscando la aprobación de un dictamen para la despenalización parcial; sin embargo, la operación política fue desaseada y el documento elaborado presentaba inconsistencias que daban pie a la simulación.
El dictamen fue retirado de la orden del día en la sesión del 19 de octubre de ese año debido al rechazo no sólo de grupos conservadores que se oponían a él, sino también de las colectivas feministas que advirtieron el engaño.
Dicho dictamen no despenalizaba el aborto sino que incluso planteaba tratamiento terapéutico para las mujeres que abortaran al establecer: “a quien voluntariamente provoque su aborto, se le impondrá de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad e ingresar a un programa de educación sexual, enfocado en prevención y planificación familiar, con atención especializada psicológica y terapéutica”.
En 2023, Ernesto Núñez, Samanta Flores, Belinda Hurtado, Mayela Salas, Mónica Estela Valdez y Andrea Villanueva de diferentes bancadas, propusieron incorporar la objeción de conciencia en la Ley de Salud.
Imagen portada: Movilización en el centro de Morelia de colectivas el 28 de septiembre de 2019 | Fotografía: Wendy Rufino
